SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) demandará este martes, mediante un acto de alguacil, que la Cámara de Cuentas (CC) identifique y someta judicialmente a los funcionarios que no remitieron sus declaraciones patrimoniales dentro del plazo estipulado en la Ley 311-14, que perimió el 24 de noviembre pasado.
El presidente de la entidad, Trajano Potentini, indicó que la titular de la CC, Licelotte Marte de Barrios, prometió a representantes de la sociedad civil en al menos dos ocasiones revelar los nombres de los 48 funcionarios –de un total de 110- que no entregaron su declaración jurada de bienes e ingresos en función de la legislación que entró en vigor el 8 de agosto.
La información también fue solicitada hace más de una semana por el periódico Acento a través del Departamento de Comunicaciones de la CC, donde se indicó que aún no estaba disponible.
Según ha declarado Marte de Barrios, aquellos funcionarios que asumieron o fueron sustituidos a partir de esa fecha y que no hayan cumplido con este requisito, deben ser destituidos de sus funciones, como dispone la ley, incluidos también los encargados de Compras y Contrataciones Públicas de las instituciones.
Potentini explicó que la acción en reclamo de que sean identificados y sancionados estos servidores públicos se lleva a cabo en una fecha emblemática como es el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“Tenemos elaborado un acto de alguacil para enviarlo mañana (martes) temprano a la Cámara de Cuentas, exigiéndole que en cumplimiento de la nueva ley de declaraciones juradas someta ante el Ministerio Público, en este caso la Procuraduría, el listado de funcionarios que al día de hoy no han honrado esa disposición”, declaró el jurista al periódico Acento.
El 24 de noviembre, tras agotarse el periodo “de gracia” de 30 días adicionales que concedió la CC, Marte de Barrios informó que a las 9:00 AM de ese día solo se habían recibido 19 declaraciones juradas, de un universo de 110 que estaban pendientes. No obstante, en horas de la tarde, el organismo cifró en 48 el número de funcionarios que habían cumpletado el trámite.
En esa ocasión, la funcionaria aseguró a la prensa y representantes de entidades de la sociedad civil que procedería a remitir ante la Procuraduría General de la República los expedientes de los funcionarios que incumplieran con la normativa, acción que hasta ahora el momento no se ha producido.