SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La orden presidencial de suspender la construcción en Bayahíbe de un proyecto hotelero acusado de ser "falsamente ecológico" es "positiva", pero a la vez “parcial e insuficiente” porque deja abierta la posibilidad de “concretar el ilícito”, sostuvo la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas.
Conjuntamente con ordenar la supensión, el presidente Danilo Medina creó la víspera una comisión especial que debe hacer un estudio integral de todas las normas legales y reglamentarias, los límites, así como los compromisos medioambientales, aplicables al área protegida donde se pretende levantar este proyecto de capital español denominado Leaf Bayahíbe.
"La posibilidad de concretar el ilícito pretendido" se mantiene porque la iniciativa presidencial se limita a una simple supensión, lo que amenaza con violentar, según esta Coalición, "los procedimientos para concesión de permisos, las ordenanzas del Ministerio, los reglamentos internos, las normas ambientales, la Ley 64-200 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 202-2004, de Áreas Protegidas y la Constitución de la República".
"Lo que corresponde es declarar la nulidad absoluta de los permisos, hecho que indefectiblemente se producirá en los tribunales de la República a los que ha apelado la Coalición para la defensa de las Áreas Protegidas", sostuvo esta instancia en una declaración pública.
En lugar de proceder a la destitución del ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, "por prevaricación y ordenar una investigación sobre los motivos para emitir permisos en franco conflicto con la Ley", el presidente Medina lo incluye en la "Comisión que debe verificar si es posible ignorar los mandatos legales e institucionales", criticó.
"La disminución de límites y el cambio de categorías de manejo a categorías inferiores sólo es posible a través del Congreso, con la aprobación de mayorías calificadas, por lo tanto, la única recomendación posible para cualquier comisión es la de respetar las leyes y la Constitución y proponer, si lo consideran, su modificación al Poder Legislativo a través de las vías pertinentes", alerta la declaración.
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas no se queda ahí y anuncia que seguirá"accionando en los tribunales" y a la par "denunciando y enfrentando por todas las vías que la Ley y la prudencia ponen a nuestra disposición esta nueva amenaza contra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP".
Anuncia que seguiran "promoviendo la movilización activa de la población, las jornadas educativas para elevar el nivel de comprensión social de la importancia de las áreas protegidas, la búsqueda de la solidaridad internacional y la construcción de un frente interno de fuerzas vivas que se convierta en muro de contención a los intereses que de manera ilegal e ilegítima amenazan la integridad y la patrimonialidad de nuestras áreas protegidas".
En ese sentido, mantiene su reclamo sobre "la inmediata cancelación del ministro Ángel Estévez y la revocación de todos los permisos otorgados de manera irregular al interior de áreas protegidas como en los casos de Bahía Luperón, Boca de Nigua, Boca de Yásica, así como las intervenciones en los parques nacionales Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, Luis King".
Por último, solicita al presidente Medina "tomar iniciativas para restaurar a Bahía de las Águilas y a Guaraguao-Punta Catuano la categoría que le corresponde y que fue variada al margen de razones técnicas o científicas para favorecer intereses particulares en perjuicio del interés".