SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, filial de la provincia de La Altagracia, exige de las diferentes autoridades encargadas de los presidios que dignifiquen y humanicen la vida de los internos de la cárcel preventiva de Higuey, que regsitró tres fallecimientos en el último tiempo.
"En las semanas pasadas, los medios se han hecho eco de nuestras denuncias respecto a situaciones extremadamente graves relacionadas a esta preventiva, tanto que hemos tenido que definirla como 'fábrica de muerte’”, destacó esa instancia en una nota de prensa.

El caso más reciente corresponde al del recluso Francisco Cornelio Cueto, "quien fue llevado en graves condiciones al hospital Nuestra Señora de la Altagracia a raíz de una golpiza recibida en la cárcel. Él falleció en el hospital horas más tarde",informa la denuncia.

"CRÍMENES DE ESTADO"

"No tenemos temor en calificar estas muertes como crímenes de Estado, ya que el Estado es siempre responsable de la  integridad y de la vida de los internos en los centros penitenciarios del país", subraya.

En concreto, dijo que responsabilizaba "de estas muertes y de las demás situaciones que se dan, tanto a la Policía Nacional como a la Procuraduría General de la República".

Asimismo recordó en recientemente también denunció "un negocio que se da dentro de la misma cárcel por las necesidades de los internos: se les cobra para todo, para ir al baño, para dormir en un lugar más decente, para recibir la comida e, incluso, para recibir visitas se les está cobrando entre 500 y 1, 000 pesos", reveló.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos agregó que ha recibido denuncias que apuntan a "las autoridades policiales", las que "cobran también por cada interno que entra y les suspenden los traslados a fines de extorsionarlos con sumas que van entre los 10mil y 12mil pesos".

"El negocio rotundo está entre las autoridades policiales a cargo de la preventiva, los encargados de las celdas y los prebostes nombrados por ellos, con la anuencia y la complicidad de las autoridades locales de la Procuraduría General de la  República", remarca esta instancia.

Saludó los cambios que admitió fueron implementados la semana pasada, entre ellos el nombramiento del coronel Jonny Soto Abreu, y medidas tales como el traslado de prebostes y la limpieza general y desinfestación de las celdas, pero sus miembros subrayaron que "avisamos que no bajaremos la guardia respecto a esta situación".

"Exigimos también que de igual manera  se desmantele el negocio sobre la vida de los internos" y que se "agilicen las audiencias para evitar el hacinamiento y que se activen para una ampliación de dicha cárcel".

"Estaremos atentos ante cualquier situación implementando acciones necesarias de lucha para la defensa de la integridad y dignidad de los internos de ese centro de reclusión", remata la nota.