SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Decenas de personas que integran el Movimiento Reconocido se concentraron este lunes, 12 de agosto, frente al Palacio Nacional de la Presidencia para exigir  que el presidente Danilo Medina rompa el silencio sobre el problema de los ciudadanos que han sido despojados de sus documentos, y que se pronuncie sobre el caso el próximo viernes, 16 de agosto.

Los manifestantes señalan que el gobernante atendió los reclamos de la sociedad sobre el  4%  del PIB para Educación, la protección e Loma Miranda, la renegociación del contrato con la Barrick Gold y la estafa al Estado en Bahía de las Águilas, pero que aún no ha dado respuesta a miles de dominicanos/as de ascendencia haitiana que reclaman el cese de la violación de sus derechos humanos y civiles.

Algunos vestidos de blanco y encadenados explicaron que hace 7 años la Junta Central Electoral busca despojarlos de su nacionalidad al suspender la emisión de sus copias de actas de nacimiento.

Dijeron que para llevar a cabo esa violación de derecho los funcionarios de la JCE se escudan en la Resolución-12 (R12), la cual calificaron de ilegal y discriminatoria, ya que sólo se les impone a los hijos/as de padres haitianos y no así a los/as descendientes de españoles, franceses, italianos o chinos en el país.

“Frente a la casa de Gobierno, hoy exigimos que el presidente,  este 16 de agosto, se pronuncie en torno a la problemática por la que atraviesan los/as dominicanos/as de ascendencia haitiana, ya que dicha medida troncha nuestro futuro y el de nuestros hijos”, dijo el vocero del movimiento.

Cuentan los afectados que desde el 2007 han venido protestando a través de material educativo que contiene datos estadísticos, legales y consecuencias emocionales; han realizado marchas, han tenido reuniones con comisiones de la Cámara de Diputados, han ganando sentencias de los tribunales que han sido desacatadas por la Junta Central Electoral y llevar el caso  a instancias internacionales que defienden los derechos humanos.

“Todo esto sin tener, hasta el momento, una respuesta o solución de parte del Estado”, precisaron.

En otro orden, restaron valor al  informe dado a conocer por la Comisión de la Cámara de Diputados que investigó el conflicto a lo interno de la Junta Central Electoral, por entender que no revela  faltas graves en las que ha incurrido la Institución en torno a los dominicanos/as de ascendencia haitiana.

Indicaron que la investigación fue incorrecta, ya que no se trata de un asunto de "hijos de extranjeros no residentes en la República Dominicana" sino “de la suspensión de duplicados de actas de nacimiento y documentos de identidad a dominicanos/as de origen haitiano”, documentos que fueron registrados e instrumentados conforme a las normas vigentes en el país.

Explicaron que la Comisión de Diputados no tomó en cuenta la opinión de la sociedad civil en el proceso de investigación, a pesar de que las organizaciones  solicitaron su inclusión  con antelación.

Asimismo, señalaron que el informe limita el problema a un universo de 22 mil afectados/as, y recomienda que la solución a este problema  es dar respuesta a ése número de personas, cuando en realidad se trata de algo más profundo.

Asimismo, destacaron que les preocupa la rapidez con que fue aprobado el informe en la Cámara de Diputados, cuando existía una petición de una legisladora para estudiarlo y discutirlo detalladamente en un próximo encuentro.

Expresaron que viven en constante incertidumbre por la amenaza y riesgo de deportación a que están expuestos ya que se han producido casos de detención ilegal de miembros  del movimiento Reconocido  y otros afectados/as por la R 12 por parte de la Dirección General de Migración y la Policía Nacional

Denunciaron que los agentes al servicio de Migración actúan guiados por criterios fenotípicos, según los cuales  “parecer haitiano” es motivo para detención y posible deportación. Calificaron de racista este proceder.