SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Senado de la República envió a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, con un plazo fijo de una semana, el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader la suspensión del pago de siete mil millones de pesos del denominado “peaje sombra” correspondiente al año 2021 y agilizar la renegociación del contrato de la autopista del Nordeste, Juan Pablo II.
La iniciativa es autoría del senador por Samaná, Pedro Catraín, quien pidió al presidente en funciones Santiago José Zorrilla (El Seibo), que la solicitud sea enviada a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos por un plazo de una semana, moción que fue acogida por sus pares presentes en la sesión.
La pieza señala que la concesión del contrato de la carretera Santo Domingo-Samaná tiene “vicios de origen” que pueden constatarse en la carta y sus anexos enviados al Congreso Nacional en el año 2008 por el Poder Ejecutivo, incluyéndose en uno de sus anexos en estudio de tráfico vehicular elaborado en el año 2005 por la empresa The Louis Berger Group & Asociados, y que fue certificado por el entonces secretario de Estado de Obras Públicas.
También en su artículo quinto refiere que, según el estudio citado, el tráfico prometido diario fue estimado en 24,881 vehículos para el año 2016 cuando en realidad ese año circularon por esa vía solo 10,284 vehículos, lo que significa una sobreestimación de 142 %, recursos que el Estado dominicano está obligado a cubrir.
El proyecto indica también que el gobierno y la compañía concesionaria pactaron un contrato por un plazo de 33 años de los cuales los primeros tres años serían para la ejecución de la obra y los 30 años restantes se dedicarían para la operación y mantenimiento de la autopista a manos exclusivas de la entidad privada, incluyendo el control absoluto del precio del peaje y el conteo del tráfico vehicular.
Expone además que el contrato dispone que si el valor correspondiente a los ingresos por concepto de peaje durante la operación fuera inferior al ingreso garantizado, el Estado compensará la diferencia al concesionario.
Estas son las cláusulas que abrieron las puertas al denominado “peaje sombra” bajo el supuesto de garantizar el equilibrio económico de este proyecto firmado en agosto del año 2005 y enero del 2006.
Otros proyectos de ley
En la sesión de este martes, dirigida por el vicepresidente del Senado de la República, Santiago José Zorrilla, también fue sancionado el proyecto de ley que crea el Monumento Natural Río Partido, en la provincia Hermanas Mirabal.
Esta iniciativa es autoría del senador por la misma provincia, Bautista Rojas Gómez.
También fue conocido el informe del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) año del 2016. De igual manera fue sancionado el Informe sobre el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) 2018. Ambos remitidos por el Poder Ejecutivo.
En la sesión los legisladores aprobaron una resolución mediante la cual solicita al Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), la construcción de un local para las Oficinas de la Junta Central en Hato Mayor. La iniciativa es autoría del senador por la misma provincia Dr. Cristóbal Castillo.
En los trabajos legislativos fue sancionado el acuerdo de Transporte Aéreo entre la República Dominicana y la República Portuguesa, firmado en Santo Domingo, República Dominicana, el 20 de mayo del 2019, remitido por el Poder Ejecutivo.
También el acuerdo entre el Reino de los Países Bajos y la República Dominicana para los servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios.
Asimismo el convenio constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III y, B convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III), ambos adoptados en Ginebra, Suiza, el 24 de mayo 2019, remitido por el Poder Ejecutivo.
Además el acuerdo de Servicios de Transporte Aéreo entre la República Dominicana y la República del Perú, suscrito el 18 de marzo del 2019, remitido por el Poder Ejecutivo.
También se incluye el acuerdo aéreo entre el Reino de los Países Bajos, con respecto a Curazao, y a la República Dominicana, firmado en Santo Domingo, República Dominicana.
De la misma forma fue sancionado el protocolo de enmienda al Convenio de Aviación Civil Internacional sobre los artículos 48 (a), 50 (a) 56, 50 (a), 50 (a) y 56, suscrito el 15 de septiembre de 1962, el 12 de marzo del 1971, el 6 de octubre del 1989, el 26 de octubre del 1990 y dos últimos del 6 de octubre del 2016, respectivamente. Iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo.
También fue aprobado el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de República Dominicana y el Gobierno del Estado de Qatar, suscrito en la ciudad de Colombo, SRI Lanka, el 6 de diciembre del 2017. Propuesto por el Poder Ejecutivo.
Asimismo el acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República de la India para la Exención de requisitos de la visa para los portadores de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales Válidos, firmado el 26 de agosto del 2019. Propuesto por el Poder Ejecutivo.
Los senadores sancionaron el proyecto de Resolución que solicita la instalación de una Oficina de la Dirección General de Información y Defensa de los afiliados a la Seguridad Social (DIDA), en San Cristóbal, de la autoría del senador Franklin Rodríguez.
Llegado los turnos de ponencia, el senador Dionis Sánchez (Pedernales) llamó la atención del presidente Luis Abinader ya que, por tercera vez, viene a denunciar la intención de la dirección del Instituto Agrario Dominicano (IAD) de arrendar al Consorcio Azucarero Central (CAC), empresa arrendataria del Ingenio Barahona, terrenos de municipios costeros de las provincias Barahona y Pedernales, con la finalidad de cultivar caña de azúcar.
El senador por Pedernales recordó que por los menos los últimos tres directores del IAD han intentado lo mismo, pero que ahora han retornado las intenciones, a lo que esos pueblos se oponen porque se trata de tierra de vocación agrícola y destinadas a cultivar diversos rubros alimenticios. Denunció que hasta el 2020, el Consorcio Azucarero Central debió haber pagado al Estado Dominicano dos mil millones de pesos y solo han pagado 500 millones de pesos, a pesar de las grandes ganancias que obtienen.
El senador Franklin Romero (Duarte) sometió un proyecto de Ley Especial de Referendo por las tres causales, iniciativa remitida a la Comisión de Salud Pública.
El senador Aris Yván Lorenzo sometió un proyecto de Resolución que solicita la interpelación del director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, por considerar que este funcionario debe explicar una serie de contratos y decisiones en varias instituciones del Estado.