SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Las organizaciones que integran la coalición Dominicanos por Derecho declaró que, por su pobre resultado hasta, la Ley 169-14 han sido un fracaso.
Advirtió que el problema de registro y reconocimiento civil de los dominicanos de ascendencia haitiana no se resuelve con la pretensión de algunos de convertirlo en un asunto migratorio, lo cual es propio de personas que nacen en otro país y cruzan la frontera, pero no de quienes nacieron y desarrollaron en un país.
Sostiene que el proceso de reconocimiento civil previsto para más de 53 mil dominicanos/as de ascendencia extranjera que nunca fueron inscritos en el Registro Civil, ha sido obstaculizado por trabas administrativas y políticas.
Entre las trabas señaló el aumento de un 100% en la tarifa de los servicios de legalizaciones de la Procuraduría, las desorientaciones interesadas y las detenciones arbitrarias a personas que acudían con sus documentos legalizados a las Unidades Operativas de Aplicación de la Ley 169-14.
“Además de trabas burocráticas, los solicitantes tuvieron que enfrentar desinformaciones y confusiones de los operarios en las Unidades de Aplicación de la Ley 69-14, restricciones de horarios y de número de cupos y caída frecuente del sistema informático”, subrayó.
También resaltó la indisposición de varios hospitales públicos a entregar las constancias de nacido vivo, y las restricciones a la libertad de movimiento impuestas por autoridades militares.
“Expresamos nuestra determinación de agotar todas las vías institucionales posibles y recurrir a las instancias nacionales e internacionales necesarias hasta lograr el reconocimiento civil y la inclusión social interna de todos los dominicanos y dominicanas sin distinción del origen extranjero de sus padres”, anunció.
Detalló que los casos más emblemáticos de redadas y represiones se han registrado en Comendador, El Valle y Hondo Valle, incluyendo a niños y adolescentes que se dirigían a la Unidad Operativa de San Juan de la Maguana; y con personas de Jimaní, Paraíso y Tamayo que se encaminaban a la unidad de Barahona.
“Todos estos hechos son pruebas fehacientes de la ausencia de voluntad política de los poderes del Estado en hacer cumplir el compromiso nacional pactado en dicha ley, ignorando el compromiso asumido en este asunto por el propio Presidente Medina”, expuso Dominicanos por Derecho.
Detalló que la falta de coherencia política a la hora de buscar una solución razonable y justa al problema que afecta a los hijos e hijas de haitianos nacidos en República Dominicana se puso de manifiesto no sólo en las trabas señaladas, sino en la permanencia de autoridades opuestas a los propósitos de la Ley 169-14 en funciones de dirección y mando en entidades de la administración pública encargadas de ejecutar y colaborar con la aplicación de la ley.
“Las retenciones y deportaciones de hijos de inmigrantes nacidos en el país, potenciales beneficiarios de los efectos jurídicos establecidos en la Ley 169-14, como ha ocurrido en Santiago, Montecristi, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Barahona, pone de manifiesto que hay un problema general: que todas las personas dominicanas de ascendencia haitiana que cruzan por un chequeo están expuestas a ser de retenidas y deportadas, lo cual viola el derecho al libre tránsito y a residir en el país de nacimiento”, dijo.
Sostuvo que estas prácticas son contraproducentes con los objetivos que procura la ley y echan por la borda las buenas intenciones y los compromisos para resolver el riesgo de apatridia en que se encuentran muchos dominicanos de ascendencia haitiana.
A juicio de la coalición Dominicanos por Derecho, los resultados, expresados en las estadísticas ofrecidas por el Ministerio de Interior y Policía, son una prueba palpable del rotundo fracaso de la puesta en vigor de la ley 169.
Dijo que de un universo de potenciales beneficiarios que supera las 53 mil personas apenas a unas 8,755 se les permitió depositar sus expedientes, sin que hasta la fecha el Ministerio de Interior y Policía les haya otorgado algún documento que les acredite o proporcione información sobre su estatus legal, en violación a lo dispuesto por el decreto 250-14. Afirmó que hasta ahora, de una muestra de 2,650 casos acompañados por organizaciones de la sociedad civil, ninguna ha recibido respuesta.
“No se conoce cuántas solicitudes han sido remitidas por el Ministerio de Interior y Policía a la Junta Central Electoral ni cuál ha sido el destino y la atención que esta institución le ha dado a las mismas”, precisó.
Exhortó al presidente Danilo Medina y al Congreso Nacional que adopten una posición más coherente y eficaz con los propósitos concertados en la Ley 169-14, abogando por su efectiva aplicación libre de estorbos políticos y burocráticos y conminando a cualquier sector de la administración y de los poderes públicos que actúe contra su aplicación.
“Expresamos nuestra determinación de agotar todas las vías institucionales posibles y recurrir a las instancias nacionales e internacionales necesarias hasta lograr el reconocimiento civil y la inclusión social interna de todos los dominicanos y dominicanas sin distinción del origen extranjero de sus padres”, anunció.