Washington (EFE).- El escritor de origen dominicano y premio Pulitzer Junot Díaz se sumó este miércoles a un grupo de activistas pro-derechos humanos para pedir al Congreso de EE.UU. una resolución de condena por los "abusos" contra los dominicanos de origen haitiano con riesgo de convertirse en apátridas.
Díaz y la escritora haitiana Edwidge Danticat participaron en una ronda de reuniones con congresistas y senadores para presionar por medidas que presionen al Gobierno dominicano para que dé marcha atrás con sus medidas de regularización que ponen a cientos de miles de haitianos nacidos en la República Dominicana en riesgo de convertirse en apátridas.
Ambos se sumaron al movimiento de Derechos Humanos para Todos en la República Dominicana y Amnistía Internacional para condenar la Ley de Naturalización de 2014 que, en su opinión, "solo aumenta la discriminación contra ciudadanos dominicanos de descendencia haitiana".
Solicitaron que aumenten la presión para que el secretario de Estado, John Kerry, investigue la implementación de la Ley de Naturalización y se entreviste en audiencia a personas en riesgo de expulsión
Los participantes, que se reunieron con varios congresistas y senadores, pidieron que la Cámara de Representantes reintroduzca una resolución "condenando expresamente los abusos de derechos humanos" en la República Dominicana que se llevaron a cabo en 2013.
Asimismo, solicitaron que aumenten la presión para que el secretario de Estado, John Kerry, investigue la implementación de la Ley de Naturalización y se entreviste en audiencia a personas en riesgo de expulsión.
En 2013, el Tribunal Constitucional dominicano endureció retroactivamente los parámetros para adquirir la nacionalidad, poniendo en riesgo de expulsión a decenas de miles de inmigrantes y descendientes de haitianos.
El Plan de Regularización para Extranjeros indocumentados, cuyo plazo concluyó el pasado 17 de junio, se puso en marcha junto a la Ley de Naturalización para regular el fallo del Tribunal Constitucional, pero la dificultad para probar las condiciones requeridas y denuncias de abuso policial sigue abocando a miles de indocumentados a la deportación.
"Como primer socio comercial de la República Dominicana, Estados Unidos tiene la obligación moral de asegurarse que los principios de derechos humanos son promovidos para proteger a los vulnerables", señalaron los demandantes. EFE