SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED) manifestó que aboga por el desarme general de la población, tomando en cuenta que más del 60 por ciento de las muertes violentas y los feminicidios se producen con armas de fuego.
Empero, ha asumido la iniciativa de observar el proyecto de Ley para el Control y Regulación de Armas de Fuego del diputado Ito Bisonó, bajo el entendido de que es el marco jurídico que ya ha sido aprobado y el que puede ser finalmente promulgado.
“Hoy día es más natural ver personas armadas en nuestras calles que ver personas mostrándose afecto. Propiciar un clima de armonía en nuestra sociedad debe ser la responsabilidad mayor del Estado y para eso es preciso restringir el uso de las armas de fuego”, señaló Orlidy Inoa, directora Ejecutiva de ICED.
Además, destacó que han incorporado algunos aspectos que tienen relación con perspectiva de género en la prevención de la violencia armada.
Señaló que a estas observaciones se suman otras organizaciones y personas, entre ellas, Educación Espejo, Lucha X tus Derechos, RAP, KlkcontuRepresentante, CONAMUCA, mujeres pertenecientes al Foro Feminista, y la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social de la UASD.
Observaciones:
Establecer una separación clara entre las licencias de porte y las licencias de tenencia. A su vez, y para todos los tipos de licencias de civiles, que se fije un máximo de armas de fuego que pueda poseer una persona, no siendo nunca mayor a dos (2).
Incluir una prohibición expresa respecto del uso de fusiles en civiles, puesto que se trata de armas mucho más peligrosas por su alta letalidad y que por tanto no deben estar en manos de nadie.
“Hoy día es más natural ver personas armadas en nuestras calles que ver personas mostrándose afecto. Propiciar un clima de armonía en nuestra sociedad debe ser la responsabilidad mayor del Estado y para eso es preciso restringir el uso de las armas de fuego”
Agregar la presentación de una autorización notariada por parte de la pareja que convive con la persona que desea obtener el arma, señalando que no tiene ningún tipo de objeción al respecto. Esto impediría que hombres con algún historial de violencia en sus hogares lleven armas.
Añadir suspensión de licencia por aplicación de medidas cautelares por parte del Ministerio Público ante denuncias o querellas por casos de violencia de género o intrafamiliar, tal y como ya ha entendido el Tribunal Constitucional.
Crear un artículo nuevo que limite la cantidad de armas de fuego y municiones que pueden importar las empresas para uso civil al año, respondiendo a necesidades especiales de protección y no a un armamentismo con simples fines económicos.
Restringir los permisos a “jóvenes tiradores”, nunca menores de 16, solo para prácticas de tiro deportivo u olímpico.
La perspectiva de desarme debe ser transversal a todo el proyecto de ley. El Estado debe asumir la responsabilidad de implementar campañas periódicas de desarme voluntario, canje de armas, bajo una estrategia comunicacional pensada para desincentivar la demanda de armas de fuego.