SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La realidad de los residentes en los barrios de la zona norte del Distrito Nacional es difícil, dura. La pobreza y la falta de servicios básicos, desde el agua potable, la electricidad y la recogida de basura hasta el acondicionamiento de cañadas y calles, son el pan de cada día de estos dominicanos y dominicanas que sólo cuentan como votos en cada proceso electoral.

A estas deplorables condiciones se suma un flagelo que por decenios pesa sobre los moradores de estos sectores marginados: El estigma de ser calificados como habitantes de un "barrio malo".

Las poblaciones de los “barrios malos”, tan cerca y tan lejos del centro del poder político y económico, se quejan de los constantes abusos cometidos contra ellos por parte de agentes de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas.

Capotillo es uno de esos barrios en los que sus residentes ya no aguantan más el acoso y violación de sus derechos. El pasado viernes 28 de abril, los moradores se lanzaron a las calles a protestar por la situación indignante en la que viven.

En este sector vive una cantidad importate del población de la capital. En 2002, según el Censo de Población y Vivienda de 2002, Capotillo tenía una población de 18,994 menores de 29 años de edad, lo que representa 61% de su población calculada en 31,000 habitantes.

Son precisamente estos miles de jóvenes y niños los que viven y crecen con el temor que provoca el acoso constante de las fuerzas del orden.

Reclamos de atropello, abuso de poder y violación de derechos en Capotillo

Entre las denuncias de abuso, destaca el caso de Michelle María Rodríguez. Una joven de tan sólo 27 años de edad, que vive sola con sus tres niños, una de ellos de un mes de nacida, a la cual ya se le detectó problemas cardíacos.

Michelle cuenta que el sábado 21 de abril, cerca de las 7:00 de la mañana, irrumpieron violentamente en su casa agentes de la DNCD.

Según narra Michelle, rompieron la cerradura y penetraron en el departamento. Abrieron cajones, voltearon muebles, Le tiraron todas sus pertenencias en el piso y rompieron los equipos que había comprado para montar un centro de manicura. También afirma que le fueron sustraídos 36,000 pesos.

La joven levantó un acta de denuncia donde sostiene que el agente Willi Ávila Ceballos tomó el dinero con el cual pretendía alquilar un local para instalar el negocio. En el documento, Michelle también declara que en su casa no encontraron ningún tipo de droga controlada.

Dice que los problemas de salud de la niña han empeorado después de los sobresaltos y gritos de esa mañana.

Los agentes supuestamente buscaban a la ex pareja de Michelle, con quien afirma, hace mucho tiempo que no tiene acercamiento.

“La juventud aquí en el Capotillo tiene miedo, no puede estar en ningún lado. Tiene miedo de estar en el frente de su casa”

Pero ese no ese no es el único caso reciente sobre el cual la comunidad ha manifestado indignación.

Miembros de la comunidad narran que a mediados de Marzo una motocicleta de las fuerzas del orden fue incendiada. Al parecer, este hecho enfureció a las autoridades, quienes comenzaron a realizar operativos, que los vecinos entienden fueron parte de las represalias.

El 20 de marzo, Genaro Mejía, como es usual en los mercaderes, se levantó a las 4:00 para ir a buscar la mercancía que vendería en el resto del día.

Cuando terminó de vender limones se fue a su casa y después volvió a salir cerca de las 3:00 de la tarde hacia una banca de apuestas deportivas. Después de hacer su jugada, llegaron varios agentes de la DNCD. Quienes según dice sin revisarle, ni hacerle ninguna pregunta le detuvieron y le hicieron montar en la unidad.

Su esposa Wendy,  cuenta como fue el momento de la detención: “cuando me dijeron: ven que a tu marido se lo llevan preso… Me fui detrás de ellos. Cuando le grité a mi esposo, me sobaron la pistola y me apuntaron diciendo: ¡cuidado, para atrás!”.

“Todo el que vive por aquí no es delincuente. Mi esposo tiene todos sus papeles en orden. No tiene antecedentes penales, entonces, ¿por qué le hacen una maldad así? Ellos le dan tiros a la gente, lo amenazan, le dan golpes, le quitan todo lo que tienen; son atracadores. Y todo se queda así. Uno está reclamando sus derechos”, exclama Wendy con onda indignación.

“En este barrio hay mucha gente seria. De que hayan delincuentes, uno no tiene que ver con eso” sostiene Genaro con la voz quebrada

Genaro afirma que estando en el Palacio de Justicia se entera que le acusaban de poseer 9.8 gramos de cocaína. Estuvo más de un mes en cautiverio. Durante ese tiempo su esposa e hijos tuvieron que pasar penuria, pues él es quien lleva el sustento económico al hogar.

Al difundirse la noticia, familiares, vecinos del barrio y mercaderes hicieron protestas en el barrio para que fuera puesto en libertad.

“En este barrio hay mucha gente seria. De que hayan delincuentes, uno no tiene que ver con eso” sostiene Genaro con la voz quebrada.

Actualmente el joven está libre bajo fianza, teniéndose que presentar periódicamente ante las autoridades. Pero dice que aún está temeroso de caminar por las calles, no se siente seguro ni siquiera en el interior de su morada.

La familia dice que le quitaron 600 pesos, unas gafas y un reloj, que nunca fueron devueltos.

Casos del hijo y nieto de Guillermo Lora

Guillermo Antonio Lora dice que su familia ha sido víctima de la DNCD por partida doble. Cuenta con los ojos llenos de lágrimas que hace poco menos de dos años a uno de sus hijos, agentes antinarcóticos le aprehendieron en la calle.

A pesar de que la jueza ordenó su libertad, por falta de pruebas que demostraran la acusación, su abuelo afirma que el tiempo que estuvo preso, fue suficiente para causarle daños emocionales. Vecinos y familiares sostienen que el hijo de Lora, después de estos acontecimientos tenía pánico de salir de su casa.

Lora muestra desesperación porque el drama se repite con su nieto Eduardo Nicolás Santana, de 20 años de edad, quien se encuentra en cautiverio en la cárcel de La Victoria.

Eduardo fue arrestado mediante un operativo de la Policía en la calle 42 y conducido a la DNCD. Actualmente enfrenta una acusación de encontrársele 10.68 gramos de cocaína.

“Cuando supe eso el pecho se me quería salir por la boca, porque ese niño es bueno, se levanta todos los días a trabajar y nadie puede decir que ha bregado con drogas”, afirma visiblemente conmovida una de las vecinas sobre la Lora.

El párroco de la Iglesia San Juan Bautista de la Zurza, Antonio Méndez, testificó a favor del joven sosteniendo que: “yo lo conozco a él, su comportamiento es ejemplar, se levanta temprano para ir a trabajar, es una persona de trabajo, está ligado a la iglesia, su abuelo es ministro de la Iglesia…”

“Yo no escuché ninguna explicación”

Reyes Soto fue detenido por la DNCD en la compraventa cercana a su vivienda. Kyrsis Paula, esposa de Reyes Soto, empleado de un taller de arreglos de baterías, cuenta que el día 10 de marzo en su casa no había gas y su esposo tomó tres anillos suyos y salió a empeñarlos.

Según su versión de los hechos, entrando a la compraventa llegó la Dirección Nacional de Drogas y detuvo a dos personas, su esposo y a otro, sin encontrarle drogas en su posesión. Al otro detenido lo soltaron, cerca de las 10:00 p.m., mientras que a Reyes le mantuvieron detenido imputándole 3.16 de cocaína.

“Le pasaron causa rápidamente, lo mandaron a la DNCD, de ahí al Palacio. Ahora un mes preventivo en el Victoria. Pregunté en la DNCD por mis anillos y no me los dieron.

Danilo de la Cruz, profesor de educación básica, sostiene que algunos de sus alumnos muestran signos de depresión a partir de que sus padres han sido violentados por la Policía

Al muchacho que soltaron yo le pregunté qué pasó. Me dijo- A mi me soltaron porque dijeron hace un año a ti mismo te hicimos este daño, ahora se lo vamos a hacer a tu compañero” declara Kirsys.

El dependiente de la compra venta afirma que el joven no estaba haciendo nada particular y que los agentes llegaron y lo detuvieron. También sostiene que el detenido les dijo que acudió al lugar a empeñar unos aretes de plata. “Yo no escuché ninguna explicación”, expresó el encargado del negocio de empeño.

El dependiente de la compra venta afirma que el joven no estaba haciendo nada particular y que los agentes llegaron y lo detuvieron. También sostiene que el detenido les dijo que acudió al lugar a empeñar unos aretes de plata. “Yo no escuché ninguna explicación”, expresó el encargado del negocio de empeño.

La comunidad manifiesta impotencia

El clamor general de los residentes en Capillo pide que se paré el abuso de poder de las fuerzas del orden.

“La juventud de Capotillo tiene miedo, no puede estar en ni siquiera en el frente de su casa”, expresa una de las jóvenes de la comunidad que marchaba en protesta por las acciones policiales.

La situación generalizada parecería ser de miedo. Temor no sólo a los atracos y actos violentos de los delincuentes comunes, sino hacia quienes se supone son los encargados de velar por su seguridad.

Los daños psicológicos que estas situaciones están causando en los niños son visibles. Danilo de la Cruz, profesor de educación básica, sostiene que algunos de sus alumnos muestran signos de depresión a partir de que sus padres han sido violentados por la Policía.

En el caso particular de Kirsys, su hijo tiene visibles trastornos psicológicos que según su madre son resultado del apresamiento de su padre.

A pesar de que el sentido de pertenencia al barrio no merma con estos hechos, sí varía su manera de ver la realidad y el sitio en el que se colocan en el mundo.

Posición de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas

Desde las fuerzas del orden que intervienen en esta situación las posiciones son diferentes. Máximo Báez Aybar, vocero de la Policía Nacional afirma que tienen conocimientos de las protestas en Capotillo. Dice que las denuncias y las investigaciones son previas a las manifestaciones públicas y colectivas en el barrio Capotillo.

“Se encomendó una investigación y todo agente que sea encontrado cometiendo abusos, será sometido. No permitiremos abusos de ningún tipo”, expresó Báez Aybar.

Según sostiene el representante de la PN se han se han atendido las denuncias  y comprobado abusos de poder por parte miembros de esa institución.

Por su lado, Roberto Lebrón, vocero de la DNCD, declara que la posición frente a las denuncias es que la institución “seguirá cumpliendo de manera estricta la Ley 5-88 para sacar de circulación y entregar al Ministerio Público a todo aquel que se dedique a a la venta de estupefacientes, siempre respetando la dignidad de estos”.

Sostiene que no es cierto que hacen operativos al azar y sin acompañamiento de miembros del Ministerio Público.Niega categóricamente que se estén cometiendo abusos. “Todo delincuente que ha sido sorprendido violando la ley, alega que sus derechos han sido violentados”, expresó Lebrón. Se muestra convencido de que todo “es una treta para descalificar el trabajo de la DNCD”.

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