PUERTO PRÍNCIPE, Haití.- La embajada estadounidense en Puerto Príncipe expresó su apoyo a "un Poder Judicial independiente en Haití", modificando así la posición de apoyo al presidente Jovenel Moise evidenciada por el Administración de Donald Trump y al comienzo de la de Joe Biden.
El Gobierno de Joe Biden dió un giro que deja a Moise solo en su arremetida contra varios jueces del país vecino, quienes han liderado la oposición y, por ejemplo, mantienen desde el lunes paralizado al Poder Judicial en rechazo a las arbitrariedades antidemocráticas de las acusa a Moise y en demanda a que anule su orden de jubilar a magistrados.
"Mientras las organizaciones de jueces continúan su huelga en Haití, Estados Unidos reafirma su apoyo a un Poder Judicial independiente sin interferencia del Ejecutivo", dijo la embajada en un breve mensaje colgado en su cuenta de Twitter.
Moise ordenó el cese de tres jueces de la Corte de Casación en una aparente violación de la Constitución, que consagra la inviolabilidad de los magistrados de los altos tribunales.
Entre los jueces cesados el 8 de febrero, todos ellos acusados por el Gobierno de planear un golpe de Estado, figura Joseph Mécène Jean Louis, declarado "presidente interino" de Haití por los opositores al jefe de Estado.
"Una democracia eficaz requiere un Poder Judicial independiente, un Poder Legislativo que funcione y un Ejecutivo que proteja los derechos de todos", se lee en el mensaje de la legación de EEUU.
La convocatoria de huelga se hace a iniciativa de las cuatro principales asociaciones de jueces del país, que también acusan al mandatario por la detención del juez Yvickel Dabrésil y por designar a tres jueces en la Corte de Casación, principal órgano judicial del país.
Las asociaciones se han declarado "profundamente consternadas" por la actuación del Poder Ejecutivo "el 8 y 11 de febrero de 2021 por ordenar la jubilación de los jueces Yvickel D. Dabrésil, Wendelle C. Thélot y Joseph Mécène Jean-Louis, y sustituirlos por otros tres magistrados, desafiando las disposiciones constitucionales y legales".
Dabrésil estuvo entre las 20 personas detenidas el 6 de febrero pasado por tramar la supuesta intentona por derrocar a Moise. El juez fue dejado en libertad el 11 de febrero.
El miércoles pasado, Washington manifestó su "condena" a las acciones "autoritarias" y "antidemocráticas" adoptadas por Moise.
La embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe repercutió ese día una serie de tuits de la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Julie Chung, en los que por primera vez Washington condena a Moise, en medio de la grave crisis institucional abierta con los jueces y con la oposición.
"Estoy alarmada por las recientes acciones autoritarias y antidemocráticas, desde el cese unilateral y nombramientos de jueces de la Corte de Casación a ataques contra periodistas", dijo Chung.
Debido al aplazamiento de las elecciones legislativas de 2019, el Parlamento no se renovó, con lo que está prácticamente clausurado desde enero de 2020, una circunstancia que le ha permitido a Moise gobernar por decreto desde entonces.
Moise pretende celebrar un referéndum el próximo abril para aprobar una nueva Constitución y después, en septiembre, organizar las legislativas aplazadas desde 2019 y las presidenciales, en las que no podrá ser candidato.
Sin embargo, la oposición se opone a esos planes y le exige al mandatario abandonar el poder de forma inmediata, para dar paso a una "transición".
Maxine Waters se las canta claramente
La representante de los Estados Unidos para el distrito 43 del Congreso de California, Maxine Waters, escribió hace tres días un texto de opinión en el Miami Herald donde enumera las opciones que tiene el Gobierno de Biden para enrumbar el giro de la posición de Washington con resepcto a Moise, bajo el título "El vergonzoso ataque del presidente de Haití, Jovenel Moïse, a la democracia"
La Administración Biden puede tomar varias medidas prácticas y de bajo costo para ayudar a resolver la crisis de Haití sin arriesgarse a enredarse. Puede comenzar reconociendo el amplio consenso en Haití de que el mandato del presidente Moïse ha terminado, lo que le obligará a negociar de buena fe con sus opositores.
En segundo lugar, Estados Unidos puede declarar que no brindará apoyo al referéndum inconstitucional, ni directamente ni a través de otras organizaciones como las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos (OEA).
Finalmente, Estados Unidos puede cumplir con la prohibición de la Ley Leahy sobre el apoyo financiero de Estados Unidos para las fuerzas de seguridad involucradas en violaciones de derechos humanos y aplicar sanciones de la Ley Magnitsky Global a cualquier funcionario de la Administración Moïse involucrado en abuso o corrupción de derechos humanos, apunta en su texto la congresista Maxine Waters.
Evalúa que la respuesta de la administración Biden a la creciente crisis política de Haití puede estar motivada por la cautela, para no "enredar a Estados Unidos en los asuntos de un vecino, o agregar otro desafío al plato extremadamente lleno de la Administración.
El presidente haitiano interpretó la cautela como un visto bueno a su gestión, como "luz verde para continuar su asalto a la democracia", añade Maxine Waters y añade:
El asalto está empeorando la crisis para los haitianos y amenaza con enredar a Estados Unidos en una crisis mucho más grave.
LO SUCEDIDO EN LOS ÚLTIMOS MESES
En abril de 2019, me reuní en Haití con las víctimas de la masacre de La Saline en noviembre de 2018, un ataque de pandillas, policías y funcionarios del gobierno destinado a castigar al vecindario por organizar protestas antigubernamentales.
Cuando regresé, advertí a la administración Trump, que brindó un generoso apoyo financiero, diplomático y político al presidente Moïse, que a menos que se rindiera cuentas por las decenas de asesinatos en La Saline, Haití descendería a una espiral de caos y violencia.
Durante los dos años siguientes, la Administración Trump siguió apoyando al presidente Moïse mientras desmantelaba la democracia en Haití y promovía el caos y la violencia que yo temía.
Con el respaldo de Estados Unidos, Moïse se negó a negociar de buena fe con sus opositores. Los mandatos vencieron para la mayoría de los legisladores en enero de 2020 y para todos los funcionarios locales en julio, sin que se efectuaran elecciones para reemplazarlos.
Las pandillas aliadas al gobierno crearon una alianza formal entre ellas y sistemáticamente llevaron a cabo ataques mortales en los vecindarios de la oposición, a menudo con el apoyo de la policía. La policía enfrentó las protestas pacíficas con gases lacrimógenos, garrotes y balas. Disidentes y periodistas fueron arrestados y asesinados. El presidente Moïse creó una Agencia Nacional de Inteligencia inconstitucional para espiar a los opositores.
El presidente Moïse ahora dice que quiere elecciones, pero solo después de un referéndum de reforma constitucional, que está programado para abril. El referéndum es la decisión de poder más audaz y peligrosa de Moïse hasta ahora.
Solamente algo más sutil que Duvalier
El cambio que propone a la Constitución eliminaría el Senado, reemplazaría al Primer Ministro semiindependiente con un Vicepresidente y permitiría elegir con dedo propio a los integrantes de un ente electoral que organizaría las próximas elecciones, incluidas las presidenciales. Este referéndum es tan inconstitucional en Haití como lo sería en Estados Unidos.
Dos años antes de la adopción de la Constitución actual en 1987, el dictador Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier había organizado un referéndum similar que lo proclamó Presidente vitalicio, con lo que prohibió explícitamente los referendos y estableció un procedimiento intencionalmente difícil para las enmiendas, las que requieren supermayorías en la legislatura, a la usanza de la Constitución de los Estados Unidos.
El referéndum del presidente Moïse es más sutil que el de Duvalier, pero es igualmente autocrático.
La crisis de Haití se intensificó el 7 de febrero, fecha en que terminó el mandato del presidente Moïse, según una gran parte de la sociedad civil haitiana, incluido el organismo de supervisión judicial, el Colegio de Abogados, los líderes de la iglesia y miles de personas en las calles. A ellos se unen varios de mis colegas demócratas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y el presidente protempore del Senado de los Estados Unidos, Patrick Leahy.
El presidente Moïse, por otro lado, sostiene que tiene otro año en el cargo. El 5 de febrero de 2021 el Departamento de Estado anunció que estaba de acuerdo con él.
Aparentemente, la Administración Moïse tomó el anuncio como una garantía de que la política de apoyo casi incondicional de la Administración Trump continuaría con el presidente Biden.
Antes del amanecer del 7 de febrero, la policía arrestó, ilegalmente, al juez de la Corte Suprema Yvickel Dabresil y a otros diecinueve presuntos disidentes. Las protestas de ese día y el siguiente fueron rápidamente sofocadas por los gases lacrimógenos, la brutalidad y las balas de la policía.
El 8 de febrero, Moïse despidió (jubiló) al juez Dabresil y a dos colegas de la Corte Suprema. Esta medida fue tan ilegal como lo sería en los Estados Unidos, y dejó al tribunal sin el quórum requerido para dictar fallos sobre cuestiones constitucionales.
Un leve reproche de EEUU
La Embajada de Estados Unidos expresó su preocupación por los despidos de los jueces, pero ese leve reproche no tuvo ningún efecto.
El 10 de febrero, la policía y los soldados dirigieron sus armas y lanzador de gases lacrimógenos hacia los periodistas, hiriendo a varios. El juez Dabresil fue encarcelado durante cinco días, antes de ser liberado después de que dos tribunales dictaminaron que su arresto era ilegal.
Todos los indicios apuntan a que la administración Moïse continúa desmantelando la democracia de Haití. Eso eventualmente ahondará para los EEUU la crisis de refugiados y una cuenta cada vez más honerosa para ayudar a reconstruir el país que ocupa la misma isla que República Dominicana.