SANTO DOMINGO, República Dominicana.-En la solicitud de medida de coerción contra los cinco ex funcionarios de la ARS-SEMMA, la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) solicitó el pago de dos millones de pesos como fianza, además de impedimento de salida del país y presentación periódica.

El Séptimo Juzgado de la Instrucción será el tribunal que conocerá el expediente contra Fernando A. Conde Modesto, ex director médico; Marcelino Rijo Guzmán, ex  director administrativo y financiero; Eddy Leonardo Terrero Fermín, encargado del departamento de auditoría; Luis Sánchez Paredes, encargado del departamento de tesorería; y Bélgica Díaz Moreno, encargada de la dirección de educación.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, los imputados deberán presentarse los días 15 de cada mes por ante la DPCA, por estar acusados de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores.

“Según el informe de auditoría preliminar, practicada por la Cámara de Cuentas que abarca el período comprendido entre el primero de enero del 2006 y el 31 de diciembre del 2009, se resaltan desembolsos por el orden de los 200 millones de pesos con cheques de carpeta, sin tomar en cuenta los más sanos criterios administrativos”, explica el expediente.

En la acusación indica que en la entidad se legalizaban firmas de contratos sin la aprobación del Consejo, así como también se hacían las contrataciones de obras por montos millonarios que vulneraban las disposiciones legales

Para demostrar la acusación, la DPCA cuenta con seis testigos quienes declararon las diversas debilidades administrativas que se registraron en la ARS-SEMMA, varias comunicaciones y oficios, un informe de auditores independientes Segura, Mercedes y Asociados, un CD, entre otros mecanismos probatorios.

“Igualmente el informe refiere el informe que las perdidas operacionales acumuladas en los años 2008 y 2009, alcanza la suma de 544 millones 211 mil 304 pesos, es decir, un pasivo generado por las autoridades de turno que provocó graves trastornos a la institución”, según el DPCA.

En la acusación indica que en la entidad se legalizaban firmas de contratos sin la aprobación del Consejo, así como también se hacían las contrataciones de obras por montos millonarios que vulneraban las disposiciones legales.

Asimismo, se realizaban compras de vehículos y equipos médicos sin la aprobación del Consejo de Directores y en violación a la Ley de Compras y Contrataciones.

Este lunes el Séptimo Juzgado de la Instrucción fijará la fecha en que conocerá la solicitud de medida de coerción contra los ex funcionarios.

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