SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Participación Ciudadana (PC) advirtió este miércoles, 20 de febrero, que la decisión del presidente Danilo Medina, de llegar a un acuerdo con las personas que adquirieron ilegalmente terrenos alrededor de Bahía de Las Águilas lo hace cómplice de una larga cadena de violaciones legales y constitucionales y resta calidad moral a las autoridades instaladas el pasado 16 de agosto.
El movimiento cívico entiende que el decreto firmado por el presidente Medina otorgando poder al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo para desistir de las demandas del Estado dominicano que persiguen recuperar los terrenos robados al Estado en Bahía de Las Águilas pagando el 45% del valor de tales inmuebles a los adquirientes ilegales, implica el rompimiento de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana.
Participación Ciudadana dijo que los adquirientes ilegales que han resultado beneficiarios de esta decisión presidencial no pueden atribuirse la calidad de terceros adquirientes de buena fe en una operación que no cumplió con requisitos legales.
Sostuvo que esos requisitos legales no pueden ser desconocidos por ninguna persona en el país, pues sería alegar ignorancia de la ley, lo que no está permitido.
Creen que el gobierno envía un pésimo mensaje cuando justifica el acuerdo en la lentitud de la justicia dominicana pues fomenta que otras personas sigan su ejemplo y se hagan justicia por su propia mano. En adición, las actas de audiencia del caso inmobiliario revelan que la dilación del caso ha sido principalmente responsabilidad de la representación del Estado dominicano.
“Ha quedado claramente demostrado el esfuerzo del gobierno de manejar el tema a espaldas de la ciudadanía, que solo se entera cuando el periódico 7dias.com divulga la existencia del poder firmado por el presidente Medina. Tampoco han sido divulgados al día de hoy las identidades de las personas que serán los beneficiarios finales del fraude cometido”, afirmó la institución.
Los miembros de PC llamaron la atención sobre una cláusula existente en el borrador del contrato de transacción que circula, que permite a los adquirientes ilegales no aportar las tierras por ellos robadas al fideicomiso que se constituiría, y quedarse con el 100% de las mismas siempre y cuando paguen al Estado el 55% de su valor, lo que implicaría darle una opción de comprar esas tierras que siempre han pertenecido al Estado.
“Esta condenable acción, viene a reafirmar el régimen de impunidad imperante en la Republica dominicana desde hace décadas”, argumentó.
Consideró que la decisión del presidente Medina es sencillamente inaceptable por ilegal e inmoral y solo contribuye a consolidar a la República Dominicana en las últimas posiciones que ostenta en todas las evaluaciones internacionales en materias relacionadas con la corrupción, generando una profunda decepción y haciendo perder toda esperanza de cambio.
Participación Ciudadana dijo que apoya firmemente el desarrollo de la región sur del país, pero que para desarrollar un territorio de tanta pobreza como el sur no se precisa regalar sus tierras a quienes se las han apropiado de manera ilícita. “Es absolutamente falso que ese acuerdo transaccional sea la única vía para resolver el impasse”, precisó.
Recordó que juristas ya han identificado otras soluciones legales que no atentan contra el patrimonio nacional y que son mucho más ventajosas tanto para el sur como para el resto del país.
En los próximos días PC estará llevando a cabo una serie de acciones legales, dirigidas a enfrentar la prolongación de una acción fraudulenta como lo supone el reconocimiento de los títulos ilegales de propiedad en Bahía de las Águilas. Al mismo tiempo, hacen un llamado a la ciudadanía a apoyar las acciones de movilización que un conjunto de organizaciones de sociedad civil están desarrollando para oponerse a este “nuevo atropello a la institucionalidad”.