SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Un ciudadano o ciudadana, en su condición de propietario de un negocio, de cabeza de un hogar o de persona particular, tiene una litis pendiente con un relacionado, empleado o cliente.
El caso está en proceso en manos de las autoridades del Ministerio Público o de los tribunales de justicia. Pero la parte contraria se agencia la manera de obtener una supuesta orden de embargo de ejecución inmediata, y cuenta con abogados, alguaciles y fuerzas públicas dispuestas a arrasar con todo en la casa o empresa.
Se trata de los embargos irregulares. Es un problema viejo en República Dominicana, pero que cada día se hace más común, poniendo en entredicho la seguridad jurídica para empresas y personas, y dañando en gran medida el clima o ambiente de negocios del país.
A raíz del reciente caso de las empresas Hormigones América y Tavares Industrial, que fueron noticias de primera plana en varios medios nacionales, el tema ha vuelto a ocupar la atención de los abogados, sobre todo de los notarios, de empresarios y de las autoridades del Ministerio Público.
"El padre de los embargos irregulares", una historia de notarios, justicia y derechos
¿Será que nada lo detiene? Con al menos 13 expedientes en su contra y más de 20 querellas notificadas solo en el Distrito Nacional, el notario suspendido Severino Vásquez Luna sigue dando “palos asechaos”, llevando a cabo embargos contra familias y negocios.
Su último caso fue el de la empresa Hormigones América, a la que Vásquez Luna embargó para cobrarle RD$3.5 millones, acción llevada a cabo el pasado lunes 10 de diciembre, en el kilómetro 13 de la Autopista Duarte. Este caso tiene su origen en un reclamo de un exempleado, Juan Cirilo Nazario.
Una certificación del departamento de División de Registro de Personal y Oficiales de la Justicia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) establece que Vásquez Luna, desde el 31 de marzo del 2016, solo puede desempeñar sus funciones como notario público en el municipio Santo Domingo Este.
Vásquez Luna hizo efectivo el embargo en contra de Hormigones América, pese a que la empresa ha aclarado que cumplió con el exempleado. El abogado tomó como argumento supuestas faltas legales de la empresa, afirmando que no depositó documentos para probar que había pagado todos los derechos al recurso humano despedido.
El notario suspendido se amparó en un fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia, pero que fue apelado por los abogados de la empresa. En fallo, que no es definitivo todavía, disponía del pago de prestaciones laborales por valor de RD$1.5 millones correspondientes a indemnización y costas civiles del proceso por parte del querellante Juan Cirilo Nazario.
Juan Cirilo Nazario se desempeñó por varios años como ayudante de carga en la Hormigones América. Un día este sufrió un accidente laboral que le dejó severas lesiones en una pierna. Por no estar conforme con el trato recibido demandó a su patrono.
Al margen de si la razón está a favor del exempleado o del empleador, el historial del notario Vásquez Luna tiene denuncias y acusaciones en su contra, y enfrenta un juicio disciplinario en el Colegio Dominicano de Notarios. Por su forma de proceder es llamado en los círculos judiciales “el padre de los embargos irregulares”.
Actualmente, el abogado registra más de 20 querellas en el Distrito Nacional y al menos 13 expedientes en su contra por alegadas violaciones a varios artículos de la Ley 140-15 sobre el ejercicio de la profesión de notario.
Este tipo de embargo no es práctica exclusiva del notario Vásquez Luna. Es una vieja modalidad de abuso en la que participan notarios, fiscales y agentes policiales.
Lo ocurrido en Hormigones América es uno de cientos de casos de negocios o familias que son sorprendidos con embargos, confiscaciones y paralización de cuentas bancarias, debido a litis que no han sido concluidas ni han adquirido la condición de caso definitivamente juzgado.
Los embargos irregulares, un problema
Para algunos notarios la práctica de intimidar y doblegar a los empresarios, a familias y a personas particulares,mediante embargos a la carrera, acompañados de fuerzas públicas que hacen una labor de "arrasa todo", se ha convertido en un problema común, sin que ninguna autoridad le haya puesto freno.
Al parecer, para los abogados notarios la trillada frase “yo soy la ley” es tomada muy en serio, pues las sanciones o repercusiones que pudieran tomar las autoridades en su contra no representa ningún temor.
Un caso notorio fue el intento de embargo a la empresa telefónica Altice, que el pasado 22 de septiembre del presente año encabezó la notaria Cibelis Martínez, la cual se acompañó del cancelado alguacil Carlos David Mesa Sención, quien desde el 30 de marzo del 2015, se encuentra destituido bajo la acusación de haber cometido faltas graves.
A la práctica también se suma el reciente embargo en perjuicio de la empresa Tavares Industrial, luego del cual cuatro imputados, entre ellos un capitán retirado, un raso, un venezolano y un civil se encuentran detenidos bajo medida cautelar.
En la lista de notarios suspendidos, encabezado por Vásquez Luna, también figuran con audiencias disciplinarias pendientes los abogados Juan Ferreras Matos, Julio César Troncoso Saint Clair, Margarita del Alba Piñeyro Pérez y Carlos Manuel Fernández Rodríguez.
De acuerdo con las indagaciones hechas por reporteros de www.acento.com.do son más de 150 los abogados notarios suspendidos, pendientes de ser sancionados y sometidos a la justicia por violar varios artículos del Código Procesal Penal y Ley 140-15 sobre el Notario.
Órdenes del Procurador
Asimismo, tras los más recientes escándalos, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, advirtió que el Ministerio Público actuará "drásticamente" contra los intentos de ejecutar embargos irregulares.
Incluso, el Procurador General de la República dijo que solicitará prisión a quienes participen o tengan alguna vinculación con esta práctica.
El titular del Ministerio Público señaló que es “urgente” convertir en ley el proyecto que regula el otorgamiento de la fuerza pública en la ejecución de embargos que reposa en el Congreso.
Fuerza pública en embargos: legal o ilegal
“El principal problema es la forma en que se ejecutan los embargos, a pesar de que es la única vía del acreedor para cobrar su dinero”, consideró el abogado y catedrático Emmanuel Rosario.
Señaló que tanto los embargos como los desalojos constituyen herramientas legítimas para la protección y salvaguarda de derechos en el ordenamiento dominicano, pero debido a los penosos casos que se presentan a diario suelen perder su esencia, legitimidad y finalidad.
Los constantes cuestionamientos en torno al proceso se acrecientan debido a la inclusión del abusivo y excesivo de estas vías de derecho, la ausencia de regulación, y de sanción.
En esencia, con solo tener un título ejecutorio con apariencia de buen derecho, un alguacil, y ahora un notario, para practicar un embargo sobre los bienes del deudor, y sin ningún tipo de remordimiento llevarse de golpe y porrazo el esfuerzo de toda una vida, esta mutilando de manera voraz la legitimidad en los procesos.
Rosario precisa que todos esos conflictos pudieran evitarse si el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley que regula las ejecuciones, el cual se encuentra pendiente de conocimiento y discusión desde el año 2016.
Cury propone juez para la ejecución civil
El abogado Julio Cury volvió a abogar por la creación de un juez de ejecución de lo civil y comercial, tras considerar que sería la "única forma de evitar la comisión de abusos con motivo de embargos ejecutivos y desalojos”.
Cury se mostró en desacuerdo con que el Ministerio Público sea quien otorgue el auxilio de la fuerza pública para tales fines, pues aunque sea un órgano del sistema de justicia, la Constitución delega expresamente esa función a los tribunales del orden judicial.
“El artículo 149, párrafo I, de nuestra Carta Magna establece que la función judicial consiste no solo en administrar justicia para decidir conflictos, sino también en ejecutar lo juzgado, y a renglón seguido aclara que su ejercicio corresponde a los tribunales, y el Tribunal Constitucional ha considerado que se trata de una manifestación típica de su potestad jurisdiccional, y por tanto, que debe ser el Poder Judicial el que ejerza tal potestad ejecutiva”, expuso.
Para el reconocido abogado las vías de ejecución han dado y seguirán dando lugar a atropellos por la ausencia de un juez llamado a comprobar “no solo la autoridad y fuerza ejecutoria de la sentencia o título esgrimido para proceder a su ejecución, sino también a la expresa exigencia legal de que para ello debe hacerse acompañar de fuerza pública autorizada a tales efectos”.