SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Elías Wessin Chávez, entonces Director General de Bienes Nacionales, confesó a la Cámara de Cuentas que existían “fuerzas mayores que no están bajo el ámbito de la Dirección de Bienes Nacionales para solucionar la delicada situación del control de los bienes estatales”, y por eso, le solicitaba no culparlo por las debilidades o indelicadezas identificadas en dos auditorías realizadas a su gestión en el 2008 y a la venta de chátarras en el 2010.

La Cámara de Cuentas remitió con tiempo, el informe final de auditoría a la dirección general de Bienes Nacionales, incluyendo la resolución del 21 de agosto que remitía el caso al Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), y Elías Wessin Chávez no reaccionó adecuadamente, según se desprende de la documentación legal del caso.

El 13 de septiembre también le fue remitida, por parte de Licelot Marte de Barrios, el informe de auditoría sobre la venta de la chatarra, con informaciones sobre las violaciones a los procedimientos legales, y la remisión del expediente al Procurador General de la República y al DPCA, pero Elías Wessin Chávez, tampoco reaccionó dando importancia al problema.

Previamente, el 31 de mayo, Licelot Marte había entregado un informe preliminar con las dos auditorías, dando un plazo de 10 días laborables, para que Elías Wessin Chávez y la Dirección General de Bienes Nacionales, respondieran los aspectos negativos que se presentaban en la investigación del manejo del presupuesto y del manejo irregular de la venta de la llamada chatarra del Proyecto La Cruz de Manzanillo.

El 15 de junio del 2012 Bienes Nacionales respondió excusándose en algunos de los aspectos y responsabilizando a otros de las debilidades de la venta de las chatarras. También solicitó una prórroga de 10 días adicionales para responder otras de las inexactitudes que descubrió en las auditorías.

Decía en su réplica:

“Como se puede apreciar la problemática del control de los bienes estatales no es una responsabilidad solo de la Dirección General de Bienes Nacionales, pues envuelve a todas las instituciones del gobierno nacional, entre las que se encuentran descentralizadas a través de leyes específicas o por la Constitución de la República, que se consideran exentas de enviar informaciones a la Dirección de Bienes Nacionales. Por las razones antes expuestas y otras que podríamos demostrar si se hace necesario, muy cortésmente solicitamos de esa honorable Cámara de Cuentas no tomar este punto en consideración para verter una opinión adversa al Estado de Ejecución Presupuestaria, pues existen fuerzas mayores que no están bajo el ámbito de la Dirección de Bienes Nacionales para solucionar la delicada situación del control de los bienes estatales”.

Como diría cualquier abogado, no más preguntas magistrado, pues a confesión de parte relevo de pruebas. Lo que dice Elías Wessin Chávez es que en la administración de los bienes del Estado, a cargo de Bienes Nacionales, “existen fuerzas mayores que no están bajo el ámbito de la Dirección de Bienes Nacionales para solucionar la delicada situación del control de los bienes estatales”.

Y claro, la reacción de la Cámara de Cuentas, el 21 de agosto, fue remitir las dos auditorías a la Procuraduría General de la República y al Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, para que investigue el caso y proceda judicialmente contra Elías Wessin Chávez y los demás funcionarios de Bienes Nacionales responsables de las ilegalidades detectadas por las dos auditorías.

El DPCA, pese a que tiene el caso en sus manos, y pese a las denuncias que ha habido sobre el tema, aparte de la destitución de Elías Wessin Chávez, se ha quedado de brazos cruzados, guardando silencio absoluto sobre el caso. ¿Sabe usted por qué? Nadie lo sabe.

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