SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Juan Candy cuenta fue testigo y casi victima de deportación el pasado viernes 06 de febrero.
Explica que durante una visita a su natal Barahona, Candy, se vio involucrado en un incidente con un oficial perteneciente al servicio de Inteligencia del Ejército (G2), conocido como el comandante Chino, quien supuestamente encabezaba un operativo en las proximidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en el que detenían a las personas procedentes de Haití, sin considerar el estatus migratorio de los aprehendidos.
Ese viernes, según su relato, el comandante Chino y otros oficiales detuvieron a un compañero de la universidad, el cual posee permiso de estadía en el país, aunque admite que en ese momento su compañero no poseía otra identificación más que su carnet universitario.
Al ir en su defensa para tratar de explicar que su colega tiene documentos vigentes que le permiten estudiar, fue detenido también.
“’Súbete tu también'. Le dije que soy dominicano y me dijo: 'no, tú eres haitiano', a lo que le dijo que tiene órdenes de recoger a los haitianos”, narra a Acento.
Roudy Joseph, quien pertenece al Centro de Solidaridad reseña que lo ocurrido en Barahona y Pedernales, que describe como repatriaciones masivas ilegales, puede estar relacionado a los hechos de hace algunas semanas en el paso fronterizo Anse a Pitres, escenario de intensas protestas de ciudadanos haitianos que demandaban la liberación de tres pescadores detenidos en territorio dominicano, y que obligó a al personal del consulado dominicano a refugiarse en las oficinas de la sede diplomática.
El plazo de aplicación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, pautado para vencer en el mes de junio del presente año. El artículo tres del decreto 327-13 otorga un plazo de 18 meses para hacer la solicitud de regularizar su estatus.
Asimismo, el artículo 37 prohíbe la deportación durante la ejecución del plan, las autoridades se abstendrán de adoptar las medidas previstas en los artículos 121 y siguientes de la Ley General de Migración, respecto de los extranjeros en situación migratoria irregular que se encuentren radicados en el territorio de la RD que se hayan acogido al mismo.
El pasado 15 de enero, Manuel de Jesús Báez, abogado-Casa del Caribe, denunció que en varios sectores de Barahona, agentes del Ejército Nacional y de la General de Migración están encañonando, deteniendo y obligando a inmigrantes a subir a los vehículos, un camión y una camioneta, conducido por militares, para luego ser tirados a su suerte en la frontera con Haití.
El abogado denunció que los detenidos son lanzados por lugares de la frontera sin registrar las deportaciones, los nombres de los mismos, ni respetar las condiciones de higiene, integridad física, ni edades, ni sexos, corriendo los inmigrantes y los dominicanos de ascendencia haitiana el riesgo de la pérdida de la integridad física y su seguridad personal.
Joseph secunda lo denunciado por De Jesús Báez en enero, al exponer que cuando las personas intentan defenderse, señalando que se encuentran dentro del proceso de regularización, son agredidas físicamente.
“Es una situación muy lamentable lo que está ocurriendo en esas comunidades”, asegura Joseph.