REDACCIÓN (Natasha Pitts/Adital).-El Comité Popular de la Copa y Olimpíadas de Río de Janeiro publicó otra versión del dossier "Megaeventos y Violaciones de los Derechos Humanos”, en el que se denuncian los trastornos que el Mundial de Fútbol viene acarreando a la ciudad de Río de Janeiro. Trayendo actualizaciones e informaciones nuevas, en el informe se revela un panorama amplio, involucrando cuestiones de vivienda, movilidad, trabajo, deporte, medio ambiente, seguridad pública, información, participación popular y economía.
Durante sus tres años de actuación el Comité Popular de Río de Janeiro puede constatar que las violaciones relacionadas con las intervenciones para recibir a los megaeventos deportivos sólo se agravaron. A pocos días de la Copa Mundial de Fútbol, la constatación obvia es que el legado dejado es sólo una ciudad más cara, con menos espacio para la población pobre y trabajadora y más restricciones al ejercicio pleno de la ciudadanía.
"Los nuevos marcos legales e institucionales impuestos por los megaeventos deportivos violan abiertamente los principios de la impersonalidad, universalidad y publicidad de la ley y de los actos de la administración pública. La población de la calle, en protestas legítimas por derechos, sintió en la piel el aumento de la represión policial, y nuevas formas de criminalización de los movimientos sociales. Grupos culturales, vendedores de calle, hinchas, se vieron ante los efectos perversos de la Ley General de la Copa y de las reglas de la Fifa para los lugares asociados a los partidos y su entorno”, denuncian.
Comité Popular de la Copa y Olimpíadas de Río de Janeiro expone nueve propuestas orientadas al refuerzo de los derechos que vienen siendo violados por el Estado y por los promotores privados de los megaeventos, en asociación con los agentes públicos
En el capítulo sobre Vivienda, el Comité destaca la aceleración de la "limpieza social” de áreas valorizadas de la ciudad. Hasta el momento, se calcula que 4.772 familias fueron removidas en Río de Janeiro, totalizando 16.700 personas. Otras 4.916 familias están bajo amenaza de remoción. Cabe destacar que los datos son subestimados y el conteo es realizado por el Comité y su red de contactos, pues no existen datos oficiales.
Las familias fueron removidas por diversos motivos, como ampliación del aeropuerto, obras de instalación o reformas de equipamientos deportivos, obras viales; algunas familias fueron removidas por estar en áreas de interés turístico y otras por estar instaladas en áreas de riesgo e interés ambiental.
Desde 2011, debido a la visibilidad dada a la lucha popular, se alcanzaron algunas conquistas y varias comunidades consiguieron negociar mejores indemnizaciones o la remoción hacia casas y departamentos más cercanos al lugar donde vivían.
La situación del trabajo formal e informal generado por las obras también es abordada en el dossier, basado en el hecho de que la generación de empleos es una de las principales justificaciones utilizadas por el gobierno para movilizar grandes inversiones hacia los megaeventos deportivos. La precarización del trabajo promovida por los consorcios y reforzada por la omisión de los órganos fiscalizadores fue constatada en varias obras, sobre todo en las relacionadas con el transporte, reforma de estadios y arenas deportivas. La contrapartida de los trabajadores fue la organización de huelgas en la búsqueda por más seguridad, mejores salarios y beneficios, como participación en los lucros, aumento del valor de la canasta básica y plan de salud para ellos y sus familias.
En las calles, el trabajador informal también vio su fuente de ingresos ser retirada. Desde el comienzo de 2009, la gestión del alcalde Eduardo Paes viene implementando una política de represión en contra de vendedores ambulantes y trabajadores informales con la operación "Choque de Orden”, que busca realizar la limpieza urbana del Centro y de otras regiones. En junio de 2009, se realizó un nuevo registro de vendedores informales. El problema denunciado por los líderes de la población de calle es que las vacantes abiertas eran extremadamente menores que la demanda. Ellos estiman que hay 60 mil trabajadores, mientras que el Gobierno Municipal registró 4 mil y abrió 14.400 vacantes de ventas.
En el capítulo sobre deporte, el Comité señala los gastos exorbitantes, que exceden por lejos lo que fue gastado en otros países. En relación con las Olimpíadas, el presupuesto previsto ya excedió en 1.400 millones el presupuesto original. En el Caso de la Copa, con excepción de Fortaleza, Estado de Ceará, todos los estadios presentaron aumentos "astronómicos" en sus presupuestos. Brasil tiene hoy siete de los estadios más caros del mundo. En total, se gastarán más que R$ 8 mil millones para los estadios de la Copa de 2014. El capítulo también hace críticas a la elitización de los estadios con el encarecimiento de las entradas y falta de respeto a los patrimonios históricos de la ciudad.
Al final del documento, el Comité Popular de la Copa y Olimpíadas de Río de Janeiro expone nueve propuestas orientadas al refuerzo de los derechos que vienen siendo violados por el Estado y por los promotores privados de los megaeventos, en asociación con los agentes públicos. Vea las propuestas y el dossier completo en:
https://comitepopulario.files.wordpress.com/2014/06/dossiecomiterio2014_web.pdf
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com