Melisa Gómez/Especial para Acento.com.do

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Los exjueces del Tribunal Constitucional Leyda Margarita Piña, Jottin Cury, Wilson Gómez y Katia Miguelina Jiménez se oponen al prechequeo que establece el acuerdo de los vuelos sin escala entre los Gobiernos dominicano y norteamericano, con la preautorización del transporte aéreo.

Explica que este acuerdo fue consensuado en el año 2016 entre los gobiernos de Estados Unidos y de la República Dominicana, y se pretendía establecer en los aeropuertos internacionales del país, empezando por Punta Cana, conocido como prechequeo.

Resaltan que en 2016 no fijaron posición sobre este afuerdo por su calidad de jueces activos del Tribunal Constitucional.

Los exmagistrados alegan que el propósito del acuerdo sería facilitar el turismo, aunque manifiestan que el prechequeo forma parte de una logística de los Estados Unidos para prevenir los ataques terroristas, así como otras amenazas de la misma índole.

"Nada justifica una cesión unilateral de soberanía mediante un acuerdo que choca frontalmente con la Constitución dominicana y que constituye una vergüenza nacional. Corresponde a los dominicanos y dominicanas defender su soberanía, la cual es exclusiva, suprema e inalienable"

Asimismo, resaltan que el objetivo principal de la preautorización como política de seguridad nacional de los Estados Unidos debe ser revisada antes de que entre en vigencia, porque atenta contra la integridad del Estado dominicano.

Añaden que permitir a los EE.UU. instalar las áreas de preautorización en el territorio dominicano para que funcionarios de la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del departamento de la seguridad Nacional del gobierno estadounidense autoricen los procesos de migración constituye un atropello hacia los dominicanos. Los exjueces reiteraron su rechazo al acuerdo.

Dicen que esto viola los artículos 3 y 6 de la Constitución dominicana, porque implicaría cesión de soberanía. A su juicio, se materializarse el convenio equivaldría a permitir una extensión de las fronteras norteamericanas en el territorio dominicano.

Los magistrados, que convocaron este miércoles una rueda de prensa, también se refieren al anexo que contiene el acuerdo sobre los refugiados.

Explican el acuerdo sobre refugiados incorporaría una tutela por parte de los EE.UU. de las políticas de asilo de República Dominicana, lo que trasgrede el principio de no intervención en los asuntos internos o externos del país.

Añaden que en algunas cláusulas del acuerdo de los viajes sin escala se contempla que serían tratados como viajes domésticos desde que aterrizan en territorio estadounidense. Sin embargo, esto evidencia ausencia de reciprocidad, y pone en duda las gestiones del gobierno norteamericano en cuanto a las facilidades de trámites.