SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un denominado "capitán de yola", acusado de ser organizador de viajes ilegales hacia Puerto Rico, fue enviado a prisión por tres meses en El Seibo, tras la acusación sometida por el Ministerio Público.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de El Seibo dictó la medida de coerción en contra de Esmeraldo Burgos Balbuena, alias Chichí, quien fue sometido a la justicia por estar acusado de intentar llevar 34 dominicanos ilegalmente a Puerto Rico.
A través de un comunicado de prensa se informó que la Fiscalía del Distrito Judicial de El Seibo lleva a cabo la investigación del caso que se sigue contra Burgos Balbuena con la asistencia de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la colaboración de la Armada de la República Dominicana y la Guardia Costera de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés US Coast Guard.
Sobre Burgos Balbuena el Ministerio Público estableció en la solicitud de medidas de coerción que fue identificado en el transcurso de la investigación como la persona que capitaneaba la embarcación que el pasado 17 de julio fue interceptada cuando se dirigía con el grupo con destino a Puerto Rico.
Explicó que la embarcación fue interceptada a 46 millas náuticas de Aguadilla, Puerto Rico, con la referida cantidad de personas, quienes, luego, fueron trasbordadas y entregadas a las autoridades dominicanas.
Burgos Balbuena, con un acuerdo a un comunicado de prensa divulgado por el Ministerio Público, es acusado de violar varios artículos de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, basados en las pruebas recolectadas en el transcurso de la investigación.
Suman ahora 33 las personas a las que les han sido impuestas distintas medidas de coerción por su vinculación a esa actividad ilegal, más de 25 con medidas privativas de libertad, señala la información divulgada por el MP.
El órgano del sistema de justicia destaca en el documento de prensa que trabaja en coordinación con las demás autoridades nacionales y la cooperación internacional para contrarrestar esa actividad ilegal.