SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A casi tres años de la muerte de la adolescente Rosaura Almonte (Esperancita), quien en 2012 puso en la palestra el debate del aborto terapéutico dada su condición de paciente de leucemia y embarazada, su madre Rosa Hernández, continúa reclamando se haga justicia.
Durante una rueda de prensa realizada este martes 5, Hernández reclamó al Tribunal Constitucional mantener la despenalización de la interrupción del embarazo en condiciones excepcionales, a fines de evitar más pérdidas humanas.
“El anterior Código Penal mató a mi única hija… lo único que tenía. Por eso había que cambiarlo. Por ese Código Penal los médicos destruyeron a mi hija y me destruyeron a mí”, declaró entre sollozos la madre de Esperancita, quien falleció mientras era atendida en el Centro de Salud del Seguro de los Maestros (Semma), a causa de una hemorragia masiva provocado por un aborto efectuado de forma tardía.
Hernández, acompañada de organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres y las familias, aseguró que las suplicas de su hija y la suya cayeron en oídos sordos para que fuera interrumpido el embarazo y se le permitiera la aplicación del tratamiento.
“A nadie le importo nunca la vida de mi hija. Para todos era más importante el embarazo. No voy a permitir que otras madres y mujeres pasen por lo que estoy pasando. Mi hija no era hija de un alto funcionario del Estado, no era hija de un narcotraficante con dinero, era hija de una simple maestra pobre, de familia humilde”.
De su lado, la representante legal de Rosa Hernández, Lenis de Jesús, afirmó que actualmente se desarrollan dos procesos legales, uno administrativo dentro de la Suprema Corte de Justicia, en la que se investiga la responsabilidad del Estado, y otro penal en la Fiscalía del Distrito Nacional, contra los médicos y el hospital tratante.
Resaltó la responsabilidad estatal en el deceso de Rosaura, debido a que los derechos fundamentales de la adolescente, como el derecho a la vida, integridad, derecho a la autodeterminación, derecho a estar libre de torturas, entre otros, no fueron protegidos, aún cuando se trataba de una situación excepcional.
De Jesús expuso que Rosaura estuvo sometida a un calvario debido a que sufría por la falta de tratamiento para combatir la leucemia, a pesar de que su embarazo ya se encontraba bajo amenaza, lo que la llevó a sufrir graves dolores.
“República Dominicana es signataria de múltiples convenciones internacionales que protegen el derecho a la vida e integridad, por lo que ese bloque de derechos debió haber permitido que los médicos procedieran a dar el tratamiento médico”, dijo.
“El Estado tenía la responsabilidad de haber aclarado el que el marco constitucional permitía el aborto terapéutico cuando era necesario para salvar la vida y preservar la salud de la mujer embarazada”, agregó.
Puntualizó además que el derecho a la vida no es absoluto, sino que tiene que ser interpretado en relación con el resto de derechos protegidos dentro del marco constitucional, por lo que el derecho a la vida admite excepciones cuando se enfrenta a derechos como a la integridad, a vivir libre de tortura, a la salud, entre otros.
“Esa debió haber sido la interpretación y es la que esperamos que el Tribunal Constitucional mantenga porque es la única que tiene sentido y validez dentro de nuestro marco constitucional”.
“Esperancita”
Rosaura Almonte – Esperancita – fue diagnosticada en 2012 con leucemia aguda, un tipo de cáncer que requiere de administración de quimioterapia de manera urgente, porque se considera una emergencia oncológica. De igual forma, durante el diagnostico se determina que tiene un embarazo de siete semanas de gestación.
Debido a su embarazo, los médicos indicaron que no se podía dar curso al tratamiento de quimioterapia, porque la legislación dominicana no lo permitía.
Rosa y Rosaura solicitaron interrumpir el embarazo para dar paso al tratamiento tan pronto sea posible. Sin embargo, el hospital dilató la aplicación del tratamiento. Finalmente, tras la presión mediática que se generó por el caso, el hospital decidió aplicar el tratamiento, sin embargo, fue demasiado tarde, sin realizar primero el aborto terapéutico que era necesario para que la terapia fuera exitosa.
Mes y medio después de iniciar el tratamiento, Rosaura falleció (el 17 de agosto de 2012) debido a una hemorragia masiva causada por un aborto completo, por la aplicación de la quimioterapia tardía, que fue calificado por la representante de Rosa Hernández como graves actos de negligencia, las cuales reiteró se encuentran bajo investigación por la Fiscalía del Distrito Nacional.
Pese a esto, indicó que tienen confianza de que la justicia va a determinar lo ocurrido en este caso, para garantizar que la muerte de Esperancita no vuelva a repetirse.