SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Por vía del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), el gobierno dominicano y los partidos opositores en dialogado sobre la posibilidad de algún entendimiento, y eliminación de las protestas en las calles y frente a la Plaza de la Bandera en la capital dominicana, así como en los municipios del país, pero no han llegado a conclusiones.
Acento se enteró la tarde de este viernes que frente a la concentración que se tiene planeada realizar, por llamado de 14 partidos de oposición, para el domingo 23 de febrero, a partir de las 9 de la mañana en las avenidas 27 de Febrero y Núñez de Cáceres, en la capital, el gobierno prometió invitar a la organización de Estados Americanos (OEA) para que realice una investigación de lo ocurrido con la interrupción de las elecciones municipales. La oposición habría rechazado la propuesta, porque se trataba de algo demasiado obvio, pedido por todos los actores y hasta solicitado por la Junta Central Electoral, y que no había razones para descontinuar su llamado a las protestas. 
Un poco después, el Palacio Nacional anunció que en Washington funcionarios del gobierno se habían reunido con el secretario General de la OEA, Luis Almagro, para pedir la realización de una investigación independiente sobre el fallido intento de realizar las elecciones municipales con el voto automatizado.
El anuncio del gobierno explicaba lo siguiente: “En vista de lo anterior, el presidente Danilo Medina instruyó al ministro Administrativo de la Presidencia, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo y al embajador dominicano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) reunirse con el Secretario General de la OEA Luís Almagro para ventilar este asunto y explorar vías de cómo proceder ante una situación como la que enfrentamos los dominicanos en esta coyuntura. La reunión con el Secretario General Almagro se produjo en el día de ayer en la sede de la OEA en la ciudad de Washington, D. C.
Como resultado de esta reunión, el Gobierno dominicano considera que el curso de acción más idóneo es solicitar a la OEA que haga una auditoría-investigación que arroje luz sobre lo que pasó en el sistema de votación automatizado en la República Dominicana que dio lugar a la suspensión de las elecciones municipales”. 
La oposición, integrada por 14 partidos ahora coordinados en sus actuaciones y con la presencia del ex presidente Leonel Fernández, rechazó desistir de las protestas. Los partidos de oposición levantaron una encuesta sobre percepciones y creencias de la actual crisis, y el resultado fue el siguiente:
Preguntaron quién es el culpable de lo ocurrido el domingo 16 de febrero y la respuesta fue 47%, que fue el Palacio Nacional, el PLD y el poder, el 30 por ciento que fue la JCE la responsable del fracaso, y sólo el 4% dice que fue la oposición.
Otra señal la adopción de medidas la dio la JCE cuando anunció la suspensión temporal de su director de Informática, Miguel Angel García, y la centralización de la dirección de informática en 4 subdirectores quienes deberán tomar desiciones en conjunto.
Para flexibilizar más las tensiones con la oposición, el Palacio Nacional anunció que solicitó al Ministerio Público descontinuar la investigación que realizaba sobre el daño al sistema de voto automatizado, y desistir de las acciones penales contra los investigados, un técnico de Claro y un coronel de la Policía Nacional asignado a la seguridad de Luis Abinader, candidato presidencial del PRM.
“En vista de lo anterior, le estamos solicitando al Ministerio Público que suspenda su investigación sobre este caso para dar oportunidad que la OEA y demás organismos de carácter internacional puedan llevar a cabo una investigación sin contaminación de los actores políticos”. 
La oposición, sin embargo, sigue sin ceder en sus reclamos de transparencia, y comienza a sacar otras conclusiones sobre el voto manual y los planes que se tenían desde el partido de gobierno, a través del mecanismo de transmisión de datos de los centros de votación hacia los equipos de transmisión de datos de la JCE.
Un elemento de discordia adicional, que no ayuda al gobierno, es la respuesta ofrecida por la Procuraduría General de la República a Participación Ciudadana, sobre el concurso interno para la selección de titularidades en 17 posiciones relevantes del Ministerio Público. Participación Ciudadana, haciéndose eco de denuncias de fiscales activos, que sin dar sus nombres, revelaron a Acento las actuaciones de Jean Alain Rodríguez para controlar por los próximos cuatro años el Ministerio Público, colocando ahora fiscales en las procuradurías especializadas y en las fiscalías titulares a activistas del partido de gobierno.
Luego de acusar al Procurador de querer controlar políticamente el Ministerio Público con nuevas designaciones en medio de la crisis electoral, demandó que durante el período electoral y de transición, sin importar quién gane las elecciones, el Consejo Superior del Ministerio Público, bajo el control del procurador General de la República, “aplique las buenas prácticas que indican que no se deben tomar decisiones de esta naturaleza en medio de elecciones, y detenga el concurso público que lleva a cabo”, y que tiene como fecha límite este sábado 22 de febrero. 
El procurador negó las acusaciones y pidió a Participación Ciudadana las pruebas: “En tal sentido, le solicita a esa organización presentar las evidencias o testimonios reales de que el procurador haya pedido a algún miembro del Ministerio Público su renuncia, ya sea verbal o escrita”. El caso probablemente vaya a los tribunales, a instancia del propio procurador o de los fiscales cercanos al oficialismo.
La oposición ha tomado nota de ese episodio. La doctora Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República, solicitó al presidente Danilo Medina suspender el concurso que concluiría este 22 de febrero. Jean Alaín Rodríguez dice que lo continuará porque estaría, según él, cumpliendo con la ley.
A la vista, el Consejo Nacional de la Empresa Privada no ha conseguido apaciguar los ánimos ni encontrar ninguna salida a la crisis, aunque consiguió decisiones tímidas de la JCE y del gobierno dominicano, con las resoluciones anunciadas en el día de hoy.