SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Fiscalía de la Provincia Santo Domingo, que tiene bajo su responsabilidad un amplio territorio (1,296.35 kilómetros cuadrados) que abarca Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Boca Chica, Pedro Brand y La Victoria, entre otros municipios, y debe atender una población de más de 2 millones de habitantes.

Atiende cada año un promedio cercano a las 2 mil querellas y registra más de 500 sentencias condenatorias, pero no cuenta con los recursos suficientes, ni económicos ni de personal, lo que dificulta su labor, según explicó el magistrado Perfecto Acosta, fiscal de la provincia Santo Domingo.

Un ejemplo que ilustra la situación de esta importante demarcación del Ministerio Público es que el edificio que alberga a la Fiscalía de la provincia Santo Domingo y a sus cámara judiciales no fue originalmente diseñado para esas labores, y no cuenta con salones lo suficientemente amplios ni acogedores, obligando a fiscales y jueces a trabajar en un ambiente precario e incómodo, según explica el magistrado Acosta.

En una entrevista exclusiva concedida a Acento.com.do, el magistrado Acosta dijo que existe un proyecto para construir un adecuado Palacio de Justicia en la provincia Santo Domingo, y que la Oficina Supervisora de Obras del Estado ya hizo el estudio de suelo para levantar un edificio con capacidad para alojar todas las dependencias del Ministerio Público y el Poder Judicial, con un local adecuado para guardar y proteger los cuerpos del delito y los bienes incautados a ciudadanos en procesos judiciales.

Por lo extensa y poblada que es esta demarcación y por la cantidad de casos que recibe, el Ministerio Público necesita más recursos humanos, equipos y transportación, tal como explica el magistrado Perfecto Acosta.

LAR: Esta provincia es la más grande del país ¿Cuáles son las estadísticas más recientes sobre la delincuencia en este territorio?

En el año pasado se produjeron aquí 500 sentencias condenatorias. De esas sentencias condenatorias te puedo decir que 46 fueron aproximadamente a 30 años,  alrededor de cien fueron a 20 años y las restantes entre 15, 10 y 8 años. La mayoría de las condenas era de casos de drogas; a esto le siguen los homicidios y los robos, tanto los agravados como los de la calle.  En lo que va de este año, en enero hubo 42 homicidios, en febrero más o menos 50 y en el último mes registrado hasta ahora, que es marzo, hay 42. Lo que significa que el promedio de homicidios ha sido similar. En un mes llegamos a tener hasta 75 muertos, cifra donde se ha registrado el número más alto. Siempre se reportan más heridos que muertos. En el caso de los heridos ha tenido mucho que ver el uso de las armas de fuego, por lo que debe haber un desarme de la población, porque hay muchas personas que usan armas indiscriminadamente, hasta por situaciones sencillas.

LAR: Actualmente ¿Cuáles son las necesidades de esa jurisdicción del Ministerio Público en términos de recursos humanos, oficinas y vehículos?

PA: Sí, realmente la Fiscalía se desenvuelve en un ambiente precario y de estrechez. Muchas personas hasta dicen que es un ‘estado de hacinamiento’. Muy cerca todos los espacios y con muchas limitaciones. Generalmente siempre se necesitan más recursos humanos, se necesitan más fiscales, más personal de apoyo, los vehículos más o menos hacen el trabajo, pero siempre hacen falta más cosas.

LAR: ¿Hay la posibilidad de que se construya un nuevo edificio?

PA: Hay una promesa por parte de la Oficina Supervisora de Obras del Estado de que se va a construir el Palacio de Justicia. Ya se comenzó a hacer un estudio de suelo en algunos terrenos. Esperamos que continúe la voluntad de que se construya, porque es una necesidad, porque de esa manera muchos departamentos podrían estar aquí, incluso los de cuerpos del delito y de los bienes incautados, así podrían conservarse mejor.

LAR: ¿Cuáles son los casos de mayor incidencia de la provincia?

PA: Casos de drogas, que constituyen el 38.6% de las condenas conseguidas, le siguen los homicidios, con un 17.7%, los robos agravados y en las calles, con un 17%, los golpes y heridas y los casos de falsificación.

LAR ¿Entiende Usted que la ley 72-02 sobre Lavado de Activos debe ser modificada? ¿Por qué?

PA: Generalmente no hay leyes perfectas, esa ley ya tiene un tiempo y puede ser pasible de una modificación claro que sí.

LAR: ¿Cree que de los recursos confiscados a narcotraficantes el Ministerio Público debe recibir más, como plantea el Procurador?

Yo estoy de acuerdo con el Procurador General (Radhamés Jiménez), porque que el Ministerio Público también hace su trabajo en la persecución, y el Procurador lo que quiere es que la mayoría de estos recursos se inviertan en el proceso de reconstrucción y remodelación de las cárceles. A esos fondos se les va a dar un uso adecuado. Yo entiendo que se necesitan más recursos para seguir trabajando con el sistema carcelario. Ahora el nivel de reincidencia es apenas un 2 ó 3%, y antes el que salía de la cárcel era a matar de nuevo, de una vez. Ustedes vieron lo que pasó en Higüey, donde murieron más de 100 reos. Ahí, en La Victoria (Penitenciaría Nacional) nosotros a cada rato tenemos que estar con una incertidumbre, cuando vienen los fenómenos naturales. Que si se van a ahogar (los reclusos)..Que si el agua se metió..

LAR: ¿Está Usted de acuerdo con el uso de los bienes incautados sin que haya una condena definitiva, para evitar su deterioro?

PA: Entiendo que se deben utilizar los que son perecederos, pero que se conserven, no porque sean perecederos se vayan a destruir o se desaparezcan, porque siempre hay que hacer la devolución, y al momento de devolverlos el bien tiene que estar ahí, sea perecedero o no. Lo único que en el sistema hay que buscar mecanismos de control, porque hay bienes que son perecederos, entonces hay problemas con ellos. Si por ejemplo es una casa y se deja sola, le roban las persianas, se mete otra clase de delincuentes, la invaden y después para sacarlos ahí es difícil. Hay muchos carros que se incautan, pasan un año o dos y se encuentran prácticamente destruidos; entonces esa es una situación es muy compleja.

LAR: ¿Apeló la sentencia que descarga a un primer teniente y a un mayor de la Policía que mataron a tres jóvenes después de apresados en la avenida Charles de Gaulle?

PA: Nosotros apelamos esa sentencia. Generalmente con las sentencias en las que nosotros no estamos de acuerdo, recurrimos a la vía de los recursos, en esta ocasión de la apelación. El caso está en proceso y a la espera de que la Corte de Apelación fije audiencia para conocerlo.

LAR: ¿Y qué ha sido del caso de un colombiano y cuatro dominicanos que fueron descargados de responsabilidad en relación con 97 kilos de cocaína?

PA: Esa sentencia nosotros la apelamos inmediatamente, estamos esperando la resolución de la Corte para entonces continuar con el proceso, porque esa fue una sentencia que salió recientemente con la que tampoco estuvimos de acuerdo.