SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio de las Fuerzas Armadas sigue sin recursos para la instalación de los equipos de logística militar adquiridos hace dos años por el gobierno dominicano con la finalidad de salvaguardar la seguridad de la frontera terrestre con Haití.
Aunque algunos ya están en funcionamiento, los campamentos prefabricados para a alojar a los casi 2 mil soldados continúan deteriorándose en la frontera.
Los equipos fueron comprados para mejorar el trabajo del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), a un costo de 12 millones de euros.
Las Fuerzas Armadas necesitan para instalación los dispositivos militares unos RD$200 millones, dinero que no fue contemplado en el presupuesto del 2012.
La suma requerida supera la partida presupuestaria para el CESFRONT, de 95. 9 millones de pesos. La obra está sujeta a una partida adicional que debe suministrar la Dirección Nacional de Presupuesto.
En el Ministerio de las Fuerzas Armadas nadie quiere referirse oficialmente sobre al tema, incluyendo su titular el teniente general Virgilio Pérez Féliz
Parte de las propiedades adquiridas presentan signos de deterioro, ya que están depositadas a la intemperie, sobre todo, los dos cuarteles móviles con capacidad para alojar 500 tropas.
Estos dos campamentos militares serian levantados en la provincia de Dajabón (Noroeste) y en el municipio de Jimaní, provincia Independencia (Suroeste), donde hay una mayor concentración de militares del CESFRONT.
Para la compra de los referidos equipos el gobierno dominicano firmó un contrato de financiamiento con la compañía española ARPA por un monto de 12 millones de euros, a través del Ministerio de las Fuerzas Armadas.
Además de los dos cuarteles prefabricados, que serían ubicados en sitios estratégicos, hay 10 modernos puestos móviles de chequeos y controles de avanzada. Varios de estos ya fueron instalados.
La puesta en funcionamientos de los campamentos militares es una necesidad vital para el personal del CESFRONT que presta servicios en labores de vigilancia y protección de la frontera terrestre.
El contrato para la adquisición de los equipos, con una empresa española, se hizo sin licitación y no se incluyó el costo de instalación.
En el Ministerio de las Fuerzas Armadas nadie quiere referirse oficialmente sobre al tema, incluyendo su titular el teniente general Virgilio Pérez Féliz.
La compra fue hecha durante la gestión del mayor general Rafael Peña Antonio, quien para tales fines habría desviado fondos destinados para el pago de los Aviones Súper Tucanos.