SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La organización no gubernamental, Dominican@s Por Derecho declaró este martes que la sentencia del Tribunal Constitucional deja en suspenso la vida de millares de dominicanos de ascendencia extranjera e hizo un “llamado a la conciencia nacional” para hacer frente a la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC), la cual consideró como “arbitraria“.
La institución indicó que República Dominicana se encuentra frente a un drama humano que rebasa los límites de la inmigración, ocasionándoles graves daños morales, sociales y económicos a los afectados.
El llamado fue realizado durante la presentación del Comité Nacional en Solidaridad con los Desnacionalizados, conformado por más de 200 intelectuales, comunicadores, artistas y religiosos del país.
Señaló que el fallo del TC, originado por la solicitud de amparo de amparo de la ciudadana de ascendencia haitiana Juliana Deguis Pierre a dicho tribunal, corresponde a una política de desnacionalización o genocidio civil, con el que se dispuso la revisión del registro civil de cientos de miles de dominicanos de origen foráneo a partir de 1929.
”En síntesis, se declararía extranjeros a personas que podrían tener hasta ocho décadas de nacidas en el país, con raíces sociales y humanas insustituibles”, puntualizó la institución en un comunicado colgado en su portal web.
Indicó además que numerosos expertos en derecho constitucional y prestigiosos juristas han coincidido en calificar la sentencia del TC como violatoria de principios fundamentales del derecho internacional, de la Constitución de la República y el código civil así como de la misma ley orgánica constitutiva de esa corte.
Según explica, el TC reinterpretó las constituciones dominicanas que hasta la del 2010 otorgaban la nacionalidad a todas las personas nacidas en territorio nacional, con la finalidad de excluir a millares de ciudadanos de la nacionalidad dominicana, basándose en la extensión del concepto de “personas en tránsito” de manera indefinida, en contradicción con el Reglamento de Migración 279 del 12 de mayo de 1939, que limitaba la condición de tránsito a diez días.
Asimismo, reiteró que la sentencia pretende una aplicación retroactiva de una norma en perjuicio de miles de personas, violentando el principio universal de irretroactividad de la ley, ratificado en el artículo 110 de la Constitución vigente que reza: “La ley sólo dispone para el porvenir.
“Es obvio que la Constitución del 2010 que nos rige, en su numeral 3, reitera la exclusión de la nacionalidad a los hijos de diplomáticos y personas en tránsito en el país, agregando a quienes “residan ilegalmente en territorio dominicano”, pero su numeral 2 no permite dudas al reconocer la ciudadanía a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
Ejecución del mandato.
Dominican@s por Derecho expresó sus dudas ante la forma en que se ejecutará la revisión impuesta por el Tribunal Constitucional y consideró como “impracticable” el mandato de la corte.
Subrayó la dificultad que plantea identificar a todos los hijos de extranjeros indocumentados que pudieron obtener la nacionalidad desde 1929, debido a que una amplia proporción de los libros de registros están deteriorados o han desaparecido y que miles de esos ciudadanos y ciudadanas han fallecido o han transitado al exterior con documentación dominicana.
“Para ejecutar la masiva exclusión se requerirían muchos años, enormes recursos y sobre todo una gran cacería nacional de personas que afectaría no sólo a los de ascendencia haitiana, sino también cocolos, chinos, árabes, judíos, norteamericanos, españoles, franceses, y de muchas otras nacionalidades”, explicó la institución.
Enfatizó que la práctica sólo serviría para dividir y sembrar odios y resentimientos en contradicción con la esencia misma del pueblo dominicano y que expone a la nación a condenas internacionales.
Finalmente, el grupo solicitó alcanzar una solución a los problemas migratorios en base a la nueva visión concertada por las entidades sociales y políticas, poniendo el acento en limitar los flujos inmigratorios del presente en vez de una absurda persecución del pasado.
“Creemos que la solución está dada en la Constitución actual que reconoce la ciudadanía a todo el que la hubiese obtenido antes de su entrada en vigencia, el 26 de enero del 2010”, sentenció.
Crean Comité de Solidaridad con los desnacionalizados con la TC-168