Paulo Bernardo Silva, exministro de los gobiernode Lula da Silva y Dilma Rousseff fue detenido en la mañana del miércoles (23) en una operación de la Policía Federal (PF) realizada después del desdoblamiento de Lava Jato.
Bautizada como “Custo Brasil”, la investigación indaga sobre un plan de pago de sobornos en la prestación de servicios informáticos del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión, que fue dirigido por Paulo Bernardo.
La detención tuvo lugar en Brasilia, en el apartamento funcional de la senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR). La casa de ambos en Curitiba, es también objeto de las pesquisas.
La detención del miembro del PT, que sería llevado a la sede de la PF en Sao Paulo, es preventiva.
El exministro de Bienestar y del Departamento de Aviación Civil Carlos Gabas, un amigo personal dela presidenta desvinculada de sus funciones, Dilma Rousseff, y del periodista Leonardo Attuchl, propietario del sitio web "Brasil 247″ son objetivos de “conducción coercitiva”, informó el diario Folha de São Paulo. La residencia de Gabas en Brasilia también ha sido blanco de las pesquisas y la detención.
También son objetivos de registros la sede nacional del PT en São Paulo y la de Brasilia. Al llegar a la sede nacional, la policía encontró sólo porteros, ya que los empleados llegan a las 8:30 de la mañana.
Los abogados se pusieron en acción por el partido para tratar de controlar la operación. Con la operación, el presidente del partido nacional, Rui Falcão, que ya había partido hacia Brasilia, decidió regresar a São Paulo.
Los investigadores dicen que tienen elementos de que los funcionarios públicos del Ministerio dirigieronlicitaciones a favor de una empresa de tecnología y software para gestionar los recursos consignados a empleados federales.
"Según se comprobó, el 70% de las cantidades recibidas por esa compañía fueron transferidos a personas vinculadas a funcionarios públicos o funcionarios públicos con influencia en el ministerio a través de otros contratos ficticios o contratos simulados", dijo la PF.
En total, los presuntos fraudes investigados habrían generado aproximadamente 100 millones de reales (R$) entre los años 2010 y 2015.
La investigación es el resultado de la negociación de los cargos −una “delación premiada”− del exconcejal Alejandro Romano, detenido en agosto de 2015.
Según la Policía, él fue uno de los operadores del desvío de R$52 millones en contratos del Ministerio de Planificación con empresas del Grupo Consist Software. Romano recibió recursos desviados desde 2010. El dinero fue a parar a empresas vinculadas a él.
Esta es la primera operación de la PF en São Paulo desde el desdoblamiento de la operación lava Jato.
La operación está siendo por la Delacor de São Paulo (Delegación de Represión a la Corrupción y Delitos Financieros).
Fuente: Folha