SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consorcio Heaven Peralta Elta (COHPE) intimó judicialmente al ministro de Defensa, teniente general Máximo Muñoz Delgado, por alegado incumplimiento de un contrato por más de 54 millones de dólares para la compra e instalación de tecnología militar.
El acto también incluye al comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), mayor general Elvis Marcelino Féliz Pérez, receptor del proyecto.
Ambas instituciones militares representan al Estado dominicano en el contrato de compra de productos y servicios para el sistema de radares y la construcción de un centro de mando, control y comunicaciones, suscrito con el Consorcio Heaven Peralta Elta en noviembre de 2009.
El proyecto, que se encuentra paralizado desde enero 2011 por alegada falta de recursos, está siendo instalado en la base aérea de San Isidro.
La empresa demandante les concede 90 días a los funcionarios militares para que se pongan al día con las obligaciones legales y los pagos pendientes.
La compra de los radares y la construcción de la infraestructura se iniciaron en 2010, con el propicito de dar apoyo a las operaciones de los aviones Súper Tucano en la lucha contra el narcotráfico y protegar el espacio aéreo nacional.
Además, exigen la apertura y entrega de la carta de crédito, el reembolso de todos los aranceles, impuestos, tasas, deducciones y arbitrios pagados por el consorcio en la importación de los equipos.
Demanda, asimismo, la devolución de las exenciones impositivas consignadas en el contratado.
Los abogados de la empresa advierten que de no obtemperar a la intimidación en el plazo indicado, utilizaran todos los medios legales, incluyendo la posibilidad de demandar al Estado dominicano en un tribual de la ciudad de Nueva York.
El requerimiento incluye al Ministerio de Hacienda y la Consultoría Jurídica de la Residencia de la República, en su condición de representantes del Estado dominicano en el referido contrato.
En diciembre de 2012 y febrero de 2013, el Consorcio Heaven Peralta Elta importó 21 valijas conteniendo los equipos del C-3, radar de medio alcance modo 2106 ATAR, y la tecnología para operar el segundo radar C-3 FARD, ambos ubicados en San Isidro.
La compra de los radares y la construcción de la infraestructura se iniciaron en 2010, con el propicito de dar apoyo a las operaciones de los aviones Súper Tucano en la lucha contra el narcotráfico y protegar el espacio aéreo nacional.
Sin embargo, la empresa asegura que el proyecto lleva más de 4 años paralizado, y que intimó y poner en mora a estas instituciones militares, luego de agotar todas las vías amigables posibles.
Reporteros de acento intentaron obtener una reacción de las autoridades del Ministerio de Defensa, pero estos declinaron referirse al tema.
La comisión del Senado de la República que investiga las condiciones del proyecto confirmó, en noviembre de 2014, que los equipos para el Sistema de Defensa y Seguridad Aérea de las Fuerzas Armadas se deterioran en un almacén de la base militar de San Isidro, por falta de recursos y mantenimiento.
A continuación el acto de intimación a las autoridades militares: