SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Muy lejos de todo lo que contemplan las leyes dominicanas, en los dominios de los empresarios del transporte público y sus empleados (choferes y ayudantes) las normas parecen ser otras: los conflictos se resuelven con sangre y una tregua es lo más cercano a una verdadera solución.

No se justifica la irresponsabilidad que exhiben las autoridades y los empresarios del sector para controlar, supervisar  y garantizar la seguridad en un servicio que transporta a 3.2 millones de personas promedio por día sólo en el Gran Santo Domingo (Distrito Nacional provincia Santo Domingo) y la provincia de Santiago. Se trata de un negocio que, en todo el territorio nacional, se bifurca entre lo formal y lo informal, entre lo público y lo privado, y mueve todos los días millones de pesos.

En el transporte de pasajero la violencia y la fuerza constituyen la única ley. Así lo reflejan las reseñas periodísticas de los últimos meses revisadas por este medio, en las que se cuentan 5 personas muertas y 28 heridas en  disputas por rutas u otros asuntos de transporte público de pasajeros.

Sólo durante la última semana la prensa registró tres enfrentamientos violentos en los que se produjo la muerte de una persona y cuatro fueron heridas, una de ellas de gravedad.

El martes 24 de mayo fue asesinado a tiros Joel Alfredo Decena, de sólo 25 años de edad, quien se desempeñaba como chofer y dirigente sindical de la Ruta 6, del sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte.

Testifican sus compañeros de trabajo que el conflicto se originó cuando Decena y otros representantes del sindicato se dispusieron a abordar al chofer de un carro pirata que operaba en esa ruta, enfrascándose ambos bandos en una agria discusión que derivó en violencia.

El transportista fallecido dejó en la orfandad a un niño de 4 años de edad y en situación de desamparo a su madre y a su esposa, embarazada, puesto que sus ingresos eran la única fuente de sustento con que contaba la familia.

Al día siguiente, el miércoles 25, los pleitos tuvieron lugar en Santiago. Hubo al menos tres personas heridas cuando los transportistas de esta ciudad se enfrentaron a tiros y batazos en una lucha por el control de las rutas urbanas.

El viernes 27 de mayo fueron heridos en conflictos similares dos hombres identificados como José Luis Santana, de 25 años, y Mariano Reyes Rodríguez, de 43, quienes fueron baleados en medio de un violento conflicto que tuvo lugar porque los transportistas de Higüey intentaban evitar que las unidades de la empresa Caribe Tours trabajen en esa ruta.

También los disturbios que tienen lugar desde el pasado 22 de abril entre los transportistas de los municipios de Tamayo y Neyba, en el sur del país, constituyen una muestra clara de la actitud sanguinaria con que muchos transportistas resuelven sus diferencias:

En un mes de enfrentamientos casi constantes alrededor de doce personas han resultado heridas y, aunque no se ha hecho un cálculo preciso de los daños materiales, los dirigentes sindicales de estas comunidades estiman que son muy elevados.

Entre los  afectados se cuentan Yuliza Santana Cuevas, una adolescente de 15 años, y su padre, Julio Santana, quienes viven en el Batey 5, en Neyba. El día 15 de este mes su casa fue tiroteada y ambos resultaron heridos, junto a un amigo de la familia que estaba de visita.

La muchacha narra, muy impresionada, los detalles que conserva de ese momento: No puede asimilar que los miembros de su familia hayan estado tan expuestos a la morir.

La causa del brutal ataque no podía ser más indignante: Según los testimonios recogidos y la versión que ofrece la Policía Nacional, en la víspera del atentado, el padre de la adolescente, que trabaja como controlador del transporte público en Batey 5,  le impidió a un autobús de Tamayo subir a dos pasajeros porque se encontraba en un tramo en que no tenía permitido hacerlo.

Al día siguiente, a modo de venganza, el chofer, conocido sólo como Chochó, se habría hecho acompañar de dos hombres más e intentado matar a Santana en su propia casa.

Este es sólo uno de los episodios de violencia más recientes entre transportistas de Neyba y Tamayo, quienes protagonizaron una ola de enfrentamientos sangrientos desde el viernes 22 de abril, cuando un grupo de sindicalistas de Tamayo fue atacado a tiros a solo una esquina de su terminal en el Distrito Nacional.

No fue hasta finales de la semana pasada, cuando contaban más de una decena de personas heridas, cuando tuvo lugar un encuentro con representantes de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) y otras autoridades locales, para tratar de buscar una salida.

Los dos grupos acordaron poner fin a los enfrentamientos y se comprometieron, una vez más, a cumplir con los términos de los acuerdos que fijan los linderos de cada sindicato.

“Lamentablemente, el sector transporte involucra unos intereses muy fuertes y más que asuntos políticos, hay un serio conflicto de intereses”. María Paz Conde, de la  OTTT

Hay muchas otras rutas marcadas por un desafortunado historial de violencia. Se destaca la ruta San Cristóbal-Santo Domingo, donde en octubre del año pasado murieron dos personas y cerca de 10 fueron heridas durante una serie de enfrentamientos que sostuvieron las rutas A y B y se prolongaron durante alrededor de un mes. Entonces los fallecidos fueron Sixto Dicen, un dirigente sindical de la ruta B que era mejor conocido como Papito, y Maikel Arias Mateo, un cobrador de 26 años.

Otros que han tenido presencia en la prensa en los últimos meses por provocar disturbios y resolver sus diferencias con las armas son los transportistas de la ruta que conecta a los municipios de Monte Plata con Santo Domingo, donde se han reportado varios heridos desde febrero de este año.

En esta zona estos enfrentamientos son un gran dolor de cabeza, sobre todo para la población universitaria, que es usuaria regular del transporte público. Tras los últimos conflictos registrados, ocurridos en este mes de mayo, el grupo Juventud 2000 se vio precisado a hacer un documento de prensa para llamar la atención sobre los peligros a que se exponen y el servicio malo y costoso que reciben.

Ni siquiera los altos dirigentes y empresarios del transporte escapan a estos sangrientos episodios. El pasado 21 de marzo la vivienda del presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), Arsenio Quevedo, fue tiroteada por dos desconocidos, en momentos en que el dirigente sindical se encontraba cenando con su familia.

El sindicalista narra que ninguno de sus parientes fue alcanzado por las balas, posiblemente porque sus atacantes dirigieron todos los disparos a la sala pensando que la familia estaba ahí.

“Por suerte estaban cerradas todas las cortinas y el que disparó no nos veía”, explica.

Aunque todavía se desconoce quiénes llevaron a cabo el atentado y no hay nadie detenido, Quevedo piensa que el atentado proviene del sector transporte y que está relacionado con unas declaraciones que había dado a la prensa días antes, llamando a los transportistas a sentarse en la mesa de diálogo del Poder Ejecutivo en momento en que otros grupos importantes se oponían abiertamente a esta idea.

Un Estado irresponsable

Entre los transportistas los conflictos por el control del territorio son constantes y las acciones regulatorias por parte del Estado dominicano, muy débiles.

A esto se suman factores como la propia estructura del sector, el bajo nivel educativo de sus miembros y la lucha de intereses económicos y políticos que lo caracteriza.

La directora técnica de la Oficina Técnica de Tránsito Terrestre, María Paz Conde, explica que aunque el transporte es un servicio público, el Gobierno dominicano no está en capacidad de prestarlo y por eso lo hace un sector que “se ha desarrollado sin ninguna organización y en el que cualquier persona que quiera participar, puede hacerlo”.

La funcionaria agrega que, como resultado de ese proceso descontrolado, se generaron niveles exorbitantes de sobreoferta que hacen más feroz la competencia entre carros y autobuses de una misma ruta.

“Pero aquí no hay voluntad. Aquí el que se murió se murió. Aquí hay personas que tienen licencia para matar”. Antonio Marte, líder de Conatra

Afirma que para contrarrestar la situación la OTTT imparte cursos de concienciación a los choferes, cobradores y operadores.

Sin embargo, agrega que “ellos tienen toda una estructura montada que ni siquiera la autoridad está en capacidad desmontarla de golpe y porrazo”.

Los empresarios del transporte, en cambio, culpabilizan a las autoridades de manera directa:

“La mayoría de los incidentes ocurre por la irresponsabilidad de las autoridades. Aquí carecemos de una autoridad en materia de transporte porque hay muchas oficinas llenas de gente que lo único que hace es cobrar un sueldo, pero no trabaja, no hace nada. Ellos son a veces los mismos causantes de los enfrentamientos”, sostiene Antonio Marte, presidente de la Confederacion Nacional de Trandporte (CONATRA), organización que junto a la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO) protagoniza la mayoría de los enfrentamientos.

El diputado Juan Hubieres, líder de FENATRANO, también entiende que “la matriz principal de los conflictos que hay en el sector transporte es la ausencia de una autoridad que haga cumplir las leyes que rigen en materia de tránsito”.

Esto ocurre a pesar de que en el país existen numerosas entidades públicas que fueron creadas para resolver los problemas de tránsito y transporte. Sin incluir a los departamentos de transportación que todavía existen en la mayoría de las alcaldías, como entidades rectoras y organizadoras del transporte urbano, a nivel nacional el Estado dominicano cuenta con la mencionada OTTT,  la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET). Según las consideraciones de Marte y Hubieres estas entidades son espacios de corrupción y despilfarro.

Marte habla, incluso, de que en ocasiones esas entidades oficiales constituyen la chispa que atiza las contradicciones entre los sindicalistas que se disputan las rutas: “Muchas veces los líos se dan por los asaltantes y delincuentes que algunas instituciones tienen para asaltar rutas, y es gente protegida por las mismas instituciones del Gobierno”.

“Pero aquí no hay voluntad. Aquí el que se murió se murió. Aquí hay personas que tienen licencia para matar”, afirma Antonio Marte, líder de CONATRA.

Aunque en sus declaraciones responsabilizan claramente al Estado de todos los conflictos en el transporte, estos dirigentes sindicalistas presiden las dos federaciones más grandes del país y han sido figuras fundamentales en la construcción de este sistema de operar las rutas que hoy ellos mismos critican.

En varias ocasiones han sido criticados por las autoridades y por la ciudadanía. Además, las dos agrupaciones que ellos dirigen son las protagonistas de la mayoría de los enfrentamientos violentos entre transportistas en todo el territorio nacional.

Tierra de nadie

Pese al drama que claramente envuelven todos esos enfrentamientos violentos, reseñar los casos no es suficiente para referir el caos y la complejidad alrededor de este tema.

Vale preguntarse en cuánto de los casos de violencia por asuntos de transporte se ha castigado a los responsables. Si se juzga por los casos citados en este artículo, la respuesta es simple: en ninguno. No hay una sola persona detenida por ninguno de los muertos ni heridos en enfrentamientos de transportistas. Cuando los casos son sometidos a la justicia, mueren sin llegar al fondo o los señalados como responsables terminan siendo descargados.

Mientras, y ante la indiferencia del Estado, la sangre no deja de derramarse en las vías del país y la ciudadanía vive enfrentando a los peligros y el terror de una guerra que no es suya y que, y que la expone constantemente a resultar lesionada e incluso a perder la vida.

“En la naturaleza, la lucha por el espacio siempre ha sido una lucha brutal. Cuando las normas no se respetan, hay que someter a la disciplina. Si esa disciplina no es acatada, ahí deben estar las autoridades para imponer la coerción”, Juan Hubieres, líder de Fenatrano.