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El 47% de los menores dominicanos es pobre, revela UNICEF

Por Aileen Said Ceballos


SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Mientras la población menor de 18 años representa el 36,25% de los habitantes de República Dominicana, el 47% de los pobres tiene menos de 18 años, confirma el Análisis de la Situación de la Infancia y la Adolescencia en la República Dominicana (SITAN) del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 2012 (UNICEF).

María Jesús Conde, representante del UNICEF en el país indicó que  en  el año 2010, el 50.6% de la niñez dominicana, 1.7 millones, vivía con alguna necesidad básica insatisfecha, como falta de agua potable, saneamiento básico, educación,  en hacinamiento y la baja calidad de la vivienda.

Por lo que actualmente sólo el 23.7% de los y las adolescentes de las familias más pobres en las zonas rurales tiene posibilidades de acceder a la educación media, considerando que el 20.8% de la población de 0 a 5 años no tiene inscrito su nacimiento en el registro civil y que de no modificarse su estado podría sumarse a la población que no tiene acceso a la educación.

Aunque Conde afirma que en el contexto político y social actual la educación es favorable, por los programas que ejecuta a nivel educativo el presidente Danilo Medina.

Uno de los hallazgos principales del análisis es que el acceso a la educación básica ha mejorado significativamente en la última década, alcanzando una tasa neta de cobertura de 95%, en 2011, sin embargo, este considera que la calidad de la educación  continúa siendo una “asignatura pendiente”.

“Los resultados de aprendizaje en las diferentes pruebas nacionales e internacionales muestran la necesidad urgente de transformar el sistema educativo dominicano, comenzando por la actualización del currículo, la  construcción de nuevas aulas, la mejora de la formación docente, la participación de  las familias a la gestión de la educación de sus hijos e hijas y la conversión de los centros educativos un espacios de aprendizaje eficaz, inclusivos y seguros”, detalla la representante de UNICEF.

Por otro lado, el estudio presentado la mañana de este miércoles en el salón verde del Palacio Nacional precisa que en el área de salud, se observa un aumento en la cobertura de los servicios  que beneficia a la población más vulnerable y que la tasa de mortalidad materna se ha reducido en la última década, aunque de manera muy lenta.

En 2011, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica  reportó una tasa de 106 muertes por 100,000 nacidos vivos, es decir,230 mujeres murieron en 2011 cuando traían nuevas vidas.

María Jesús, quien presentó el estudio, expresó que es “inaceptable el número de mujeres que muere por razones asociadas al parto” a nivel nacional.

Explicó que el 80% de las muertes maternas se producen por toxemia, sepsis, hemorragias y abortos, lo que consideró muertes evitables “si la atención no estuviera fragmentada, si se cumplieran las guías, normas y protocolos de atención y bioseguridad, si no se produjeran demoras en los servicios obstétricos de emergencia,  si hubiera presencia de personal especializado en las guardias hospitalarias y si estuvieran siempre disponibles los insumos y medicamentos”.

El análisis conocido como SITAN por sus siglas en ingles, entre otros aspectos de la niñez estudia los retos para la eliminación de la trasmisión materno-infantil del VIH y sífilis congénita.

Conde especificó que en el periodo 2007-2011 la transmisión vertical se redujo del 11% a 6%, mientras que la meta fijada para 2015 está por debajo del 2%.

Con relación al derecho de  protección, muestra que desde la promulgación de la ley 136-03 se ha creado una nueva institucionalidad que define dos subsistemas, el  administrativo y el judicial. Sin embargo, se requiere avanzar más rápido en la creación de los órganos de garantía de derechos y fortalecer la capacidad rectora y de supervisión.

Pese a esto, la investigación especifica que el 90% de las víctimas de  violencia sexual en el año 2010  fueron personas menores de edad. En ese mismo sentido, el 0.8% de la población percibe a los perpetradores de explotación sexual infantil como culpables mientras que el 59% responsabiliza a la víctima o a su familia.

En cuanto al trabajo infantil, se estima que el 56% del total de la población en trabajo infantil realiza actividades peligrosas.

El 67.4% de los hogares utiliza el castigo físico o psicológico para disciplinar a sus hijos. Sumado a la pobreza, este podría ser uno de los factores que arroja a los menores a las calles convirtiéndolos en posibles menores en conflicto con la ley.

Otro aspecto, establece que en el país no existe una cultura de participación social de los niños y niñas. “El Estudio de Evaluación de la Implementación de la Ley 136-03 destaca el escaso peso de las políticas y prácticas que promueven la participación. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado iniciativas que representan avances importantes en esa dirección”.

El informe presenta que el Comité de los Derechos del Niño (Informe III, IV y V) del 2010, destaca avances alcanzados en el país en materia de participación de la infancia y la adolescencia, pero resalta algunos obstáculos que han limitado la participación de los niños y niñas, tales como la ausencia de los Consejos Consultivos Juveniles e Infantiles y la ausencia de recursos para impulsar espacios sostenidos de participación.

“Si bien esta participación está prevista legalmente, en los trabajos con los grupos focales de niños y niñas se identificaron tres importantes limitaciones: la primera es que se trata de mecanismos con limitada cobertura o no muy conocidos por los estudiantes; la segunda es que, en las escuelas donde operan, la participación en consejos de curso la controla la dirección y los docentes; la tercera es que la participación infantil en las aulas es débil, elemento que confirma hallazgos de otros estudios cualitativos y etnográficos en escuelas y se registra poca o casi nula participación de los estudiantes en el aula”, redacta el SITAN.

En cuanto a la recreación de los menores, también estipulado en la ley, uno de los hallazgos más notables fue que en el juego se visibiliza la inequidad de género y de estratos sociales. Específicamente, se advirtió que las niñas tienen menos oportunidades de acceso a la recreación que los niños por las restricciones familiares que les imponen la priorización de actividades domésticas frente al juego.

Por último, sobre el tema de la inclusión de niños, niñas y adolescentes con  capacidades diferentes concretiza que los niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes sufren diferentes formas de discriminación que impiden el ejercicio pleno de sus derechos; entre las que se destacan la exclusión del sistema educativo, barreras de accesibilidad, reducidos espacios de participación, deficiencias y limitada cobertura de los servicios y programas públicos especializados para niños, niñas y adolescentes con capacidades.

El Análisis de Situación ha sido elaborado conjuntamente por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI) y UNICEF, con las contribuciones de la Vice Presidencia del gobierno, Margarita Cedeño, los Ministerios de Salud y Educación, CONADIS, la Procuraduría General de la República, Poder Judicial, FEDOMU,  representantes de sociedad civil y grupos focales de niños, niñas y adolescentes, entre otros.

En la presentación de los resultados de la investigación también estuvieron presentes la  presidenta de CONANI, Kirsys Fernández, Jatnna Tavárez, embajadora nacional de buena voluntad de UNICEF, y demás representantes de organizaciones que trabajan el tema.

 

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