SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Caso Odebrecht, la difamación criminal contra periodistas y la falta de independencia del Poder Judicial, fueron algunos de los tópicos abordados por el Informe sobre prácticas de derechos humanos en 2019 en República Dominicana, divulgado este miércoles por el Departamento de Estados de Estados Unidos.
Sobre el caso Odebrecht, el documento dado a conocer por Mike Pompeo, secretario general de EE.UU, la entidad destacó la falta de actuación por parte del Ministerio Público luego de que se diera a conocer el pago de US$ 39.5 millones estipulados para la Planta Termo – Punta Catalina – a personas en República Dominicana a través de transacciones fuera de sus registros contables.
Dicho monto, adicional a los US$ 92 millones pagados en soborno, admitidos por la empresa de capital brasileño, fue revelado por del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
En ese orden, el Departamento de Estado destacó que a pesar de lo antes mencionados, la Procuraduría General de la República, encabezada por Jean Alain Rodríguez, se limitó a interrogar a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, entre ellos al economista Andrés – Andy – Dauhajre Nader.
También conversó – la Procuraduría – con el exsubadministrador del Banreservas Juan Manuel Guzmán Ibarra, y con José Gregorio Salcedo Llibre, expresidente del Consejo de Administración de la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana (BVRD).
“Después de que este informe se hizo público, la Oficina del Fiscal General – Procuraduría General de la República – interrogó a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó cargos adicionales”, apuntó.
Aunque ninguno fue procesado, tanto Guzmán Ibarra como Salcedo Llibre presentaron sus renuncias en las posiciones que ocupaban en el banco estatal y en la BVRD.
Respecto a la planta termoeléctrica, el Departamento de Estado, en su informe, destacó que previamente una comisión designada por el Gobierno, en la que participó el procurador dominicano, desestimó las acusaciones de irregularidades en el proceso de contratación de la planta.
Resaltó el documento que en septiembre del año pasado dio inicio el juicio en la Suprema Corte de Justicia en contra de seis de los 14 procesados en 2017 por la presunta recepción de los sobornos pagados por la empresa Odebrecht.
Si bien señaló que, el proceso ha sido bien recibido por la ciudadanía, miembros de la sociedad civil destacaron la percepción de una falta de voluntad para investigar el caso.
En lo concerniente a actos de corrupción, el informe destacó las críticas de organizaciones sin fines de lucro y de ciudadanos independientes, los cuales señalaron que dichas acciones son cometidas de forma regular por parte de varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, entre ellos agentes de policía, funcionarios de inmigración y funcionarios de prisiones.
Asimismo, destacó las acciones del Gobierno en contra de funcionarios acusados de corrupción, limitándose al uso de castigos no judiciales, como el despido o transferencia de personal, especialmente de servidores públicos como militares, policías, jueces y otros funcionarios menores.
Irrespeto al Poder Judicial
El Departamento de Estado de Estados Unidos también abordó las dificultades que presenta el Poder Judicial en lo que a su independencia se refiere.
Aseguró, en ese orden, que el gobierno no respetó la independencia e imparcialidad de dicha entidad, señalando que la influencia de manera impropia en las decisiones judiciales es una práctica extendida.
“La interferencia varió desde el enjuiciamiento selectivo hasta el despido de casos en medio de denuncias de soborno o presión política indebida”, destacó.
De igual forma, indicó que el Poder Judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel.
La forma de interferencia más frecuente, reportó la Oficina Nacional de Defensa Pública, fue la negación de las autoridades a cumplir con los escritos de hábeas corpus para liberar a los detenidos.
Libertad de expresión
En su informe, el Departamento de Estado resaltó la cancelación del reconocido periodista Marino Zapete de un canal de televisión, luego de que este publicara un reportaje en el que presentó contratos gubernamentales a favor de una empresa vinculada a Maybeth Rodríguez, hermana del procurador general de la República, por US$ 15 millones de dólares.
Señaló que a raíz de la presentación de los contratos, firmados por Gonzalo Castillo, entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (hoy candidato a la Presidencia), inició un proceso de presión contra el periodista, que inició con la cancelación de su El Jarabe, y un proceso judicial en su contra por supuesta difamación.
“El periodista alegó que su programa fue cancelado después de que el fiscal general llamó al dueño de la estación y amenazó con acciones legales”, agregó.