SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con víctimas de la política de desnacionalización en el país solicitaron al Estado la creación de una mesa nacional de dialogo, a los fines de discutir un gran acuerdo para la solución integral de los problemas de apátrida y negación de acceso a documentos de identidad que afectan a miles de personas en el país.
La demanda fue parte de los petitorios de la audiencia “Derecho a la Nacionalidad en la República Dominicana”, celebrada el sábado en Washington, en el marco del 156 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el foro, activistas de la Plataforma Dominicanos por Derecho abordaron la situación de los dominicanos de ascendencia haitiana a partir de promulgación de la ley 169-14, respuesta estatal a la crisis de derechos humanos generada por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de República Dominicana en 2013.
Implementación ley 169-14: arbitrariedad de funcionarios públicos excluye a destinatarios
El abogado Manuel Dandré, quien dio inicio a la ponencia de los peticionarios, afirmó que a 17 meses de la promulgación de la ley 169-14, el Estado dominicano sigue excluyendo y limitando el ejercicio del derecho a la nacionalidad de las personas afectadas, a las que divide en dos grupos en función del registro de su nacimiento en los libros del Estado Civil.
El colectivo proclama que a través de la medida el Estado extiende y agrava la situación de apatridía en República Dominicana al reafirmar la desnacionalización de parte de sus destinatarios, no configurar ningún tipo de opción para que los niños y niñas, hijos de dominicanos de ascendencia haitiana puedan acceder a sus documentos de identidad ni considerar la diversidad de los perfiles, características sociales, culturales y económicas de la población afectada.
Aunque la ley reconoce la nacionalidad al primer grupo de sus destinatarios, la persona que previamente tenía un registro en el denominado Grupo A, la Junta Central Electoral no ha entregado los documentos públicos que acreditan su identidad.
Aseguró que la Junta Central Electoral ha condicionado la entrega de documentos que la ley ordena sea de forma expedita a realización de la auditoría de los libros del registro civil; sin embargo, los destinatarios de la ley son sometidos a nuevos proceso que retardan o impiden la entrega, a pesar del llamado que hizo a 55 mil personas en junio pasado a recoger su registro de inscripción.
Dijo que muchas de las personas afectadas no aparecen en esta lista, mientras que otros a pesar de haber recibido sus documentos actualizados no pueden realizar actividades de la vida civil con normalidad, violándoles sus derechos civiles y políticos decretando definitivamente su apatridía.
El bloqueo administrativo por parte de la Junta Central Electoral y del Ministerio de Interior y Policía, manifestó Dandré impide se materialice las precarias opciones que ofrece la ley 169-14 y coloca la problemática en un punto muerto.
Sobre las personas no inscritas en los libros del registro civil, o Grupo B, habló Ana María Belique del Movimiento Reconoci.do. Al plantearles un proceso de naturalización ordinaria para tratar de recuperar en dos años lo que por derecho les corresponde desde el nacimiento, la ley 169-14 fortalece la privación arbitraria de su nacionalidad.
Cuestionó que mediante el carnet entregado por el Ministerio de Interior y Policía se pretende adjudicar la nacionalidad de sus padres a las personas que accedieron a la fase de registro del plan Naturalización de la ley 169-14, sin tener el Estado dominicano potestad de hacerlo.
Este grupo tendrá dificultades de cumplir con los requisitos de un proceso diseñado para ciudadanos extranjeros con documentos y nacionalidad acreditada.
Belique abogó por la inclusión de los dominicanos que no pudieron acceder al Plan de Naturalización, en muchos casos por que la ley no les contemplaba dentro del grupo de beneficiarios a pesar de haber nacido antes del 2010 y en otros porque el bloqueo administrativo por parte de la Junta Central Electoral y del Ministerio de Interior y Policía impide se materialice las precarias opciones que ofrece la ley 169-14, colocando la problemática en un punto muerto.
La discriminación de género en el registro civil, el acoso a comunidades afrodescendientes, las detenciones arbitrarias y el riesgo de expulsión de dominicanos de ascendencia haitiana fueron también puntos tratados un espacio de dialogo entre sociedad civil y estados del continente americano.
“Desatar una crisis de grandes proporciones, invertir miles de horas hombres y cientos de millones de pesos en una auditoria del registro civil para determinar que eran solo 132 las actas con vicios de nulidad es risible”, destacó Belique.
El Estado dominicano no tiene voluntad política de resolver el problema, en vez de acoger la recomendaciones de la Sentencia Yean & Bosico introdujo el elemento de herencia, descalifica al árbitro natural cuando el Tribunal Constitucional intenta desconocer la competencia de la Corte IDH y se queja de un trato diferenciado cuando ha sido tímido en asumir el dialogo y tomar actitudes en consecuencia.
Estado dominicano: “Continuaremos trabajando hasta que cada persona con solicitud pendiente reciba respuesta”
La delegación del Estado dominicano, ausente el pasado año, estuvo a cargo de un nutrido grupo de abogados y diplomáticos encabezado por Pedro Berges, Flavio Dario Espinal y Olivo Rodríguez Huertas.
La representación oficial negó que la ley 169-14 sea discriminatoria, más bien “abrió vía de regularización de estatus a miles de personas”. Exhortó a que el debate no quede en manos de sectores polarizados.
Nueva vez, el Estado dominicano situó la problemática de la apatridía desde una perspectiva migratoria, ofreciendo detalles del Plan Nacional de Regularización, del programa de deportaciones, también dieron informaciones del número de personas inscritas en la primera fase del Plan de Naturalización, aunque aclararon a los comisionados se trata de tópicos distintos.