SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El exministro de Medio Ambiente, Omar Ramírez Tejada, aclaró que durante su gestión como director Nacional de Parques en el período 1996-2000 especificó mediante dos certificaciones oficiales que los terrenos de la parcela 24A, DC 10/2 de la provincia La Altagracia, donde se pretende construir una infraestructura hotelera, están dentro de la zona protegida del Parque Nacional del Este, ahora Cotubanamá.
Ramírez Tejada reaccionó a los pronunciamientos de sectores que se identifican como defensores del medio ambiente y los recursos naturales, a propósito del conflicto creado en torno al anuncio de construcción del hotel Leaf Bayahíbe por la empresa Globalia, y que se desarrollaría dentro del paisaje protegido Área Nacional de Recreo Guaraguao-Punta Catuano, Categoría VI, de acuerdo a la Ley 202-04 de Áreas Protegidas.
La reacción de Ramírez se produce porque los ambientalistas y la empresa Globalia alegan que una certificación suya, mientras era Director Nacional de Parques, habría servido para que la empresa Globalia, de Juan José Hidalgo, adquiriera la propiedad de la parcela 24A, donde se pretende construir el hotel.
Recordó que si bien el 1 de octubre del año 1997 emitió la certificación 02725 bajo el modelo “A QUIEN PUEDA INTERESAR”, no a nombre de Globalia, donde informaba que la referida parcela estaba a unos 300 metros de los linderos del Parque Nacional Cotubanamá, posteriormente, luego de las investigaciones técnicas correspondientes, emitió otras dos notificaciones donde rectifica que se trataba de un área protegida donde no podía construirse ninguna infraestructura.
“La primera de esas rectificaciones fue emitida el 22 de mayo de 1998, donde le indicamos a la señora Norka Espaillat Bencosme, representante legal de la compañía Corsario, C. por A., del canadiense Charles Thomas Ogryzlo, entonces propietario del predio, que esa parcela formaba parte del Parque Nacional del Este, y que en consecuencia debía acudir a la Dirección General de Bienes Nacionales a procurar la compensación económica aplicable, por tratarse de un terreno declarado de utilidad pública”, expresó Ramírez.
Agregó que posteriormente, el 29 julio 1999, recibió de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo la comunicación 0042-99, solicitándole un informe sobre el estatus de la parcela 24A, y en su informe de respuesta del 12 de agosto del 1999, oficio 8614, sustentado en informaciones, levantadas por técnicos de la institución, hace la observación de que la certificación 02725 de 1997 se emitió de forma errónea, ya que sus técnicos habían establecido que la parcela 24A, DC10/2 sí pertenecía al Parque Nacional del Este.
“Ambas aclaraciones fueron expuestas antes de octubre del año 2000, fecha en que la empresa Globalia dice haber comprado esos terrenos a la compañía Corsario, haciendo referencia a la certificación del año 1997, pero omitiendo las dos rectificaciones posteriores de 1998 y de 1999”, expresó Ramírez, quien también fue vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Cambio Climático.
Documento: 20-01-31 Nota de Prensa ORT sobre PNE
Explicó que el error en la primera certificación de 1997 se debió a que estaba sustentado en un informe del 12 de junio del 1996, marcado con el No. 0087 de la Comisión Técnica Forestal, y un Estudio del Departamento de Inventario de Recursos Naturales, de la Subsecretaría de Estado de Agricultura, que para ese entonces eran las instituciones que poseían instrumentos catastrales para verificar el tema, e indicaban que la parcela 24A, DC 10/2 estaba a unos 300 metros de los linderos del Parque Nacional del Este.
Ramírez Tejada dijo que para el año 2000, cuando Hidalgo dice haber comprado la parcela 24A, DC 10/2 amparado en la certificación 02725, ésta había sido anulada tanto por el informe remitido a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, como por la comunicación de respuesta a la señora Espaillat Bencosme.
“Globalia, de Juan José Hidalgo, debe averiguar quién le vendió el terreno, que tal vez no le ofreció todas las informaciones, y desvincularme en mi gestión en la Dirección Nacional de Parques de todo ese proceso de compra-venta de esa parcela”, expresó el también dirigente Subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Añadió que, de no ser así, se reserva el derecho de emprender acciones judiciales.