SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado han vulnerado los controles internos de la Policía Nacional, tanto en sus recursos humanos como en su logística y asuntos de inteligencia y confidencialidad.
En lo va del año 2011, ya suman 147 los policías expulsados por la Policía Nacional, vinculados a la comisión de diferentes delitos, pero muy pocos terminan siendo sometidos a la justicia y condenados.
Sólo en el mes de febrero fueron cancelados 46 policías, entre ellos cuatro mayores, seis capitanes, seis primeros tenientes, once segundos tenientes y 18 alistados. Según informaciones obtenidas por Acento.com.do, con frecuencia son recuperadas armas, radios de comunicación, vehículos, placas oficiales y otras propiedades de la Policía Nacional que han parado en manos de grupos de narcotraficantes o de bandas de atracadores, secuestradores y asesinos por paga (sicarios).
La fuente gubernamental que entregó los datos a Acento.com.do explicó que muchos de los agentes policiales que se ven envueltos en narcotráfico y otros delitos no hacen labor de patrullaje ordinario, sino que trabajan asignados a oficiales generales y coroneles “que no mantienen control ese personal”.
Este año, además, tres coroneles de la Policía Nacional han sido cancelados “deshonrosamente”, y otros siete han sido investigados y sancionados acusados de tener vínculos con el crimen organizado.
Aunque la policía expulsó a 147 miembros en los últimos 9 meses, muy pocos fueron sometidos a los tribunales de justicias para que respondan por los delitos se les imputan
Entre los coroneles expulsados de la Policía Nacional se destacan los casos de Bianet de Jesús Marcelino Martínez y Sergio Tulio Victoria Fontana, ambos expulsados de esa institución con expediente de deshonra.
De igual forma fueron cancelados y sometidos a la justicia el mayor Cristino Batista Roa y la teniente Fernanda Julieta Urbáez, ambos implicados en el atentado contra el abogado Jordi Veras, de Santiago.
El domingo, 25 de septiembre, una fuente gubernamental informó que el Consejo Superior Policial había recomendado al Poder Ejecutivo la cancelación del mayor Wascar Antonio Cavallo Deñó, padre del cabo Wascar Antonio Cavallo Montero, acusado de matar al teniente coronel César Augusto Ubrí Boció, ayudante del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
También se recomendó la cancelación del coronel Manuel de Jesús Féliz Bello, quien tenía cargado al alistado Cavallo Montero.
El pasado jueves la Policía anunció la expulsión de su fila del cabo Wascar Antonio Cavallo Montero.
Los policía expulsados y sometidos, en su mayoría, han sido acusados de asesinatos, extorsión, narcotráfico, pandillerismo y otras transgresiones criminales.
En mayor el Consejo Superior Policial dispuso la cancelación de nueve oficiales, incluyendo uno implicado en un alijo de drogas, y dos alistados, tras ser hallados sospechosos de participar en hechos reñidos con la ley.
Pocos son sometidos a la justicia
Aunque la policía expulsó a 147 miembros en los últimos 9 meses, muy pocos fueron sometidos a los tribunales de justicias para que respondan por los delitos se les imputan.
Cuando de produjeron estas cancelaciones de policías, el Procurador General de la República, Radhames Jiménez, prometió que investigaría cada uno de los expedientes para comprobar si los agentes cometieron algún delito que ameritara el sometimiento a la justicia.
El Procurador advirtió, en aquel momento, que constituía un peligro para la sociedad dominicana el hecho de que alguno de los policías cancelados tuviera vínculos con organizaciones criminales, y fuera dejado en libertad y sin ser procesado.
Pero las autoridades del Ministerio Público nunca dieron los resultados de esa investigación, al menos públicamente.
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