En 2013, 50 por ciento de las mujeres y 57 de los hombres reportaron algún tipo de actitud discriminatoria en su contra por ser VIH positivo, especialmente en lugares de trabajo, según el informe preparado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
De manera rutinaria, las personas en República Dominicana con VIH sufrieron de exclusión en el acceso a salud, donde trabajadores sanitarios, supuestamente, actuaron de manera discriminaron a los pacientes con dicha enfermedad. Esto evitó que los afectados pudieran realizarse exámenes o recibir tratamiento preventivo para su enfermedad.
En el aspecto laboral, sostiene que aunque la ley prohíbe el uso de pruebas de VIH como sistema de depuración de empleados, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Organización Internacional de Trabajo, reportó que trabajadores en diversas industrias fueron obligados a realizarse pruebas de VIH.
"A los empleados, en algunos casos, les fueron practicadas pruebas sin su conocimiento o consentimiento. Muchos empleados se enteraron que tenían la enfermedad cuando no fueron contratados y algunos empleados fueron despedidos de sus empleos o se les negó una atención de salud adecuada”, resalta el documento.
El Departamento de Estado indica en su reporte que en agosto del año pasado, la ministra de Trabajo, Maritza Hernández, lanzó una campaña para elevar la conciencia sobre la inequidad y discriminación en el área laboral. La campaña educativa informó a las personas sobre sus derechos en el mercado laboral independientemente de sus discapacidades percibidas.
También abordó la inclusión y acceso a un trabajo digno de las personas en condiciones vulnerables, incluyendo a personas con VIH, raza, género u orientación sexual.
De igual forma, el presidente del consejo sobre el sida, que incluyó a miembros del sector público y privado y personas VIH positivas, una política coordinada a nivel nacional en cooperación con diferentes ONG para reducir el impacto del VIH/sida en los sectores más vulnerables.
El Ministerio de Salud también otorgó fondos a ONG y organizaciones privadas, como el Centro de Orientación e Integración, el cual combate la discriminación y asiste con su integración a la sociedad.
El reporte publicado por el Departamento de Estado, es un informe es suministrado al Congreso por la referida entidad en cumplimiento de la sección 116(d) y 502B(b) del Acto de Asistencia Extranjera de 1961.
La ley establece que la Secretaría de Estado remitirá al portavoz de la Cámara de Representantes y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado un informe completo sobre el estado de derechos humanos reconocidos internacionalmente, en países que reciben asistencia y en todos los demás países extranjeros que son miembros de las Naciones Unidas.
El reporte es elaborado de acuerdo a los informes suministrados por las embajadas norteamericanas y consulados en el extranjero, gobiernos oficiales, así como organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.