SANTIAGO, República Dominicana.-Una deuda institucional y las diferencias políticas internas dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) mantienen enfrentados al director general de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Silvio Durán, y al alcalde local Abel Atahulapa Martínez Durán.
Por un lado Durán, reconocido por su fidelidad de muchos años al presidente Danilo Medina y quien esperó 12 años por el cargo en Coraasan, reclama al Ayuntamiento una deuda RD$ 185 millones, por servicios prestados.
La otra cara de la moneda la representa Martínez, de la línea del expresidente Leonel Fernández, quien ha llevado a los tribunales, el reclamo de RD$ 45 millones, que según alega le debe la Coraasan por concepto de dinero retenido correspondiente a cobro del servicio de recogida de basura.
Según los ejecutivos de la Coraasan, la deuda, que reclama al Ayuntamiento data de 18 años. Una deuda que según han denunciado, los ejecutivos de la Alcaldía se niegan pagar con el alegato que la Coraasan también debe a las autoridades municipales.
La ley 582 del 04 de abril de 1977, faculta a la Coraasan, para cobrar a los ciudadanos de Santiago de los Caballeros el servicio de recogida de basura.
El enfrentamiento por la deuda se agudizó luego que representantes legales de la Alcaldía procedieron a presentar una demanda contra la Coraasan en los tribunales, para reclamar el pago.
Antes la acción incoada por las autoridades del Ayuntamiento, los ejecutivos de la Coraasan, procedieron con una demanda contra la Alcaldía, con la diferencia de que esta parte reclama una deuda de RD$ 185 millones.
Jorge Luis Polanco, abogado de la Coraasan, adelantó que en lo que respeta a la negativa del acalde Abel Martínez, a ponerse al día con el pago de los servicios de la institución que representa, es un mal asesoramiento de su equipo.
Polanco ha llamado a las autoridades municipales a discutir la situación, para que el conflicto que envuelve a ambas instituciones estatales no afecte los servicios de la ciudad.
En la demanda interpuesta contra el Ayuntamiento, los abogados establecen que en caso de llegar a un acuerdo de conciliación para subsanar el conflicto las autoridades municipales deben pagar RD$ 139 millones. El reclamo abarca cobros desde el 25 de agosto de 1999 hasta el 05 de mayo del 2017, según manifestaron.
La deuda del Ayuntamiento a Coraasan es por servicios de brindado al cabildo y 39 de sus dependencias, explican sus abogados.
Este lunes 17 de julio el conflicto institucional se tornó más tenso, cuando se hizo pública una carta firmadas por los gerentes de la Coraasan, en la cual exigen al Ayuntamiento la destitución del representante del cabildo en el Consejo de Directores de la Coraasan, Fernando Ramírez, quien está como vocero del alcalde Abel Martínez y también habla en nombre de la Alcaldía cuando lo considera conveniente.
En la comunicación firmadas por 11 representantes de departamentos, incluido Atuey Martínez, hermano del alcalde, pidieron la destitución de Ramírez como representante de la Alcaldía, porque a su juicio, el funcionario designado por el alcalde se ha extralimitado en las funciones establecidas en el artículo 10 de la Ley 582, que creó a Coraasan, en abril 1977.
Según lo leído en la carta, los empleados de la Coraasan tildan a Ramírez de agresivo y conflictivo.
“Desde su integración a Coraasan ha mantenido una actitud hostil y de confrontación con la administración y la empresa misma, llegando al extremo de comparecer ante el Ministerio Publico, conjuntamente con el abogado apoderado por la Alcaldía de Santiago, a presentar formal querella y demanda en daños y perjuicios en contra de la Coraasan”, se lee en la carta de los gerentes.
“Constituye un hecho sin precedentes en la vida institucional de Coraasan, que data de 40 años, en el sentido de que una entidad que forma parte de ella haya escogido los tribunales para dirimir un conflicto existente entre ambas partes”, precisaron los gerentes en la carta que enviaron al Ayuntamiento.
Indicaron que el comportamiento de Ramírez, desde su acreditación como miembro del Consejo, ha trastornado la vida institucional; al extremo, de que la vida administrativa se ha visto afectada.
Firmantes del documento.
Hilario Paulino, gerente de Recursos Humanos. Rita García, gerente Administración Financiera y mantenimiento, Fidel Rivas, Ingeniería y Proyectos y Juan Cabrera, como gerente comercial.
Otros que firmaron son Héctor Jáquez, gerente de Operaciones, Oliver Calderón, Auditoría Interna, Lucy Tejeda, Planificación y Desarrollo y Celeste Suazo, Agua Residuales.
En grupo lo completan Jorge Ortega, Departamento Legal, Jesús Fadul de Agua no Contabilizada, así como Atuey Martínez, hermano del alcalde Abel Martínez.
Ante el conflicto y la exigencia de los 11 gerentes de Coraasan, para que se produzca la destitución de Ramírez, como miembro del Consejo de Directores, como representante de la Alcaldía, el vocero del alcalde respondió que se mantendrá en el puesto, porque solo Abel Martínez, lo puedo quitar.
Fernando Ramírez, es uno de los hombres más cercanos al alcalde Abel Martínez. El 15 de mayo del 2017 el regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Nelson Abreu denunció que Ramírez, habla en nombre del Ayuntamiento de Santiago, pese a que existe una certificación firmada por el acalde Abel Martínez que indica que éste no es empleado de la Alcaldía, sino de la en la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).
Abreu dijo que extrañamente en Coraasan también le facilitaron una comunicación donde aclaran que Ramírez tampoco es empleado de esta institución, pese a que cobra RD$75, 000.00 como miembro del Consejo de Directores, en el cual representa al Ayuntamiento de Santiago.
Para avalar la denuncia el regidor mostró la copia cheques del Banco de Reservas, los cuales habrían sido recibidos por Ramírez.