SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO), informó este lunes que la exjueza del Tribunal Constitucional, Katia Miguelina Jiménez, fue apoderada como abogada de para dicha entidad contra acciones que estos consideran “ilegítimas y conculcadoras” de sus derechos adquiridos, tras la tentativa del Consejo del Poder Judicial (CPJ) de modificar el Reglamento 001-2021 que establece el Reglamento que organiza el Sistema de Escalafón Judicial y el Sistema de Provisión de Cargos Judiciales, del 23 de febrero de 2021.
“La situación ha generado un caos, provocando una división pública entre los Departamentos del Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y San Cristóbal, enfrentados al Departamento de La Vega que ha hecho suya la propuesta de despojo de la legalidad a sus compañeros, amenazando con dividir un Poder Judicial que nunca lo había estado antes”, indicó la entidad a través de un comunicado de prensa.
Sostuvo que el apresto del Consejo del Poder Judicial para modificar esa normativa se produce sin que se hubiesen llenado las 246 plazas disponibles y que permitirían la promoción de cientos de jueces del país que llevan años esperando sus ascensos, en función del escalafón judicial publicado por el órgano de gobierno de los jueces el pasado 18 de junio de 2021, el cual debe permanecer inalterable durante un año una vez ha sido publicado, tal y como lo disponen los Arts. 8, numeral 5 de la Ley no. 28-11, orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, 80 del Reglamento de la Ley de Carrera Judicial y los artículo 7 y 17 de la Resolución núm. 001-2021.
“Tras sólo cinco meses en las funciones – agregó –, todo indica que el actual Consejo del Poder Judicial desea hacerse un traje a la medida para producir esos ascensos, pero no en base a un sistema meritocrático como lo es el actual, sino que obedezca a motivos diferentes, pues se están pretendiendo eliminar de golpe y porrazo no sólo las condiciones generales de trabajo de los jueces, sino conquistas importantes en un sistema de carrera judicial, los méritos, la especialización del juez o jueza y la prohibición de los traslados, así como la composición de los Departamentos y Distritos Judiciales”.
La institución afirmó que la situación ha obligados a los jueces y juezas del país a dirigir acciones judiciales contra el Consejo del Poder Judicial, para lo cual se han asistido de la experta en derecho constitucional y exjueza del Poder Judicial, Katia Miguelina Jiménez, quien ha incoado una acción de amparo preventivo en representación de sus excolegas por ante el Tribunal Superior Administrativo en funciones de tribunal de amparo, instancia que fue depositada el pasado viernes 27 de agosto y se está a la espera de que sea fijada la audiencia.
En su instancia, la hoy abogada en ejercicio Katia Miguelina Jiménez, adujo que “la convocatoria a consulta pública que realizó desde el pasado 9 de agosto y hasta el 23 del mismo mes y año el Consejo del Poder Judicial, a través de la página web del Poder Judicial es atentatoria de la garantía constitucional del debido proceso administrativo de que son acreedores los jueces y juezas del país, por cuanto en la Resolución 001-2021 del 23 de febrero de 2021 se trazó un procedimiento a seguir que se agotó por completo, se encuentra precluido y ello se intenta desconocer”.
Finalmente, la defensora de los jueces Katia Miguelina Jiménez, solicitó al Tribunal administrativo en funciones de tribunal de amparo “ORDENAR al CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, CESAR la amenaza de modificación a la Resolución 001-2021 del 23 de febrero de 2021 dictada por ese mismo órgano, y al amparo de la cual se creó el vigente escalafón judicial, publicado el 18 de junio de 2021; que les vincula y obliga a garantizar los derechos en él consagrados y consolidados a favor de nuestros afiliados y del sistema de carrera judicial durante un año, en virtud de la presente acción constitucional de amparo de extrema urgencia, ante la latente amenaza de violación al derecho al trabajo en sus dimensiones de dignidad y estabilidad laboral de los jueces y juezas y su repercusión en el principio de independencia judicial y la inamovilidad; por virtual violación al debido proceso administrativo y al principio de preclusión; por riesgo de laceración al derecho a la buena administración; por peligro de transgresión a los derechos adquiridos por los jueces y juezas conforme al escalafón judicial que ha debido mantenerse inalterable durante un (01) año y su consecuente infracción al principio de seguridad jurídica, confianza legítima e irretroactividad de la ley”.