Dajabón (R.Dominicana) (EFE).- La situación en la frontera dominico-haitiana transcurrió con normalidad el jueves, un día después de vencer el plazo para acogerse al Plan de Regularización para Extranjeros, mientras que grupos de haitianos siguen llegando a la zona para regresar a su país.
En declaraciones a Efe, haitianos que iniciaron el retorno voluntario a su nación señalaron que prefieren hacerlo por su propia cuenta y no que las autoridades los repatríen y pierdan las pertenencias que han adquirido en la República Dominicana.
Jancita Baptiste, quien no logró acogerse al Plan, decidió hoy regresar al vecino país junto a sus tres hijos, una hermana y su madre.
La mujer dijo que en la República Dominicana vendía frutas y víveres en la zona sur de Santiago (norte), pero que optó por volver a Haití para evitar ser deportada y exponerse a "perderlo todo".
Sin embargo, aclaró que una vez lleguen a Haití comenzarán los trámites para tratar de obtener sus pasaportes con visa dominicana y regresar de manera legal a este país.+
Un funcionario del gobierno haitiano que se encontraba en la frontera junto a representantes de organismos internacionales, pero que no quiso identificarse, dijo a periodistas que sus compatriotas que sean repatriados desde República Dominicana serán recibidos "con los brazos abiertos"
Hoy las autoridades haitianas exigían documentos a todos los dominicanos que pretendían entrar a ese territorio y lo mismo hacían las dominicanas con los haitianos ilegales que querían entrar a territorio nacional para vender mercancías, comprar alimentos, medicinas o hacer alguna diligencia.
Cerca del portón fronterizo, en el lado haitiano, fueron apostados funcionarios del gobierno de Haití, representantes de organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos haitianas, así como agentes de la Policía de ese país.
El activista de derechos humanos haitiano Jean Baturro Mairibeaux, dijo que están vigilando para ver cómo se desarrolla el proceso de deportación de sus compatriotas desde territorio dominicano.
No obstante, aseguró que no han observado repatriaciones de inmigrantes haitianos indocumentados y reconoció que varios están regresando voluntariamente.
"Prefieren hacerlo por su propia cuenta y no exponerse a humillaciones", declaró.
Un funcionario del gobierno haitiano que se encontraba en la frontera junto a representantes de organismos internacionales, pero que no quiso identificarse, dijo a periodistas que sus compatriotas que sean repatriados desde República Dominicana serán recibidos "con los brazos abiertos".
No obstante, advirtió que los ciudadanos de origen haitiano nacidos en República Dominicana, no serán admitidos porque, argumentó, "esos ciudadanos son responsabilidad del gobierno dominicano".
De su lado, el presidente de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos en el norte del país, Dionisio Jérez, en declaraciones a Efe señaló que el Plan de Regularización de Extranjeros "no llenó las expectativas".
Dijo que en varias ocasiones, la Comisión de los Derechos Humanos planteó a las autoridades dominicanas que se otorgue una prorroga para todo aquel extranjero que no logró inscribirse por falta de algún documento.
El Plan de Regularización para Extranjeros, calificado como el "más ambicioso" en materia migratoria en el país, se puso en marcha junto a la Ley especial de Naturalización, que venció el 1 de febrero, tras una polémica sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre de 2013, que establece los parámetros para adquirir la nacionalidad.
Según datos del Ministerio de Interior y Policía, un total de 288.466 extranjeros de 23 nacionalidades, principalmente haitianos, se inscribieron en el Plan, aunque solo 4.600 reúnen todos los requisitos para acogerse al proceso.
El principal temor de las ONG y algunos organismos internacionales es que no solo se pudieran llevar a cabo deportaciones masivas, sino que en las mismas se arrastre a personas nacidas en el país hijos de haitianos indocumentados.
Para estos se aprobó la Ley de Naturalización cuyo plazo para acogerse concluyó en febrero y a la que se esperaba que se inscribieran entre 55.000 y 60.000 personas, pero solo 8.775 lograron completar el proceso, por lo que diversas organizaciones temen que el resto quede apátrida. EFE