Nicaragua "es una dictadura" tras la "farsa electoral" del pasado domingo, por lo que el régimen de Daniel Ortega "carece de cualquier mandato democrático", subrayó este martes Ricardo Zúñiga, el secretario adjunto para Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Así lo indicó Zúñiga en una conferencia telefónica al comentar las elecciones del domingo en Nicaragua, que, aseguró, no tienen "ninguna legitimidad" ya que "nadie se deja engañar por la farsa electoral" del 7 de noviembre.
"Es una dictadura, simplemente (…) Ha quedado más claro que nunca que Ortega y (su esposa y vicepresidenta Rosario) Murillo han impuesto una dictadura basada en el personalismo y el poder familiar", dijo el funcionario estadounidense.
Zúñiga remarcó que EE.UU. seguirá usando "la diplomacia" y las medidas "coordinadas" con los socios regionales, como las sanciones y "las restricciones de visados", para promover la "rendición de cuentas" de los "cómplices" del Gobierno de Ortega.
Se espera que el presidente estadounidense, Joe Biden, firme próximamente la llamada ley "Renacer" (siglas en inglés de Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua), que amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a ese país.
Además, aboga por la imposición de sanciones selectivas a responsables nicaragüenses y que estas se coordinen con el Gobierno de Canadá y la Unión Europea (UE), a la vez que se revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA).
Zúñiga instó, asimismo, a que los países de la región den "una respuesta contundente" a lo sucedido el domingo en Nicaragua durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que comienza mañana.
El presidente nicaragüense se impuso este domingo en ausencia de oposición, después de que en los últimos meses fueran arrestados siete aspirantes a la Presidencia que se perfilaban como sus principales contendientes y tras la disolución de tres partidos políticos.
Ortega, que volvió al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez Nicaragua de 1985 a 1990, se encamina así hacia su quinto mandato, tras ser reelegido con el 76 % de los votos, en medio del desconocimiento del proceso por parte de la mayoría de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la UE.
Familias preocupadas porque Ortega llamó "hijos de perra" a opositores presos
Los familiares de los opositores detenidos en Nicaragua en el marco de la crisis que vive el país desde abril de 2018 expresaron este martes su preocupación por la forma en que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, se refirió a los denominados "presos políticos", a los que tildó de "hijos de perra de los imperialistas yanquis".
En una declaración, cinco organizaciones que aglutinan a familiares de más de 160 opositores presos se declararon indignados y preocupados "por las lamentables palabras llenas de odio, perversidad y misoginia, pronunciadas ayer por Daniel Ortega".
"Esos que están presos son los hijos de perra de los imperialistas yanquis", espetó anoche el mandatario en un acto oficial transmitido en cadena televisiva y radial, en alusión a los siete aspirantes presidenciales de la oposición detenidos bajo cargos de "traición a la patria" y a los que evitó enfrentarse en las elecciones generales del domingo, en las que fue reelegido para su quinto mandato.
Ortega, que no ha logrado el reconocimiento de la mayoría de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos y la Unión Europea (UE), dijo incluso que a los dirigentes opositores encarcelados "se los deberían de llevar a los Estados Unidos", porque, a su juicio, "no son nicaragüenses" y "no tienen patria".
DISCURSO DE ODIO
"Consideramos que tales expresiones no son aceptables en boca de una autoridad política y manifestamos al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional nuestra profunda preocupación por las eventuales consecuencias que este discurso pueda tener sobre la vida e integridad de nuestros familiares y sobre el clima sociopolítico del país", señaló el grupo de organismos.
A juicio de ese bloque de familiares, referirse a adversarios políticos como "hijos de perra" y apátridas "parece tener el objetivo de profundizar en la deshumanización de personas que se encuentran encarceladas sin respeto de sus derechos y libertades fundamentales y sin la debida publicidad del proceso judicial".
"Las palabras de Ortega buscan negar la humanidad de sus adversarios políticos y pretenden justificar los abusos cometidos contra ellas y ellos", advirtieron.
Esas organizaciones explicaron que les "preocupa que estos nuevos insultos sean interpretados de manera implícita como una "orden de ejecución", para que funcionarios policiales y penitenciarios se sientan legitimados para llevar a efecto actos de venganza política contra personas presas, contra sus familiares y, en definitiva, contra cualquier ser humano que no se muestre seguidor del partido de Gobierno".
PIDEN A COMUNIDAD INTERNACIONAL ESTAR ATENTOS
Recordaron el caso del ciudadano estadounidense-nicaragüense opositor Eddy Montes Praslín, asesinado el 16 de mayo de 2019 en una cárcel de Nicaragua, "por un empleado público que se sintió autorizado para disparar a matar por las expresiones injuriosas de sus jefes inmediatos", y que sigue en la impunidad.
"Tememos las incontrolables consecuencias que el mismo pudiera desatar", insistieron.
Las organizaciones llamaron "a la comunidad nacional e internacional a permanecer atenta a las graves consecuencias que pudiesen acarrear las terribles y denigrantes expresiones de Ortega".
La declaración fue suscrita por la Asociación de Familiares de Presos Políticos, el Comité de Familiares Pro Liberación de Personas Presas Políticas, los Familiares de personas presas políticas en el Chipote desde Mayo 2021, el Grupo de Secuestrados Políticos Unidos, y la Organización de Víctimas de Abril.
El exguerrillero, que el jueves cumple 76 años de edad y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, fue reelegido junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, con el 75,92 % de los votos en los comicios del domingo.
Esas elecciones estuvieron marcadas por discrepancias sobre la participación y la ausencia de siete aspirantes a la presidencia de la oposición que fueron encarcelados previo a las votaciones acusados de "traición a la patria".