Santo Domingo.-A ocho años de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que despojó de la nacionalidad dominicana a inmigrantes entre los años 1929 y 2010, y a sus descendientes, la organización Dominicanos por Derecho llamó al presidente Luis Abinader a evitar que la injusticia siga extendiéndose a nuevas generaciones.
Asimismo, instó al Estado a cumplir su mandato de garantizar la nacionalidad a cada uno de los desnacionalizados y responder al compromiso de restaurar la nacionalidad dominicana a las personas no registradas que aplicaron al procedimiento de la Ley 169-14 y que siguen a la espera de ver su ciudadanía acreditada de manera efectiva. La Ley 169-14 promulgada por el presidente Danilo Medina busca corregir el problema creado por la TC-168-13.
La sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana estableció en 2013 que sólo se consideran de nacionalidad dominicana los nacidos en el territorio dominicano de padres dominicanos o de extranjeros residentes legales.
El fallo incluyó de forma retroactiva a los nacidos entre 1929 y 2010, lo que despojó de su nacionalidad dominicana a cientos de miles de personas de ascendencia extranjera, sobre todo haitiana, y creó una situación de apatridia.
"Señor presidente, usted tiene la oportunidad de hacer justicia e historia. La exclusión del registro civil, negación de documentos y de acceso a servicios públicos a personas dominicanas por el origen extranjero de sus padres tiene un impacto más allá de lo identitario: obstaculiza los esfuerzos de superación de miles de dominican@s, condenándoles a la inexistencia jurídica, desprotección del Estado, a una vida de pobreza y/o explotación laboral que se extiende a sus familias y comunidades", expresó Dominicanos por Derecho.
Sostuvo la organización que la sociedad dominicana merece que todas las personas sean tratadas con igualdad y con respeto a sus derechos, como garantiza la Constitución de la República Dominicana.
Dijero que la lucha no caduca y que asisten a un despertar en sus aspiraciones.
Resaltaron que hay miles de jóvenes, padres, madres, adultos con proyectos de vida asombrosos, emprendedores natos, con talento deportivo, potencial creativo, activistas, voluntarios, líderes en sus comunidades y congregaciones religiosas, con hambre de crecer y de que sus aportes a la sociedad sean reconocidos, rompen el silencio y hacen visible sus dificultades de acceso a documentos que acrediten su nacionalidad.
"Sus esfuerzos para gestionar y encontrar solución a sus casos son un hermoso espejo en el que la sociedad dominicana se ve reflejada. ¡Sí, todavía! Todavía, señor presidente, los y las dominicanos desnacionalizados por la TC 168-13 siguen confrontando problemas para acceder a sus documentos y el registro civil de sus hijos", expresaron.
Denunciaron que todavía los desnacionalizados por la TC 168-13 que viven en zonas rurales y en sectores vulnerables de las grandes ciudades son frecuentemente detenidos por la Dirección General de Migración, corriendo el riesgo de ser expulsados erróneamente de su propio país.
Asimismo, acusaron a la JCE de continuar trasladando las actas a los llamados libros de transcripción y sigue con las demandas de nulidad para eliminar el primer registro, una interpretación contraria al espíritu de la Ley que ordena “regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil”.
Todavía, los 7 mil 147 dominicanos desnacionalizad@s que pudieron acogerse al procedimiento de naturalización (beneficiarios del literal B del artículo primero de la ley 169-14) y cuyos expedientes fueron revisados y aprobados por el Ministerio de Interior y Policía (MIP), continúan indocumentados y con riesgo de expulsión de su país de nacimiento.
Explicaron que los decretos presidenciales 262-20 y 297-21, que concedieron la naturalización a 799 personas, han sido ignorados por las instituciones estatales, impidiendo que ni siquiera una persona obtenga la nacionalidad y la documentación de identidad que los acredite como dominicanos, desafiando lo que el Presidente de la República, por las atribuciones legales que le son inherentes, concedió.
Detallaron que la emergencia sanitaria, producto del COVID-19, ha acrecentado los niveles de vulnerabilidad y de exclusión social en los que se encuentran los dominicanos desnacionalizados, quienes no pueden tener acceso a los programas de asistencia social que el Estado otorga.
Argumentaron que esto debido a que el requisito indispensable es una cédula de identidad y electoral, documento que a miles de ellos no se les ha expedido por la lentitud de la aplicación de la ley 169-14.
"A pesar de los obstáculos, por cada acto de discriminación institucional, hay brillantes preseas que se cuelgan en el medallero nacional. Por cada acto de exclusión también hay un dominicano que es hijo del cañaveral quien, por mérito propio, nos llena de orgullo, haciéndonos ondear la bandera", expresaron.
Dominicanos por Derecho aseguró que los logros obtenidos en programas deportivos, de salud y educación dejan claro que cuando hay voluntad política siempre se encuentra un camino justo para solucionar las problemáticas que afectan a los dominicanos.