ROMA, Italia.- El cardenal Angelo Becciu, antiguo alto cargo de la Secretaría de Estado vaticana, ha defendido su "inocencia" y ha negado las acusaciones de malversación y soborno que le imputa la justicia del Vaticano tras la primera audiencia por las irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en Londres y otros cargos.
"Estoy sereno y tranquilo. Tengo confianza en que los jueces sabrán ver con claridad los hechos y mi gran esperanza es cierta que reconocerán mi inocencia", ha declarado a la salida del juicio a través de su abogado, Fabio Viglione.
De este modo, el purpurado a quien el papa cesó en septiembre de su cargo como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y le despojó de sus derechos relacionados con el Cardenalato por su supuesta implicación este caso, se ha mostrado confiado en que "la aportación de las numerosas pruebas y testimonios" lograrán demostrar "su inocencia de toda acusación". "Siempre fui obediente al papa", ha señalado en su declaración.
Se trata de la primera vez que el Vaticano sienta en el banquillo de los acusados a un cardenal. En abril, el pontífice derogó la ley que impedía que los cardenales de la Curia Romana fueran juzgados por un tribunal ordinario y decretó que pudieran comparecer también como acusados o como testigos en un proceso en un tribunal de primera instancia del Vaticano, que está compuesto también por jueces laicos.
De hecho, en este juicio, tanto el presidente del Tribunal como los dos adláteres son laicos. Esta primera audiencia duró poco más de siete horas, según narraron los periodistas que se habían acreditado para seguir el proceso desde la sala polifuncional de los Museos del Vaticano habilitada para la ocasión.
CON UNA SIMPLE SOTANA
Durante el juicio, Becciu estuvo presente junto a su abogado y su exsecretario privado, monseñor Mauro Carlino, que también está imputado. El equipo legal de los acusados presentaron en bloque una serie de apelaciones técnicas para solicitar la nulidad del juicio por supuestos errores técnicos que habrían sido cometidos por los fiscales del Vaticano.
En el juicio, que continuará el 5 de octubre, están imputadas otras nueve personas por delitos como malversación, blanqueo, fraude y abuso de poder por la compra irregular de un edificio en Londres, que provocó un agujero de casi 400 millones de euros en las cuentas del Vaticano.
El promotor de Justicia (fiscal vaticano), Gian Piero Milano, empezó su investigación en 2019 y en su informe detectó "graves indicios" de corrupción en un caso de inversiones inmobiliarias.
Por aquel entonces, Becciu era el responsable de esas operaciones, pues ocupaba el cargo de sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, puesto que dejó en 2018 tras ser designado por el papa Francisco prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
El papa ha querido que fuera procesado
El hasta hace poco uno de los más poderosos de la Curia insistió en que siempre ha sido obediente al papa, "que me ha encargado muchas misiones en la vida y que ha querido que fuera procesado. Estoy sereno, con la conciencia tranquila".
El tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano celebró hoy la primera audiencia del juicio contra Becciu y otras nueve personas entre clérigos y laicos vinculados a la Secretaría de Estado, órgano de Gobierno, y financieros del ámbito internacional. La próxima será en la mañana del 5 de octubre.
Entre la lista de delitos figuran la estafa, abuso de autoridad, malversación, corrupción, blanqueo de capitales o apropiación indebida. Becciu afronta los de abuso de poder y peculado.
En el centro de las investigaciones, iniciadas en 2019, está, además de la compraventa de un edificio en un lujoso barrio londinense cuajada de presuntas irregularidades, la gestión del Óbolo de San Pedro, que invierte los donativos de los fieles en obras de caridad.
Se trata de un proceso histórico por ser la primera vez que sienta en el banquillo del Vaticano a un cardenal, juzgado por jueces laicos, pues los hechos remontan a 2013, cuando él era sustituto de la Secretaría de Estado.
Becciu, de 73 años, con mascarilla y una simple sotana, era hasta el año pasado uno de los hombres más poderosos de la Curia, considerado el "número tres" dentro de los muros leoninos, hasta que en septiembre de 2020 fue defenestrado por Francisco por este caso.
Licenciado en Derecho Canónico, en los Ochenta accedió a la red diplomática de la Santa Sede trabajando en delegaciones de medio mundo, desde Sudán o Nueva Zelanda hasta Reino Unido o Francia.
Su ascenso se consolidó con Juan Pablo II (1978-2005), que le hizo arzobispo, y Benedicto XVI (2005-2013) le puso en 2011 en como sustituto en la poderosa Secretaría de Estado, principal ente de Gobierno del estado.
Francisco le creó cardenal en 2018 y le nombró prefecto para las Causas de los Santos. Un año más tarde, el nombre de aquel nuevo príncipe de la Iglesia acababa salpicado por estas irregularidades.
¿EL OCASO DE UN PURPURADO?
Era el principio de su ocaso. En la tarde-noche del 24 de septiembre de 2020, un comunicado oficial de tres líneas anunciaba su fin como prefecto y la retirada sus derechos del cardenalato, aunque no el título, lo que le cerraría la posibilidad de acudir a un cónclave.
El fiscal Gian Piero Milano ha visto "graves indicios" delictivos en una red compuesta por diez personas, entre estas Becciu. El resto, empezando por los más mediáticos, son el broker Gianluigi Torzi, y una espía de gustos caros, Cecilia Marogna, que tenía el supuesto encargo de crear una red diplomática paralela.
Los demás son monseñor Carlino, el banquero Enrico Crasso; el gestor Fabrizio Tirabassi, los expresidente y exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, respectivamente, el abogado Nicola Squillace y el contable que gestionaba las ofrendas e los fieles, Raffaele Mincione.
Becciu y Carlino, los únicos que acudieron hoy, serán juzgados en persona mientras que lo hará en contumacia y ante sus abogados Crasso, Di Ruzza, Marogna, Mincione, Squillace y Tirabassi. En el caso de Torzi, no puede asistir porque está detenido en Londres.
FRANCISCO Y LA TRANSPARENCIA
Francisco quiere que la Justicia llegue a todos y en abril firmó un "motu proprio" para acabar con el aforamiento de cardenales y obispos, permitiendo que fueran juzgados en tribunales ordinarios.
Asimismo, en un gesto por la transparencia, el pasado sábado el Vaticano hacía públicas por primera vez las cuentas del organismo de Administración del Patrimonio de la Santa Sede.
El papa ha instado a algunos de sus más estrechos colaborados a someterse a la justicia, como ocurrió con el cardenal George Pell, que volvió a Australia para responder en un juicio por pederastia del que finalmente fue absuelto en abril de 2020. (Con informaciones de EFE y Europa Presss)