SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un análisis realizado por el Observatorio Judicial Dominicano (OJD) de Funglode reveló este martes 14 las alternativas legales que posee el Estado para lograr la extradición del exnuncio Josef Wesolowski, acusado de presuntos abusos sexuales contra menores y posesión de material con pornografía infantil.
Junior Santana y Héctor Peña, investigadores de la Unidad de Justicia Penal del OJD de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), son los autores del análisis sociojurídico que estudia el caso del exnuncio.
El OJD informó que Santana y Peña precisaron que el Estado dominicano tiene una alternativa para lograr la extradición y ejercer su jurisdicción penal, tomando en cuenta las precisiones del "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía".
"En el análisis, se explica que los Estados que han ratificado este instrumento internacional, como es el caso de República Dominicana y el Vaticano, pueden hacer posible la extradición aún cuando no exista acuerdo previo", expresó el observatorio judicial.
El documento hace énfasis en que el referido protocolo dice que: "El Estado que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe de otro Estado parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, podrá invocar el presente protocolo como base jurídica para la extradición respecto de esos delitos".
Los investigadores del OJD apuntaron que de lograrse la extradición, la misma podría facilitar que el proceso penal seguido contra el exnuncio se realice en territorio dominicano.
"De ser juzgado en Italia, la condena podría ser superior a los seis años de prisión", sostiene el análisis.
El religioso polaco, de 66 años, está acusado de abusar de menores de edad durante su estancia en la República Dominicana, donde fue nuncio apostólico entre enero de 2008 y agosto de 2013.
El juicio contra Wesolowski comenzará previsiblemente a finales de este año o comienzos de 2015, y según informó el pasado septiembre el procurador general de la República Dominicana, Francisco Domínguez Brito, el proceso no se llevará a cabo en el país caribeño. EFE