SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional el instrumento de ratificación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligaría al presidente Danilo Medina a someterla de nuevo al Congreso o cargar la responsabilidad de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.
La denuncia de la Convención conlleva un año de preaviso, período en que seguirían surtiendo efecto violaciones de derechos humanos y no invalidaría las condenas emitidas por la CIDH, cuyo incumplimiento podría ser dilucidado en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y otros foros internacionales.
Una carga bien pesada
Es criterio generalizado entre especialistas en derecho constitucional y relaciones internacionales que la sentencia 256-14 del TC constituye una carga muy pesada para el gobierno del presidente Medina que ha consumido tiempo y energía durante los últimos 14 meses tratando de paliar la reprobación universal desde la emisión de la sentencia 168.13 que dejó sin nacionalidad a decenas de miles de dominicanos descendientes de inmigrantes irregulares, en gran proporción haitianos.
Entre septiembre del 2013 y mayo pasado el gobierno tuvo que concentrar esfuerzos para afrontar las consecuencias de la sentencia que desconoció retroactivamente hasta 1929 los registros de nacimiento de decenas de miles de personas, lo que genero un amplio rechazo internacional y una profunda división nacional. Durante ese período el presidente Danilo Medina y sus principales colaboradores del Ministerio de la Presidencia tuvieron que emplearse a fondo para buscar "una salida humanitaria" a la masiva y grave exclusión.
En un panel realizado el miércoles en Teleantillas los juristas Carlos Salcedo, Francisco Alvarez Valdez, Naseff Perdomo y Fernanda Frías coincidieron en declarar vergonzosa y carente de argumento la sentencia. Como Eduardo Jorge Prats y Flavio Darío Espinal, señalaron que una salida para el presidente Medina podría ser enviar al Congreso la declaración de adhesión a la CIDH
La mayoría de los dirigentes del partido de gobierno y de sus aliados parecieron ignorar la posición del mandatario y se sumaron a los planteamientos ultranacionalistas que reivindican una soberanía absoluta que los tratados internacionales han relativizado. Creyeron encontrarla en la aprobación y promulgación de la Ley 169-14 que devuelve la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares que no hayan incurrido en falsedad de escritura pero obligaba a inscribirse como extranjeros al segmento que nunca fue inscrito en el registro civil.
En medio de denuncias sobre incumplimiento de esta ley y acabando de ampliar el estrecho plazo que se otorgó a los nacidos en el país carentes de registro civil, el gobierno se enfrentó a la sentencia condenatoria de la CIDH y al reactivo dictamen del TC que complica las relaciones exteriores del Estado dominicano, con grave responsabilidad sobre el presidente Medina, situación en la que el gobierno no quería verse comprometido.
Denunciar la Convención
Al dictaminar que la adhesión dominicana a la CIDH, dispuesta por el presidente Leonel Fernández en 1999, desconoció la Constitución de la República y no surte efecto, equivale a desconocer una facultad avalada por el Estado durante 15 años, incluso en la misma ley orgánica del TC y en varias de sus sentencias, y tan retroactiva como la desnacionalización masiva.
Corresponderá al presidente Danilo Medina, en su condición de jefe del Estado, notificar la sentencia a la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que en la práctica implica denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, porque es la que instituye la CIDH en su Capítulo VIII, integrado por 31 artículos, la cual fue firmada por el Estado y ratificada por el Congreso Nacional en 1977.
La Convención no prevé la situación dominicana, de que un miembro alegue que no había reconocido la competencia de la CIDH después de una condena tras un proceso en que se defendió durante más de una década, pero sí la posibilidad de denunciarla, cuando en su artículo 78 numeral 1 que establece: "Los Estados partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes".
Contrario a lo que aducen quienes promueven la salida dominicana de la Corte Interamericana, la denuncia de la Convención no invalidará las condenas pronunciadas ni detendrá los procesos pendientes, ya que el numeral 2 del mismo artículo 78 indica que "Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto", es decir un año.
Serias consecuencias
Expertos, como Eduardo Jorge Prats, han sostenido que para denunciar la Convención se requiere una previa reforma constitucional, en virtud del artículo 74.3 de la carta magna que indica que "Los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.
La denuncia conlleva muchos riesgos, el primero será afrontar un escenario internacional todavía más desfavorable que el que en el último año trajo al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente de la Unión Europea y al vicepresidente de Estados Unidos, movidos por el interés de abrir a la nación espacio de reconciliación con el derecho internacional.
Baste advertir que esta semana se produjo un hecho tan inesperado como la declaración del gobierno de Uruguay que deploró el intento de desconocer la CIDH "porque podría tener consecuencias jurídicas que debilitarían el compromiso de República Dominicana con el sistema interamericano de derechos humanos" y reafirmó la posición uruguaya de "firme respaldo" al mismo y a sus dos órganos fundamentales, la Comisión y la Corte Interamericanas.
Así como en el país han sido escasos los expertos que han defendido las sentencias del TC, en el exterior lo que puede esperarse es comunicados como el de esta semana de 52 organizaciones encabezadas por Amnistía Internacional , el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación Robert Kennedy y la Oficina para América Latina de la Conferencia Nacional de Iglesias de Estados Unidos. El Caucus Negro del Congreso norteamericano y un grupo de estados africanos han mantenido expectativa de que la desnacionalización masiva sea revocada, y se dice que prestos a declarar boicots contra la República, bajo acusación de discriminación racial y apatridia. Todo lo que puede esperarse será dañino para la imagen de un país muy dependiente del turismo, remesas, la inversión y el crédito internacional. Situarse fuera del derecho internacional implica riesgos.
Mandarla al Congreso
Las demandas internas para que el gobierno evite denunciar la Convención y convertirse en paria de los derechos humanos, incluyeron esta semana a 36 organizaciones, y no son muchas más por temor al chantaje nacionalista pero la preocupación abarca a importantes sectores empresariales.
Frenando el derrotero de simple rechazo de la sentencia de la CIDH, el canciller Andrés Navarro anunció al comenzar la semana que el gobierno había decidido iniciar una serie de consultas con los expertos constitucionalistas y en derecho internacional. Se sabe que varios de los más acreditados han sido ya escuchados y que fuera de los militantes en los grupos nacionalistas, hay consenso sobre la "orfandad jurídica" de la sentencia del TC.
En un panel realizado el miércoles en Teleantillas los juristas Carlos Salcedo, Francisco Alvarez Valdez, Naseff Perdomo y Fernanda Frías coincidieron en declarar vergonzosa y carente de argumento la sentencia. Ellos, como antes Jorge Prats y Flavio Darío Espinal, señalaron que una salida para el presidente Medina, sin contradecir la sentencia del TC, podría ser enviar al Congreso la declaración de adhesión a la CIDH solicitándole una nueva ratificación.
Eso no sería del agrado de los radicales nacionalistas, pero remitiría el debate a un escenario legítimo y pluripartidista y el presidente no cargaría él solo con la responsabilidad de denunciar el sistema de derechos humanos con argumentos risibles.
Consultar a la misma CIDH
El punto 22 del dispositivo de la reciente condena de la CIDH da un plazo de un año al Estado dominicano a partir de su notificación para "rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma", por lo que el gobierno no tiene que precipitar ninguna decisión. Tiene derecho incluso a apelar a la misma corte acogiéndose al artículo 67 de la Convención que aunque plantea que el fallo de la corte es definitivo e inapelable, "En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretaría a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la notificación del fallo".
Con ratificar que se estudia la situación y pedir la consulta, que podría incluir la pregunta de si es posible desconocer la corte sin denunciar la Convención, se ganaría tiempo y el gobierno podría desplegar una estrategia destinada a buscar apoyo para ver con frialdad las consecuencias de la ruptura y de un "ilícito internacional", como lo calificó el exembajador ante la OEA Roberto Alvarez, que generaría por lo menos aislamiento. Si en el ínterin se decide cumplir la ley 169-14, entregando las actas de nacimiento retenidas ilegítimamente, podría fortalecerse la posición de que el Estado trata de evitar la apatridia. En organismos internacionales hay desconcierto porque a seis meses de promulgada esa legislación apenas un puñado de los desnacionalizados han recibido sus documentos.
Para todo eso se precisa un mayor protagonismo presidencial, por ejemplo para persuadir a la Junta Central Electoral que acate definitivamente la ley que dispone la entrega de las actas de nacimiento y cédulas a los hijos de inmigrantes irregulares que no hayan sido responsables de falsificación de documentos, que son la inmensa mayoría. Si Danilo Medina quiere seguir gobernando sin contradecir a los ultranacionalistas, no tiene ninguna opción que no sea cargar con la responsabilidad histórica de denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y dejar a la sociedad dominicana sin ese recurso.-
(*) Escrito para el diario Hoy. El portal Acento.com.do lo publica con la anuencia del autor