El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este martes vetar la entrada al país de su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y al resto de miembros de su Gobierno, tras las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, que fueron "ilegítimas" y "una farsa", según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

La suspensión de entrada a Estados Unidos también se aplicará a numerosos otros políticos, funcionarios y militares del país, a los que podrá restringirse la entrada si así lo considera el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

"Los actos represivos y abusivos del Gobierno de Ortega y de aquellos que lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar", dijo Biden en una proclamación presidencial difundida por la Casa Blanca.

Estados Unidos ya ha impuesto en los últimos meses restricciones de visado a decenas de funcionarios, legisladores, fiscales y jueces nicaragüenses, y la orden de Biden abre la puerta a que ese tipo de sanción se extienda a prácticamente todos los niveles del movimiento oficialista en el país centroamericano.

La medida prohíbe expresamente la entrada a los "miembros del Gobierno de Nicaragua, incluidos los funcionarios electos y los miembros de sus equipos", así como los familiares directos -esposos/as e hijos/as- de todos ellos.

Además, se vetará la entrada a aquellos "alcaldes, vicealcaldes o secretarios políticos que planearon, ordenaron, asistieron, fueron cómplices, cometieron o participaron" en "abusos graves o violaciones de derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos o negar a los nicaragüenses sus libertades fundamentales".

Será Blinken quien identificará a esos funcionarios, pero el Departamento del Tesoro ya impuso el lunes sanciones financieras a los alcaldes de las ciudades de Jinotega, Esteli y Matagalpa.

También se prohibirá la entrada a los miembros de los servicios de seguridad de Nicaragua, incluidos los militares, la Policía Nacional, el directorio de Operaciones Especiales de la Policía, los grupos parapoliciales y paramilitares, además de a los funcionarios de la administración penitenciaria del país, según la proclamación.

Además, están incluidos en el veto los miembros de alto rango del sistema judicial de Nicaragua, de la oficina del fiscal público y el ministerio del Interior; los que trabajan para los ministerios gubernamentales, las agencias regulatorias, las "compañías paraestatales" y los administradores y empleados de servicios de educación superior.

El veto podría aplicarse también a personas que no trabajen para el Gobierno pero ejerzan de "agentes" o actúen en nombre de cualquiera de los sancionados para facilitar o lucrarse de actos como "el fraude electoral, los abusos de derechos humanos o la corrupción", indica el texto.

"Las acciones no democráticas y autoritarias del Gobierno de Ortega han mutilado el proceso electoral y privado a los ciudadanos nicaragüenses del derecho de elegir a sus líderes en elecciones libres y justas", afirmó Biden en la proclamación.

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, se impuso en los comicios del pasado 7 de noviembre en ausencia de oposición, después de que en los últimos meses fueran arrestados siete aspirantes a la Presidencia que se perfilaban como sus principales contendientes y tras la disolución de tres partidos políticos.

Elecciones fueron "una farsa"

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) concluyó este martes que las elecciones generales del pasado día 7 en Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega resultó reelegido para un quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo, fueron "ilegítimas" y "una farsa".

"El abstencionismo generalizado, las detenciones arbitrarias contra opositores, el entorpecimiento del pluralismo y la participación política, la falta de garantías electorales, los resultados falsos e irregularidades reportadas, permiten concluir que estas elecciones fueron ilegítimas, una farsa electoral", señaló el Cenidh, en un informe denominado "En Nicaragua no hubo elecciones".

Según el Consejo Supremo Electoral, Ortega se impuso en esos comicios con el 75,87 % de los votos, con una participación del 65,26 % de los 4,4 millones de nicaragüenses aptos para votar.

"Violencia electoral"

El Cenidh indicó que las elecciones se dieron en un contexto de "grave crisis de violencia electoral y persecución política, desde que inició la ola de detenciones contra líderes políticos y precandidatos presidenciales (opositores) en mayo de este año, lo que lo convierte en el período electoral más violento en la historia reciente de Nicaragua".

El informe reportó al menos 99 incidencias entre el 1 y el 8 de noviembre que condicionaron las elecciones, divididas en "32 detenciones, 28 hostigamientos, 22 irregularidades a la ley, 7 allanamientos, 3 amenazas indirectas, 3 retenciones migratorias, 2 agresiones físicas, 1 obstaculización a la libre circulación, 1 muerte violenta".

En 59 de las incidencias la Policía Nacional fue señalada como responsable, en otras 20 se responsabilizó a funcionarios del Estado, y en 11 se culpó a simpatizantes del Gobierno.

"El 100 % de las víctimas son personas identificadas como opositoras o críticas del Gobierno de turno", refirió el informe.

Los derechos más violentados, según el reporte, fueron los de la libertad individual y las garantías del debido proceso, con 32 incidencias cada uno, más 28 casos contra la integridad personal y la libertad de prensa, y siete de garantías al debido proceso.

Vigilancia, hostigamiento, persecución

"Vigilancia, hostigamiento y persecución masiva contra la población opositora ha sido una práctica estatal que viola múltiples derechos humanos, y muchas veces es acompañada de amenazas de muerte y agresiones", subrayó el organismo, que fue ilegalizado por la Asamblea Nacional, a petición del Ejecutivo hace un par de años.

El Cenidh resaltó el caso de la activista Samantha Jirón, declarada como "secuestrada" el pasado día 9, tras haber "recibido amenazas y persecuciones". Luego apareció detenida y acusada de cargos relacionados con "traición a la patria".

Asimismo, expuso "acciones desesperadas" ejecutadas por el Gobierno en un intento de contrarrestar la abstención, que según el Poder Electoral fue del 34,74 %, y el observatorio Urnas Abiertas calculó en 81,5 %.

"Desde Cenidh se constató, otras acciones desesperadas de parte del régimen para lograr el voto: la suspensión ilegal de la ley seca, que aumentó el riesgo de violencia y caos, violando el deber preventivo que tienen las autoridades durante los comicios y para estimular los ánimos de la población de ir a votar", agregó.

La falta de observación electoral, y el establecimiento de "acompañantes que vinieron a respaldar la farsa", contribuyeron a la ilegitimidad de las elecciones, según el Cenidh.

En esto sobresalió, de acuerdo con el Cenidh, la violación al silencio electoral por funcionarios sandinistas, incluyendo a Ortega, quien el día 8 "pretendió sembrar el terror social al llamar a los presos políticos 'hijos de perra' y declararlos apátridas, en un ambiente nocivo de aplausos, gestos de burla y carcajadas de parte de su séquito".

Las elecciones de Nicaragua han sido rechazadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), así como por decenas de países, principalmente de América y Europa, algunos de los cuales han establecido sanciones a la familia de Ortega, allegados y funcionarios.