SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Durante la tarde y noche de ayer, la audiencia del caso Odebrecht estuvo matizada por una serie de incidentes y peticiones de aplazamiento por parte de la defensa del imputado Ángel Rondón Rijo debido a la ausencia de José Minier, coordinador de su defensa.

Durante el desarrollo de la audiencia, en varias ocasiones se intentó consensuar con el magistrado Luis Henry Molina, presidente del pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que la defensa del imputado se refiriera a los recursos de oposición a los que recurrieron una vez el pleno rechazó el aplazamiento de la audiencia porque su barra no estaba completa.

Los representantes legales que acompañaron al imputado Ángel Rondón fueron Emery Rodríguez y Fernán Ramos.

Sin embargo, el juez impuso que se conocieran los incidentes diferidos, acumulando para otro momento los recursos de oposición. De acuerdo a los abogados de los imputados, esta acción se lleva a cabo en contra del debido proceso que regula los tribunales, donde el juez debe actuar en base a las solicitudes que realicen los abogados de las partes.

“La paciencia es la virtud de la prudencia, requisito obligatorio del juez”, suspiró en el pódium Emery Rodríguez, una de los dos abogados que acompañaban a Rondón, ante la negativa del pleno.

Tras múltiples recesos requeridos para poder presentar argumentos, los abogados de Rondón comenzaron con la presentación oral de su discurso. Esto originó una objeción por parte del Ministerio Público, que el juez aceptó sin escuchar refutación por parte de la defensa del imputado.

Ante esa situación, se escuchó fuerte en la Sala Augusta un “ESTO ES UN JUICIO MAGISTRADO, ESTO NO ES UN RELAJO, ¡ASÚMALO!”. Fue Ramón Núñez, de la barra de Víctor Díaz Rúa, quien vociferó.

“Tiene la palabra el Ministerio Público”, repetía el magistrado arriba de los reclamos.

“¡No nos ponga de mojiganga! ¿Aquí se va a aplicar el código o no?”, reclamaba el abogado.

Por respuesta sólo recibió “tiene la palabra el Ministerio Público”.

Y continuó: “¡A la arbitrariedad no se le puede tener miedo! Ese es el ejercicio de un derecho”.

Molina Peña llamó al orden en varias ocasiones, haciendo la salvedad a las defensas de los imputados Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa sobre las implicaciones legales que tiene la indisciplina en el tribunal.

Tras esa advertencia, la defensa del encartado Rondón Rijo comenzó con la presentación de sus incidentes diferidos, y se adhirió a las excepciones de nulidad planteada por Víctor Díaz Rúa sobre la recusación de 5 jueces de esa alta corte.

Según establece la normativa procesal penal, en sus artículos 134 y 135 sobre lealtad procesal y régimen disciplinario, los abogados deben litigar con lealtad y sin temeridad y ningún representante legal está legitimado para hacer uso de la palabra cuando no le es concedida. Tampoco debe dirigirse con palabras inadecuadas a un tribunal, lo que es sancionado con multas, y con prisión cuando se caracterice una infracción penal.

El orden de la presentación de los incidentes y excepciones de las distintas defensas técnicas fueron diferidas por el presidente del alto tribunal y estaban pendientes de conocimiento del pleno de la Suprema Corte de Justicia, desde el pasado 12 de septiembre del año 2019.

Según explicaron en una nota de la SCJ, importancia que se presenten esos  incidentes diferidos, es que tras el fallo de los mismos, el Pleno da inicio formal al juicio con la presentación de la acusación del Ministerio Público, y se pasaría a la producción de las pruebas.