SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Fueron embargadas las cuentas bancarias de los ministros Alejandrina Germán, Donald Guerrero Ortiz, Luis Reyes Santos, Francisco José Reyes Valerio y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, debido al incumplimiento de la sentencia 294, la cual obliga a pagar la suma de RD$ 9 millones 042 mil 628,00 al doctor Carlos Manuel Féliz Cuello, como compensación por los daños y perjuicios.
La sentencia emitida en el 2004 por la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional mediante un recurso de casación, establece que las partes, hoy embargadas, deben responder con el pago de una indemnización aplicada por el tribunal a favor del doctor Carlos Manuel Féliz Cuellos, debido a los daños y perjuicios ocasionados durante un desalojo llevado a cabo en el 2002 en un negocio de servicios y bienes que operaba en un local en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
De acuerdo con el abogado Rafael Helena Regalado, esta no ha sido la primera vez en que se ha tenido embargar a las cuentas bancarias de los incumbentes, debido a que estos se rehúsan a emitir el pago de costas correspondientes.
Desde el pasado 02 de julio del presente año, el ministro Donald Guerrero Ortiz y Luis Baldemiro Reyes Santos quienes tienen fondos registrados en el banco BHD León, cuentan con una restricción bancaria.
Según consta en la referida notificación, al momento del embargo Guerrero Ortiz no disponía de fondos, por lo que su registro no resultó afecto. Mientras que Reyes Santos disponía de un duplo de Nueve Millones Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Veintiocho Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$9, 042,628.00).
Sin embargo, la ministra Alejandrina Germán, Francisco José Reyes Valerio y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), forman parte de la cartera de clientes de dicha entidad, pero fueron recusados del embargo retentivo y a terceros mediante el Banco Central, Scotiabank, Santa Cruz y Banreservas.
Se recuerda que el señor Carlos Manuel Feliz Cuello, a través de sus abogados hizo el reclamo al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Presupuesto, por violar la Ley 86-11 y el artículo 148 de la Constitución.
En el documento legal también precisa que no solo las instituciones públicas que administran fondos públicos deben de responder por las demandas de ciudadanos afectados en sus derechos, sino que también sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, y por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica.