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Estado de Excepción otorgaría poderes al presidente para suprimir derechos fundamentales sin autorización judicial

Por Servicios de Acento.com.do


SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El abogado Cándido Simón Polanco explicó este miércoles que el Estado de Excepción por Emergencia de Calamidad Pública solicitado por el presidente Danilo Medina, debido a la presencia en el país del coronavirus, otorgaría poder al gobernante para limitar o suprimir determinados derechos, libertades y garantías fundamentales, algunas hasta sin autorización judicial, dependiendo de las circunstancias específicas.

Entre las medidas que podría adoptar el gobernante en caso de requerirlo, según lo establecen los artículos 263 y 265 de la Constitución complementados por el artículo 11 de la Ley Orgánica No. 21-18, está ordenar toque que queda total, parcial o sectorial y restringir la libertad por un tiempo de hasta diez días.

De igual forma le permitiría entrar en un domicilio donde razonablemente se sospeche que hay una persona contaminada, limitar la libertad de expresión, confinar en el domicilio y limitar o suprimir la liberta de tránsito.

Sobre esto, Simón señaló que estas medidas deben ser siempre motivadas y difundidas a la colectividad, razonables y proporcionales, y subrayó que, pese a esto, se mantiene vigente el control de constitucionalidad de las mismas a través del órgano jurisdiccional correspondiente.

“En general se mantienen las garantías judiciales y procesales, sin embargo, la ley autoriza la supresión del habeas corpus”, sostuvo.

De acuerdo con el discurso del presidente Danilo Medina la noche de este martes, se presentó hoy ante el Senado la solicitud para la declaración de Estado de Emergencia en todo el territorio nacional por el avance del coronavirus COVID-19 en el país.

El documento se depositó en virtud de lo establecido en la Constitución de la República y la Ley 21-18. Estas disposiciones indican que “el estado de emergencia podrá declararse cuando ocurran hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país, o que constituyan calamidad pública”

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