SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Cientos de empleados del Poder Judicial Dominicano apoyaron el “Jueves Negro” como forma de protesta para que se apruebe una mayor partida en el presupuesto designado a la justicia.
El Palacio de Justicia de San Cristóbal paralizó de manera total las labores administrativas y judiciales que estaban pautadas para este jueves.
En el Distrito Nacional se acogió la protesta de manera parcial y se pudo observar a muchos empleados vestidos de negro y uno que otro tribunal que paralizó las labores.
“Estamos apoyando el Paro del Poder Judicial”, decía la puerta de la Segunda Sala Civil y Comercial que preside el juez Pedro Vásquez y donde fueron canceladas 41 audiencias.
Volantes y pegatina con la consigna “2.66 por ciento del Producto Interno Bruto para la justicia, ley 194-2004”, estaban pegados en las computadoras, los pasillos y los carnets de identificación de algunos empleados.
Se pudo observar empleados vestidos de negro en el Juzgado de Atención permanente, en el Segundo Juzgado de la Instrucción, en la Presidencia de las cámaras penales, la Cuarta Sala Penal, en el Tercer Juzgado de Instrucción y en la Cámara Civil de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo.
Este miércoles 12 de octubre había quedado sin efecto el paro nacional judicial convocado de manera “clandestina” y que habían apoyado la Asociación de Jueces y Juezas Independientes, algunos jueces de Santiago, Baní y de San Cristóbal.
La mañana del pasado martes 11 de octubre por los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva circulaban volantes con cuatro párrafos en los que se llama a los jueces, juezas y empleados a participar en un paro para que “sea aprobada la partida presupuestaria que legalmente le corresponde al poder judicial”.
Algunas de las exigencias que exige el grupo que convocó al paro nacional y el jueves negro son: La puesta en funcionamiento de numerosos tribunales ya creados por ley; recursos suficientes para la reparación de los locales donde funcionan numerosos tribunales de la República; mayor presupuesto para los gastos corrientes correspondientes a recursos humanos, energía eléctrica, servicios de salud, agua, teléfono y material gastable, entre otras.
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