Washington, 7 dic (EFE).- Estados Unidos volvió hoy a las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su alarmante ausencia en las primeras sesiones del Gobierno de Donald Trump, y tuvo que responder sobre la crisis en Puerto Rico.
Organizaciones no gubernamentales puertorriqueñas denunciaron ante la CIDH en Washington la "discriminación" del Gobierno estadounidense hacia los habitantes de la isla.
Varias ONG expusieron en coalición la situación de "violación de derechos humanos" en Puerto Rico y cómo se ha agravado con la destrucción ocasionada este año por los huracanes María e Irma.
La sesión supuso la vuelta a la CIDH del Gobierno de EE.UU., que hizo saltar las alarmas el pasado marzo al ausentarse por primera vez desde que existen registros de las sesiones de la Comisión, que eran las primeras de la Administración de Donald Trump.
El representante interino de EE.UU. en la OEA, Kevin Sullivan, no se refirió directamente a ese episodio pero sí comenzó su intervención haciendo énfasis en el "compromiso" de su Gobierno con la CIDH, aplaudiendo "el continuo esfuerzo" del organismo y recordando que su país es el que más contribuye a los fondos voluntarios que sostienen en buena parte al ente.
Ante las denuncias de las ONG, Sullivan destacó el "progreso de los últimos dos meses" en las tareas de reconstrucción tras los devastadores huracanes, aunque reconoció que "queda mucho trabajo por hacer no solo en la recuperación tras esa destrucción sino también respecto a la crisis de la deuda".
"Estados Unidos continúa comprometido con la completa recuperación de Puerto Rico (Estado Libre Asociado), como hace con otras partes de nuestro país, no es menos importante que otras partes de nuestro país", aseguró.
La activista Annette Martínez, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, no compartió esas afirmaciones y señaló "la responsabilidad de EE.UU. y del Gobierno local en las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales que se han agravado con Irma y María".
"El verdadero desastre no fue natural sino décadas de mala planificación", denunció, para recordar que las catástrofes de este año han provocado "la más drástica migración" en la historia de Puerto Rico.
La activista pidió a la CIDH que haga una visita a Puerto Rico para evaluar la situación y explicó que está prevista una en los próximos días de un experto independiente de la ONU sobre pobreza extrema.
"Tenemos un problema en Puerto Rico y es de discriminación, de relación colonial, no se nos ha dado la oportunidad de ejercer nuestro derecho de autodeterminación", subrayó.
Martínez habló en nombre de más de 25 organizaciones puertorriqueñas y de la diáspora.
Soledad García Muñoz, la primera relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH expresó "la gran preocupación" de su departamento por la situación en la isla y alabó la "resiliencia y la capacidad de trabajo" para reconstruirla.
El Gobierno de Estados Unidos también tuvo que responder en otra audiencia a las denuncias de la sociedad civil sobre la "militarización" policial en las protestas y el "uso excesivo de la fuerza", especialmente desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero.
El relator de Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, expresó su preocupación por lo que calificó de "momento complejo de tensiones para el derecho a la libertad de expresión en Estados Unidos".
"Nos preocupa por los ciudadanos de Estados Unidos y por que el ejemplo pueda expandirse a la región", indicó, al recordar que, en los 20 años de existencia de la Relatoría, EE.UU. "siempre ha estado del lado de las buenas prácticas" y ha dado apoyo "político y financiero" al departamento.
Sin mencionarle directamente, Lanza no ocultó su "preocupación" por las repetidas acusaciones de deshonestidad que hace Trump a la prensa.
En su vuelta a las audiencias, EE.UU. también tuvo que responder sobre los derechos laborales en la industria automotriz.
La CIDH celebró también sesiones sobre Canadá y evalúa posibles medidas para prevenir las numerosas violaciones de derechos humanos que desde hace años son denunciadas en el ámbito de la industria extractiva canadiense por sus operaciones en América Latina. EFE