SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Congreso de los Estados Unidos, luego de escuchar varios informes favorables, discutió el Preclearence Authorization Act of 2014, identificado como H.R. 3488. Remitido por el Comité del Homeland Security and Governamental Affairs, se planteó con los siguientes objetivos:
- Prevenir terroristas, instrumentos de terrorismo y otras amenazas a los intereses de los Estados Unidos.
- Prevenir la entrada de personas inadmisibles a territorio de los Estados Unidos.
- Asegurar que la mercancía destinada a los Estados Unidos cumpla con las leyes aplicables a esos productos.
- Asegurar un proceso rápido para la entrada de personas elegibles para entrar a los Estados Unidos, y
- Cumplir con otros objetivos que el Secretario considere necesarios para proteger a los Estados Unidos.
Para los Estados Unidos, esos son los beneficios reales de los acuerdos de preclearance, su verdadero leitmotiv, todo lo demás que se pueda atribuir a estos acuerdos son pura especulación, y hasta el momento no se conoce ningún estudio que demuestre que los norteamericanos, turistas o no, serán atraídos por ese instrumento. Para los ciudadanos americanos, que tienen vía libre para entrar y salir de su país, con puertas dedicadas para ellos, no representa atractivo alguno. Para los ciudadanos dominicanos sí representa algunas ventajas, que posiblemente tengan que pagar onerosamente.
Cada país hace su lectura. República Dominicana firmó el acuerdo en diciembre del 2016 y el Tribunal Constitucional todavía no lo ha fallado. Las versiones que se han ofrecido sobre las bondades del acuerdo siguen siendo especulaciones. No hay ningún estudio. El gran beneficiario es Estados Unidos. República Dominicana ofrece y paga, pero sin reciprocidad, como han repetido los jueces eméritos del Tribunal Constitucional.
Resultó sorprendente que cuatro jueces salientes del Tribunal Constitucional en diciembre del 2020, convocaran una rueda de prensa el 3 de febrero del 2021 en la que entregaron un documento cuestionando el acuerdo y pidiendo al país atención sobre un tema que lesiona la soberanía dominicana.
La queja de los cuatro jueces eméritos del Tribunal Constitucional
Leyda Margarita Piña Medrano, Jottin Cury David, Wilson Gómez Camacho y Katia Miguelina Jiménez Martínez, presentaron un llamado a la nación, diciendo, en resumen, lo que sigue a continuación:
- Que en las evaluaciones desarrolladas por el Consejo Nacional de la Magistratura para seleccionar a los jueces del Tribunal Constitucional en las posiciones vacantes se hicieron preguntas sobre el acuerdo de pre-inspección entre Estados Unidos y la República Dominicana, pese a que el tema está en el TC como control preventivo, desde 2016.
- Preocupa que fuera sondeada la opinión de algunos postulantes, porque forma parte de una campaña tendente a “incidir a favor de la aprobación de ese acuerdo atentatorio a la soberanía de la nación”.
- Se quiere confundir a la población con la falsa información de que un acuerdo similar al que se quiere aprobar fue declarado inconstitucional mediante sentencia 315-15, y que ahora se negoció un nuevo acuerdo flexible. Tal cosa no es cierta.
- Permitir el pre-chequeo implica cesión de la soberanía dominicana. “Eso significaría una extensión de las fronteras de los Estados Unidos en el territorio nacional”.
- Desde el instante que se autorice la presencia de funcionarios armados extranjeros en el área de preautorización, las autoridades aduanales e inspectores dominicanos estarán al servicio de los Estados Unidos, “evidenciándose así una penosa subordinación a un gobierno extranjero desde una función pública”.
Los Clinton conociendo las actividades comunitarias del Grupo Puntacana - El anexo sobre los refugiados es lo más grave del acuerdo. El preclearance evita que terroristas entren a territorio de los EE.UU, pero también evita que solicitantes de asilo lleguen a los EE.UU, donde pretenden formalizar su solicitud. Tales personas quedarían sujetas al territorio dominicano.
- El Estado Dominicano se compromete a consensuar políticas de refugio internamente, pero no compromete a los EE.UU. No hay equidad. “Se trata de una tutela de facultades soberanas que es a todas luces inadmisible, humillante y propia de una etapa colonialista teóricamente superada”. Este anexo vulnera frontalmente los principios de no intervención en los asuntos internos o externos de RD.
- Los acuerdos de esta naturaleza exigen reciprocidad en el plano de igualdad, que no se evidencia en absoluto en el presente caso. Por ejemplo el acuerdo no contempla que agentes dominicanos, uniformados, con armas, operen en territorio de los EE.UU.
- El acuerdo permite la aplicación de las leyes de los EE.UU en suelo dominicano, a las aeronaves, a los viajeros, a los bienes, a los artículos de las tiendas de aeronaves, pero paradójicamente las áreas de pre-chequeos no son consideradas territorio de los EE.UU para fines de solicitudes de asilo.
- El acuerdo convertiría al Aeropuerto de Punta Cana en un destino aún más atractivo para los turistas. "Eso nos obliga a confrontar tales intenciones, porque los viajeros que hayan sido prechequeados en ese aeropuerto estarán sujetos a una nueva inspección aérea a su llegada a los Estados Unidos".
- La disposición evidencia ausencia de reciprocidad en todos los componentes del acuerdo, y hace dudar de la supuesta agilidad del trámite de facilidades a los que ingresen al territorio norteamericano. “El precio que pagaría la República Dominicana al adoptar ese acuerdo de dudosos beneficios colaterales, es injustificado”. Se trata de un regalo envenenado. Nada justifica una cesión unilateral de soberanía mediante un acuerdo que choca frontalmente con la Constitución dominicana “y que constituye una vergüenza nacional”.
- EE.UU tiene derecho a diseñar estrategias para proteger sus fronteras de cualquier amenaza, “pero corresponde a los dominicanos y dominicanas defender su soberanía, la cual es exclusiva, suprema e inalienable”.
Los Clinton-Rainieri y su amistad: ¿quid pro quo?
La política también ha rondado el acuerdo firmado entre Estados Unidos y República para que sea el Aeropuerto Internacional de Punta Cana el primer beneficiario del preclearance, de acuerdo con datos que han ido surgiendo en indagaciones y revelaciones de los protagonistas de las negociaciones.
Olivo Rodriguez Huertas, uno de los negociadores dominicanos, reveló que en 2015 vino al país una amplia delegación del gobierno americano para discutir su propuesta de prechequeos con los dominicanos.
Con el precedente de que el Tribunal Constitución había emitido la sentencia TC/015/15, rechazando un acuerdo de protección para el personal de la embajada de los Estados Unidos en el país, el gobierno quiso asegurarse de que no hubiera colisión entre el pacto y la Constitución de la República.
“Se hizo una cirugía jurídica, un levantamiento de todos los acuerdos, para que no fuera a coludir con la Constitución”, dijo el ex embajador en España.
Los americanos trajeron un acuerdo que ya tenía establecido el aeropuerto de Punta Cana como aeropuerto designado. Es una versión que se maneja, pero otros conocedores del diálogo dicen que incluyó como parte de las conversaciones con los negociaciones locales. Lo que sí está claro es que hubo modificaciones sugeridas en el proceso de la negociación, como la inclusión del anexo de refugiados y los juicios de valor favorables al aeropuerto de Punta Cana incluidos en los “por cuanto” del acuerdo. Juristas consultados señalan que los acuerdos entre estados no individualizan los sujetos favorecidos y que su lenguaje debe siempre referirse innominadamente a los estados o a los ciudadanos y entidades de los estados. Resultó extraño que en un acuerdo entre Estados de inmediato, sin evaluación previa, se dijera que el pacto comenzaría con el Aeropuerto de Punta Cana. Eso lleva a otras preguntas.
Amistad e intereses
¿Puede la amistad, entre personalidades influyentes y públicas, influir en decisiones estatales? Un experimentado y antiguo embajador dominicano en Washington, explicaba que durante su estancia en la capital norteamericana tuvo la oportunidad de conocer la forma de lograr objetivos en la política americana y entender “lo importante de las relaciones personales y cómo una sugerencia de la Casa Blanca tiene extraordinario impacto sobre el Departamento de Estado, el de Comercio, etc”.
Los Clinton han mantenido una estrecha relación con personajes importantes dominicanos, como Oscar de la Renta y Frank Rainieri. Al salir de la Casa Blanca en enero 2001 el matrimonio Clinton pasó sus primeras vacaciones en Punta Cana, invitados por Oscar de la Renta.
Desde entonces han vuelto más de una docena de veces y han esperado la llegada del año nuevo en Punta Cana en 14 ocasiones. Las visitas han sido posibles por la amplia amistad de la pareja Clinton con la pareja de Frank y Haydee Rainieri, propietarios del Grupo Puntacana, propietario del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El 16 de abril de 2009, tres meses después de haber asumido la Secretaría de Estado, procedente de Haití, Hillary Clinton llegó a Santo Domingo en visita oficial. Leonel Fernández la recibió en una cena en el Palacio Nacional, acompañado de funcionarios de su gobierno y empresarios y amigos dominicanos.
En el transcurso de la recepción -según un cable de Wikileaks- Frank Rainieri “preguntó sobre la posibilidad de establecer en la República Dominicana una preinspección para inmigración. Planteó esto en el contexto de la apertura al turismo en Cuba como una necesidad de la RD para competir”. Es con esa pregunta que se inicia una gestión que aún no se completa, y en la que Ranieri ha llevado siempre la posibilidad de ganar.
Haití, los Clinton y la tragedia
El matrimonio Clinton estaba en Punta Cana, esperando la llegada del año 2010, y apenas unos días después -el 12 de enero- se produjo el terremoto que destruyó parte de la capital haitiana. La Fundación Clinton abanderó el proceso de reconstrucción y se convirtió en uno de los focos de atención mundial.
En junio del 2010 se realizó en Punta Cana la Cumbre Mundial sobre el Futuro de Haití, con la asistencia de Bill Clinton en representación de la ONU, y otras personalidades se hicieron presentes para brindar su apoyo. Bill Clinton viajó mucho a Haití y se movía entre Punta Cana y Puerto Príncipe. Su amigo Frank Rainieri le acompañó por lo menos en 12 ocasiones, lo que motivó al empresario dominicano a considerar posibles inversiones turísticas en el sur de ese país y en julio del 2014 apareció como el principal promotor del aeropuerto que se construiría allí.
Pero esa atención que despertaron la Fundación Clinton y la Clinton Global Iniciative (CGI), también las pusieron en el punto de mira del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que las investigó por la posibilidad de estar involucradas en actividades ilícitas en el manejo de fondos. Sus oficinas varias veces han sido registradas, tanto en el 2016 como en el 2018, pero la investigación se cerró por falta de pruebas.
La Fundación Clinton en su historia había recaudado más de 2 mil millones de dólares, tiene 2,000 empleados y su presupuesto anual ha sido de 223 millones de dólares. Uno de los puntos indagados por el FBI ha sido la lista de donantes de la fundación y de la Iniciativa Global Clinton, cuyo grupo más selecto se denomina FOBs (Friends of Bill).
En 2015 Peter Schweizer publicó un libro (Clinton Cash) poniendo ejemplos de donantes a la fundación que fueron beneficiados por decisiones de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien había firmando un memorándum de separación de las decisiones de las fundaciones, mientras ejercía funciones oficiales en el gobierno de Barack Obama.
Un informe del 23 de agosto de 2016 estableció que durante el 2009 y el 2010 “más de la mitad de las llamadas y reuniones que Hillary mantuvo, fueron con donantes de la Fundación”.
Según estos, los años de mayor recaudación de la Fundación Clinton fueron los del periodo en que Hillary estuvo al frente de la Secretaría de Estado (21 de enero 2009 al 1 de febrero 2013) y la etapa en que fue candidata a la presidencia de los Estados Unidos (2014 – 8 noviembre 2016). Luego de esa derrota electoral los ingresos de la Fundación Clinton bajaron un 90 por ciento, respecto a 2014.
Entre otras cuestiones, el Wall Street Journal en un artículo publicado en diciembre de 2015, señalaba que al menos dos docenas de empresas y un gobierno extranjero pagó al ex presidente Clinton más de ocho millones de dólares por dar discursos. Entre ellos dos pronunciados en Abu Dhabi, en el periodo en que se mantenían conversaciones entre el gobierno del emirato y los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional, para discutir la instalación del preclearance del aeropuerto de Abu Dhabi.
Beneficios de doble vía
Si la relación personal del matrimonio Clinton y el matrimonio Rainieri Kuret, está fuera de toda duda, la implicación de Frank Rainieri en los proyectos e iniciativas de Bill Clinton, especialmente en los relacionados con Haití, además de un ferviente apoyo a la candidatura presidencial de Hillary Clinton han sido, para él, motivo de orgullo. La amistad se da también entre los políticos y los empresarios, y no hay razones para cuestionarlos. La pregunta sigue siendo si esas relaciones personales han conducido a decisiones estatales. Y esa es una línea muy fina, a la que resulta casi imposible llegar.
A la vista de esto, surgen una pregunta ¿habrá supuesto, la relación personal del matrimonio Rainieri Kuret con los Clinton, una ventaja?
La relación personal se remonta, al menos, a 2001 y Frank Rainieri forma parte de la Clinton Global Initiative desde 2006.
El 16 de mayo de 2012, The New York Times publicó una lista de donantes de la Fundación Clinton, en la que aparecen dos donaciones vinculadas al Grupo Puntacana y las empresas de la familia Rainieri.
La primera realizada por Puntacana Foundation (Fundación Puntacana) con un valor entre US$ 50 k y US$ 100 k a la Fundación Clinton y, una segunda, realizada por Corporación Aeroportuaria del Este con un valor en el mismo rango, realizada para actividades de la Clinton Global Initiative (CGI).
Incluyendo el periodo 2013 a 2020, las empresas vinculadas a Grupo Puntacana y al matrimonio Rainieri han realizado las siguientes donaciones, según informaciones aportadas por la Fundación Clinton en su propia página web, que se transcriben a continuación:
Entre estas aportaciones destaca la de Punta Cana Foundation, entidad que no genera recursos propios y sus ingresos proceden de las aportaciones realizadas por Corporación Aeroportuaria del Este (propietaria del aeropuerto) y Grupo Puntacana, que estas empresas deducen de su base imponible en aplicación del Artículo 287 del Código Tributario.
Para el caso de los Estados Unidos, estos aportes son voluntarios y lícitos, y sólo resultan evidencia de bienestar y buena voluntad para apoyar el trabajo de entidades sin fines de lucro.