SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Expertos en el tema de justicia calificaron como un fiasco las funciones de las instituciones que velan por la seguridad y justicia en el país, tanto la Policía Nacional, el Ministerio Público y los jueces.
Francisco Álvarez, abogado, explicó que el sistema de justicia necesita tres patas de las cuales si falla una de esas, cae el sistema público de administración de justicia en su totalidad.
“Sabemos que la Policía Nacional es un desastre, mientras los jueces y el MP no están a nivel de esta realmente. Empero, la Policía Nacional es una pura pérdida, no importa que hayan cambiado al actual jefe”, manifestó el experto en derecho.
Señaló que debido a que ningún gobierno se ha atrevido a meter el bisturí en la Policía y en consecuencia, ese elemento tan importante como es dicha institución para recabar las pruebas que llevan a formar un expediente por los cuales los jueces tendrán que tomar una decisión, influye en que ocurran tantas descargas judiciales.
Álvarez es corroborado por el abogado Cristóbal Rodríguez, quien señala como una las debilidades para la obtención de pruebas sustentables que puedan ser usadas en una investigación de casos juzgados en los tribunales, la preparación de los agentes que trabajan conjuntamente a los miembros del Ministerio Público.
Asimismo, Álvarez destacó que además la escuela que se encarga de la preparación de los fiscales del Ministerio Público, necesita ser fortalecida.
Corrupción y justicia
La corrupción administrativa que no es juzgada por las altas cortes, llegando a ser archivadas las investigaciones abiertas contra funcionarios públicos es otro de los fallos más importantes resaltados por los expertos.
El exdirector de Participación Ciudadana, destacó que el pueblo debe remontarse un poco más atrás, “en el año 2010 cuando se modificó la Constitución y se creó el Tribunal Constitucional posteriormente se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura para escoger a los jueces de las Altas Cortes y ahí ocurrió algo que nunca debió ocurrir; y es que hubo un criterio de repartición de las Altas Cortes con un interés político partidario”.
Este, al igual que Miguel Surun Hernández, presidente de Fundación Primero Justicia, agregaron que los Autos de No Ha Lugar emitidos por los tribunales dominicanos a favor de funcionarios del gobierno de Danilo Medina y del anterior dirigido por Leonel Fernández, dejan mal parado al Poder Judicial que debido a la relación de sus miembros con el partido de turno no tienen otra opción.
Surun Hernández asegura que ellos es una muestra que el Poder Judicial no está en la posibilidad de juzgar a ninguna persona de cuello blanco, con relaciones ni dinero; lo que se ha mostrado nueva vez es que el sistema judicial dominicano está hecho solo para desamparados.
“Por primera vez en muchos años hemos visto como determinadas decisiones se meten sin estar prevista en la ley. Por ejemplo, se encuentra el caso de Víctor Díaz Rúa donde el juez apoderado del proceso en un hecho sin precedente lo archivó cuando el Código Procesal Penal encarga está función al Ministerio Público, esto sin mencionar el historial fatídico de este proceso”, detalló el miembro de la sociedad civil.
Igualmente, mencionó dentro de los fatídicos casos de impunidad el proceso contra el senador del Partido de la Liberación Dominicana, Félix Bautista, alegando que a pesar de que la sociedad tuvo la oportunidad de ver en primera mano los elementos probatorios que conformaban el expediente presentado por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), fue archivado.
“Y esa misma sociedad que pudo ver todas estas pruebas fue la misma que pudo ver por primera vez que un imputado tomó la conducción del proceso, vimos a un imputado degradar e insultar a un Ministerio Público en una clara muestra de poder y de que él era quien tenía en ese momento la sartén por el mango.”, apuntó recordando el momento en que el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) tomó la palabra y enfrentó al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.
Cristóbal Rodríguez también calificó este hecho y el No Ha Lugar, también, emitido a favor del alcalde del municipio San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez Grullón, como uno de los peores errores de la justicia dominicana durante los tres años de gobierno del presidente Danilo Medina.
Presupuesto
La baja asignación del presupuesto nacional al Poder Judicial es uno de los fallos del Poder Ejecutivo en el sistema de justicia, según explicó el abogado penalista. Félix Portes.
“Danilo Medina debe cumplir con lo que establece la Ley. Así como él está cumpliendo con el 4 % de educación, debe cumplir con el por ciento que contempla la ley para el Poder Judicial”, infirió.
Dijo que dentro de sus consecuencias es la sobreabundancia de trabajo de los jueces quienes conocen entre 40 y 60 audiencias al día, debido al déficit de recursos humanos y de tribunales.
“Para tener una justicia eficiente, independientes e imparcial, se debe tener unos jueces correctamente pagos, que reciban un salario digno y que tengan una carga laboral que sea justa y no desproporcional como hasta la fecha. Nosotros tenemos jueces que salen a las 10, 11 de la noche y una de la mañana”, reprochó Portes.
En tanto, Cristóbal Rodríguez especificó que en el año 2006 y el 2012, el presupuesto asignado al Poder Judicial observó una disminución drástica año tras año.
En el año 2006 el presupuesto asignado fue de 2.4 por ciento del presupuesto general del Estado y en ese momento ya estaba por debajo del mandato de la ley que prevé se le asigne el 2.66 por ciento.
Declaró que a partir del 2007, 2008, 2009 y 2011 hasta el 2012, se fue produciendo una merma hasta llegar a 1.19 por ciento en el 2012, lo cual tuvo un impacto negativo en el sistema de justicia.
Refirió que si bien el presidente Medina en el año 2013 produjo un pequeño incremento en la asignación presupuestaria judicial de 1.19 a 1.24 por ciento, y en el 2014 a 1.33, este no ha sido suficiente.
“Las necesidades se han incrementado, por ejemplo en el año 2014 se produjo una demanda de servicios del sistema de justicia cercano a un 18 por ciento, respecto del año 2013”.
Rodríguez añadió que debido al bajo presupuesto el aparato de justicia no podrá poner en funcionamiento 99 tribunales que han sido creados por ley. “Para poner en funcionamiento dichos tribunales se necesita designar 134 jueces y 564 servidores judiciales del tren administrativo, si a eso le sumamos los gastos de energía, teléfono y material gastable para poner en funcionamiento esos 99 tribunales, el Poder Judicial demanda unos 534 millones de pesos por año”.
Igualmente, Portes destacó que aunque el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial quieran designar más jueces a través de concursos, no pueden porque se ven limitados. “Si tienen un presupuesto para 100 jueces, no pueden emplear 500 que en realidad se necesitan”.
Los expertos concluyeron que el gobierno debe presarle atención, que en vez de dedicarle más dinero en medios de comunicación con la publicidad.