SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La organización Acción Callejera declaró que las reformas hechas por los diputados al Código del Menor, para aumentar los castigos a niños y adolescentes que incurren en violaciones a las leyes, no son la solución al problema de menores en conflicto con la ley, además de constituir una violación a los acuerdos internacionales suscritos por la República Dominicana.

Acción Callejera, que se dedica a la educación, afirmó que está preocupada por el paso dado por los diputados.
Indicó que comparte las preocupaciones que existen en la ciudadanía sobre el tema de la inseguridad y el clima de violencia, que van en aumento, y que entiende que toda sociedad tiene la facultad de responder al aumento de la inseguridad y la violencia.

”Pero el respeto de la Constitución y las leyes no debe ser sacrificado en aras de responder a estos males, máxime cuando la inversión social en la República Dominicana nunca ha sido una prioridad de ninguna de las administraciones gubernamentales”, argumentó.

Recordó que la Convención de los Derechos del Niño, acuerdo de la que es parte la República Dominicana, prohíbe castigar a los niños, niñas y adolescentes de la misma manera y con la misma severidad con que se castigaría a un adulto en iguales circunstancias.

Agregó que el artículo 40.3 de esa convención requiere de leyes, procedimientos y autoridades específicas a “niños” (menores de 18 años) que se alegue han violado las leyes penales.

Explicó que la mención de procedimiento y leyes “específicas” a los niños, niñas y adolescentes requiere que los niños y niñas sean tratados de manera distinta a los adultos, de manera “específica” a su condición y edad.

“Así, por ejemplo, la misma convención dispone que los niños, niñas y adolescentes privados y privadas de libertad deben estar separados y separadas de los adultos (artículo 37.c). La edad del niño, niña o adolescente debe ser tomada en cuenta y el régimen que debe observarse respecto de ellos debe ser especial (artículo 40.1)”, precisó.

Recordó que el artículo 74.3 de la Constitución Dominicana dispone: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.

Acción Callejera sostuvo que el castigo de niños, niñas y adolescentes en la misma forma y proporción que los adultos viola la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados vigentes a la fecha, todos con rango constitucional.

“Por tanto, la ley que eventualmente disponga el castigo de niños, niñas y adolescentes de esta manera subvierte el orden constitucional y es nula de pleno derecho, conforme al artículo 73 de la Constitución”, precisó.
Criticó que los sectores que apoyan un aumento del castigo y la represión hayan creado la ilusión de que por esa vía se solucionará el problema de los menores en conflicto con las leyes.

“Esta nefasta propuesta debe ser combatida por todos los medios de derecho disponibles a ella, incluyendo incoar acciones de inconstitucionalidad y, en su momento, recurrir ante los organismos interamericanos y de la Organización de las Naciones Unidas para la protección de los Derechos Humanos”, expresó.
Hizo un llamado a la cordura y a la creación de políticas públicas en base a datos científicos, enfocadas hacia un fin específico.

Advirtió que esta modificación es un intento de ilusionar cómodamente, a la sociedad con una modificación que propone sólo encerrar a los menores y adolescentes para privarlos de su vida familiar, social e imposibilitar su desarrollo integral, y todo por no priorizar la inversión que a ellos por derecho, les pertenece.

“A la población dominicana se le está creando la ilusión de que el aumento de las penas a niños, niñas y adolescentes solucionará los conflictos con las leyes penales de ellos. Toda nuestra clase dirigente es cómplice de esto: se beneficiarán al aparentar “mano dura” para  evitar así la inversión en gasto social que necesitamos como país. La modificación de la ley se escribirá sobre la piel de nuestros niños, niñas y adolescentes más vulnerables”, advirtió.

A juicio de Acción Callejera, el aumento de la pena no solucionará el problema debido a lo siguiente:

1-El actual Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes aumentó el período de máximo de detención de niños, niñas y adolescentes a 5 años (anteriormente, 2 años), sin lograr frenar el problema de la delincuencia.

2-Las instituciones que debían atender a niños, niñas y adolescentes durante esos cinco años o prevenir la comisión de infracciones, parte esencial de este Código, no han sido puestas en marcha debido a la ya citada insuficiencia del gasto social en la República Dominicana.

3- Guatemala, Honduras y El Salvador y otros países de la región, han tratado de hacer lo mismo que se propone aquí ahora. En los tres casos, los resultados han sido contraproducentes.

4-Los estudios de lugar señalan que la reincidencia de niños, niñas y adolescentes es mucho menor si se castigan de manera alternativa. Por el contrario, si se castigan como adultos o si, una vez castigados, se hacinan en las cárceles sin ningún programa de prevención, los índices de reincidencia se disparan.