WASHINGTON, EEUU.- “América Latina y el Caribe: política estadounidense y temas en el 116° Congreso” se denomina un informe de 60 páginas que el Capitolio publicó este mes de enero y que resume, en algunos casos país por país, las iniciativas de la Casa Blanca y las del Capitolio, especialmente en los últimos dos de los cuatro años de la Administración Trump.
Por países, se detuvo en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Haití, México, Nicaragua y Venezuela.
“EEUU mantuvo fuertes vínculos con la vecina América Latina y el Caribe basado en la proximidad geográfica y sus diversos intereses, incluidos los económicos, políticos y preocupaciones de seguridad”, en tanto que para las naciones de su llamado peyorativamente “patio trasero”, EEUU “es un importante socio comercial y fuente de inversión extranjera”, arranca el informe, "on line" desde el 7 de enero.
Recuerda que con 11 países tiene acuerdos de libre comercio “que mejoran los vínculos económicos”, pero evidentemente no al punto de llegar a desanimar la emigración, “tanto legal como ilegal”, una de las causas medulares de ese fenómeno que también obedece a la inseguridad y a otros factores, según evalúa.
El anhelo de frenar el flujo de drogas también ha sido “un componente clave de las relaciones de Estados Unidos” y “actualmente implica una estrecha cooperación de seguridad con México, Centroamérica y el Caribe”, destaca.
Sobre democracia y derechos humanos, apunta claramente como países deficitarios a Cuba, Nicaragua y Venezuela, gobernados por corrientes que se dicen de izquierdas, pero que, en la práctica, han evidenciado en algunos de sus líderes mayor apego a los delitos, al abuso y la arbitrariedad contra las personas, a la ineficacia y la corrupción de sus dirigentes, que a principios ideológicos.
Aunque la región en su conjunto ha logrado “avances significativos en las últimas cuatro décadas en términos de política y economía hacia el desarrollo, persisten desafíos notables y algunos países han experimentado reveses importantes, los más prominentes evidenciados en Venezuela, que ha descendido a la dictadura y al colapso económico”, evalúa el informe del Legislativo estadounidense.
También dedica vasta atención a los efectos económicos, sociales y políticos de la pandemia de coronavirus en toda la región.
De la colaboración a la confrontación
Bajo la Administración Trump, redondea, las relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe tuvieron un "enfoque de confrontación", relegando el de "participación y asociación" que atribuye a las de sus predecesores.
En cada uno de los últimos cuatro años, “los presupuestos de ayuda exterior propuestos por la Administración Trump para la región redujeron significativamente los niveles de asistencia” y para disuadir el aumento de la migración, ejemplifica, la Administración saliente “utilizó una variedad de herramientas de política de inmigración conjuntamente con recortes de ayuda y amenazas de aumento de aranceles e impuestos estadounidenses sobre las remesas”, entre otras directrices de "más garrote que zanahoria".
Del NAFTA a Cuba
Trump, recordó el informe, criticó duramente y amenazó repetidamente con retirarse del Tratado de Libre Comercio Norteamericano (NAFTA), lo que obligó a la negociación del nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá.
La Administración Trump también impuso una amplia política de sanciones individuales a quienes conforman el Gobierno de Venezuela y cambió la política de Estados Unidos hacia Cuba con sanciones individuales y también generales, especialmente a los viajes y a las remesas.
Lo hecho y deshecho por el 116° Congreso
Destaca que, ante las solicitudes de presupuesto de ayuda exterior reducidas, el Poder Legislativo decidió “fondos de ayuda exterior para iniciativas y países de la región por montos superiores a los solicitados”.
En ese sentido, el Congreso aprobó en diciembre de 2019 la Ayuda de Emergencia, Asistencia para la Democracia y Ley de Fomento que, entre sus disposiciones, “codificó varios tipos de sanciones impuestas y asistencia humanitaria autorizada”, dijo.
En septiembre de 2020, aprobó la legislación que proporciona una extensión de 10 años, hasta septiembre de 2030, de las preferencias arancelarias en el marco de la Ley de Asociación Comercial de la Cuenca del Caribe (CBTPA), que actualmente beneficia a ocho países caribeños, aunque este instrumento busca apoyar primordialmente a Haití y los empleos textiles en EEUU.
Situación política y económica en medio de la covid-19
Admite que la pandemia de la enfermedad generada por el coronavirus 2019 (covid-19) tiene efectos económicos, sociales políticos y no solo sanitarios, lo que llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a pronosticar en el mejor de los casos "una modesta recuperación de crecimiento económico".
“Se espera que millones las personas caigan en la pobreza; muchos países de la región tendrán problemas con recuperaciones económicas prolongadas, dado que dependen de la inversión, el comercio y el turismo globales que se ha visto significativamente afectado por la pandemia”, sostiene.
República Dominicana, destaca el texto, reportó a finales de 2020 un total de 2 mil 414 muertes por la covid-19, “la más alta para cualquier país de la Región del Caribe, mientras que los países de la región con las mayores tasas de mortalidad por defunciones por cada 100 mil habitantes fueron Belice (64,74) y las Bahamas (44,08)”.
Políticamente, advierte de líderes que se aprovechan de la emergencia para limitar las libertades civiles con fines políticos y alude a "observadores expertos" para apuntar a que algunos países, como México, Nicaragua, y Venezuela, "están subestimando significativamente su número de muertos”.
A diferencia de la Administración Trump, el Capitolio alaba la labor de la OPS/OMS y que desde ya esté “ayudando a los países a prepararse para una implementación exitosa de vacunas".
Esto, "facilitando el acceso a las vacunas en el marco de la COVAX (COVID-19 Global Vaccine Access), desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Coalición para Innovaciones en la Preparación para Epidemias y GAVI, la Vaccine Alliance”.
No obstante, pronostica, “algunos países de la región podrían enfrentar obstáculos importantes en adquirir vacunas de manera oportuna y que "es posible que las vacunas no estén ampliamente disponibles sino hasta 2022”.
El Caribe
El Caribe, recuerda, es una región diversa de 16 países independientes y 18 territorios de ultramar, algunas de las naciones más ricas y pobres del hemisferio.
De entre los 16 independientes, destaca que 13 son naciones insulares que se extienden desde las Bahamas en el norte hasta Trinidad y Tobago en el sur; Belice, que se encuentra geográficamente en Centroamérica; y Guyana y Surinam, ubicado en la costa centro-norte de América del Sur.
De conformidad con la Ley de Mejora Estratégica de los Estados Unidos y el Caribe de 2016, el Departamento de Estado presentó al año siguiente una estrategia plurianual para el Caribe, "un marco para fortalecer las relaciones en seis áreas o pilares prioritarios: seguridad, diplomacia, prosperidad, energía, educación y salud".
Seguridad (1), con el objetivo de combatir la delincuencia transnacional y las organizaciones terroristas y promover la seguridad ciudadana; (2) diplomacia, con el objetivo de incrementar la institucionalización y el compromiso para forjar una mayor cooperación en la OEA y en la ONU; (3) prosperidad, incluida la promoción del crecimiento económico sostenible y la inversión y el desarrollo impulsados por el sector privado; (4) energía, con el objetivo de aumentar las exportaciones estadounidenses de productos naturales como el gas y el uso de tecnologías de EEUU de energía renovable; (5) educación, centrándose en una mayor intercambios para estudiantes, profesores y otros profesionales; y (6) salud, incluyendo un enfoque en esfuerzos de larga data para combatir enfermedades infecciosas como el VIH / SIDA.
En julio de 2019, el Departamento de Estado emitió un informe al Congreso sobre la implementación de esta estrategia plurianual que admitía que "los limitados presupuestos y recursos humanos generaban oportunidades limitadas", pero alababa la mayor financiación "para el pilar de seguridad, lo que produjo resultados tangibles para la seguridad regional y los intereses estadounidenses”.
Droga
Debido a su ubicación geográfica, muchas naciones del Caribe son usadas para el tránsito de drogas ilícitas producidas en América del Sur y destinadas a los mercados de EEUU y Europa.
“Muchos Los países del Caribe también han sufrido altas tasas de delitos violentos, incluido el asesinato, a menudo asociados a actividades de narcotráfico. En respuesta, Estados Unidos lanzó el Caribe Basin Security Initiative (CBSI) en 2009, un programa regional de asistencia exterior de EEUU que busca reducir el tráfico de drogas en la región y promover la seguridad pública”, destaca.
Desde el año fiscal 2010 hasta 2020, “el Congreso asignó casi 677 millones de dólares para el CBSI. Estos fondos beneficiaron a 13 países del Caribe en cinco áreas: (1) cooperación en seguridad marítima y aérea, (2) creación de capacidad para hacer cumplir la ley, (3) seguridad fronteriza / portuaria e interdicción de armas de fuego, (4) reforma del sector judicial y (5) prevención del delito y jóvenes en riesgo”.
“Durante los dos últimos años fiscales –añade el informe-, el Congreso ha financiado el CBSI con montos significativamente más alto de lo solicitado por la Administración Trump” y, por ejemplo, “el Congreso asignó $ 58 millones para el CBSI el año fiscal 2019, cuando solo se habían solicitado 36.2 millones”.
Detalló que “para el año fiscal 2020, la Administración Trump solicitó $ 40.2 millones para el CBSI, aproximadamente una caída del 30% de las asignaciones del año fiscal 2019”, pero el Congreso asignó no menos de $ 60 millones” y “para el año fiscal 2021, la Administración solicitó $ 32 millones para el CBSI, un recorte de casi el 47% de lo fijado para el año fiscal 2020, pero en la Ley de Apropiaciones Consolidadas de 2021 el Congreso proporcionó no menos de $ 74,8 millones”.
Huracanes
Muchos países del Caribe son susceptibles a eventos climáticos extremos como tormentas tropicales y huracanes, que pueden afectar significativamente sus economías e infraestructura. Estudios recientes sugieren que el cambio climático puede estar aumentando la intensidad de tales eventos.
Reporta, por ello, que “otra asistencia del año fiscal 2021” para el Caribe fueron $ 10 millones “para mejorar la recuperación y resiliencia y ayudar a la región del Caribe a adaptarse y mitigar los efectos del cambio del clima, para incluir el apoyo a instituciones de educación superior de las islas del Caribe para ayudar a "informar y promover la evaluación y recuperación previas a los desastres".
Energía
Muchas naciones del Caribe dependen de las importaciones de energía y, durante la última década, habían participado en el programa PetroCaribe de Venezuela que, a cambio de favores y chantajes políticos escondidos en filantropía, según EEUU, suministraba petróleo con condiciones de pago preferenciales.
La nación caribeña y sudamericana metió también a su industria petrolera en la debacle y ya no hay rastros de una producción venezolana que llegó a superar los 3 millones de barriles cada 24 horas.
Estados Unidos lanzó en 2014 la Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe (CESI) -nunca llegó a acercarse a las ventajas de PetroCaribe- que incluyó una cesta de “iniciativas para impulsar la seguridad energética y el crecimiento económico sostenible mediante la atracción de inversiones en una variedad de tecnologías energéticas a través de un enfoque en la mejora de la gobernanza, mayor acceso a la financiación y mejor coordinación entre donantes de energía, gobiernos y partes interesadas”, sostiene el informe.
Futuro
En medio de este "difícil entorno", la Administración entrante del presidente electo, Joe Biden, y el 117° Congreso "enfrentarán numerosos desafíos en la política de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe", prevé.
Durante la campaña, recordó que Biden anunció un enfoque "muy diferente en su política hacia la región" y, por ejemplo, "prometió reconstruir fuertes lazos hemisféricos basados en el respeto a la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho".
Cuando Estados Unidos sea el anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas a finales de este año se habrán ya acabado “las políticas de inmigración draconianas de la administración Trump” y habrá tomado cuerpo “la acción internacional para abordar la pobreza y la inseguridad que impulsan a los migrantes” a emprender rumbo al norte, con “el desarrollo de una estrategia regional de cuatro años y $ 4 mil millones para la región”, anunció.
Futuro de la relación con Cuba y Venezuela
Sobre Cuba, el informe parlamentario recuerda que Biden sostuvo que revertiría las políticas de la Administración Trump que, según él, “infligió daño al pueblo cubano y no hizo nada para promover la democracia y los derechos humanos".
“Uno de los desafíos más desconcertantes para la nueva Administración será la crisis en Venezuela y la crisis humanitaria regional asociada a los migrantes venezolanos. Como candidato, Biden dijo que ‘el objetivo primordial hacia Venezuela debe ser presionar por una democracia a través de elecciones libres y justas, y para ayudar al pueblo de Venezuela a reconstruir su país”, agrega el informe por ahora solo en versión en inglés.